Una adopción dudosa, un incendio fatal y una desaparición: los detalles del caso Minetti que sacude a Italia y salpica a Uruguay

MONTEVIDEO.– La concesión de un indulto presidencial a Nicole Minetti en Italia, lejos de cerrar un capítulo judicial, abrió una compleja trama internacional que ahora involucra directamente a Uruguay. Lo que comenzó como una medida de gracia otorgada por motivos humanitarios –el cuidado de un menor enfermo– derivó en una investigación que pone bajo la lupa tanto el proceso de adopción del niño como la veracidad de los argumentos presentados para obtener el perdón estatal.

Minetti, exfigura televisiva y exconsejera regional en Lombardía, había sido condenada a casi cuatro años de prisión por su rol en los escándalos vinculados al exprimer ministro Silvio Berlusconi, particularmente por inducción a la prostitución en el llamado “caso Ruby” y por malversación de fondos. Su indulto, firmado en febrero de 2026 y anunciado públicamente el 11 de abril por el presidente italiano Sergio Mattarella, se justificó en la necesidad de asistir a un menor gravemente enfermo a su cargo.

Sin embargo, una investigación periodística del diario Il Fatto Quotidiano puso en duda ese fundamento. Según el reporte, el niño en cuestión –adoptado en Uruguay junto a su pareja, el empresario multimillonario Giuseppe Cipriani– no habría sido abandonado al nacer, como se indicó en la solicitud de clemencia, sino que tenía padres biológicos identificados. Este punto resulta clave: si se comprueba que hubo falsedad en los argumentos presentados, el indulto podría haberse basado en información engañosa.

El caso adquiere una dimensión especialmente delicada en Uruguay, donde reside la pareja. De acuerdo con documentos judiciales de Maldonado, el niño ingresó en 2018 al sistema del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) como último recurso, debido a la situación de vulnerabilidad de su madre —en condición de indigencia— y al encarcelamiento de su padre.

La Justicia uruguaya había ordenado inicialmente promover el vínculo entre madre e hijo, en línea con el principio de reunificación familiar. Sin embargo, Minetti y Cipriani avanzaron posteriormente con un proceso de adopción que incluyó una demanda para la pérdida de la patria potestad de los padres biológicos.

Según nuevos documentos revelados en Italia, el proceso tuvo un recorrido formal que refuerza la complejidad del caso: la adopción fue certificada por un juzgado de Maldonado en febrero de 2023 y posteriormente reconocida en Italia por el Juzgado de Menores de Venecia el 19 de julio de 2024. En esa resolución italiana se dio por válida la premisa de que el menor había sido “abandonado desde su nacimiento” y que existía una “separación permanente” de sus padres biológicos, quienes habrían sido privados de la patria potestad.

Ese contraste entre lo declarado en Italia y los documentos uruguayos es uno de los ejes centrales de la investigación. A su vez, informes periodísticos en Montevideo citan fuentes cercanas al INAU que califican la adopción como “altamente irregular”, al tiempo que señalan posibles vínculos entre la pareja y la institución, incluyendo donaciones y actividades con menores en Maldonado.

Otro elemento que genera dudas es que, según la investigación, el menor habría sido trasladado a Estados Unidos en 2021 para una intervención médica sin contar con la autorización legal correspondiente para salir del país.

El caso se vuelve aún más complejo por una serie de episodios paralelos que refuerzan las sospechas y elevan el impacto público.

Por un lado, la madre biológica del niño, María de los Ángeles González Colinet, se encuentra desaparecida desde febrero. El Ministerio del Interior uruguayo emitió un pedido nacional de localización el 14 de abril, pocos días después de que estallara el escándalo en la prensa italiana.

Por otro, la abogada que representaba a la familia biológica, Mercedes Nieto, murió en junio de 2024 junto a su esposo, Mario Cabrera, en un incendio en su vivienda en Garzón (Maldonado). Aunque una primera pericia atribuyó el hecho a un accidente doméstico, un informe privado detectó signos de violencia en los cuerpos. Una tercera pericia oficial volvió a inclinarse por la hipótesis accidental, pero la Fiscalía de Homicidios de Maldonado, a cargo de Sebastián Robles, decidió mantener la causa abierta como un posible doble homicidio.

En paralelo, la Justicia italiana intenta determinar si existe alguna conexión entre estos hechos y el proceso de adopción, en un contexto donde también se investiga si la madre biológica había iniciado gestiones para recuperar la tenencia del niño antes de desaparecer.

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso plantea interrogantes de fondo para Uruguay. La solicitud de cooperación internacional implica revisar en detalle los mecanismos de adopción y la trazabilidad de los expedientes, en un país que históricamente ha defendido la solidez de su Estado de derecho.

La posibilidad de que una adopción haya sido utilizada —eventualmente— como instrumento para obtener beneficios judiciales en otro país genera preocupación y debate público. En particular, por el riesgo de que se instale la percepción de que personas con alto poder económico o influencia pueden sortear controles institucionales.

“No es posible que los ricos y famosos puedan hacer lo que quieran aquí, infringiendo todas las normas”, protestó un joven que trabajaba en la cafetería del aeropuerto de Montevideo.

Por su parte, un anciano de origen italiano respondió de inmediato con enojo: “Es una historia terrible y necesitamos aclarar las cosas. No somos una república bananera, somos un país serio”.

En Italia, la polémica escaló rápidamente al plano político. El presidente Mattarella pidió explicaciones urgentes al ministro de Justicia, Carlo Nordio, ante la sospecha de que el indulto pudo haberse basado en información falsa. La oposición, encabezada por el Partido Demócrata, exigió su renuncia.

La Fiscalía de Milán ya inició una investigación para determinar si hubo “presuntas falsedades” en la solicitud de clemencia. El foco está puesto en establecer si el menor fue utilizado como argumento central para justificar el perdón presidencial en base a una situación que no reflejaba completamente la realidad.

La primera ministra Giorgia Meloni defendió la actuación de su gobierno y respaldó a Nordio, asegurando que el procedimiento seguido no difirió de otros casos de indulto.

Minetti, por su parte, negó todas las acusaciones. A través de sus abogados, sostuvo que el proceso de adopción se realizó “en pleno cumplimiento de la ley” y denunció la difusión de información falsa que, según afirma, vulnera la privacidad del menor.

Agencia ANSA y diario El País Uruguay/GDA