El concurso de las empresas Petersen en España desmintió que le haya vendido el juicio a Burford y confirmó que va al Ciadi por YPF

El español Armando Betancor, el administrador concursal de las empresas Petersen —los vehículos societarios constituidos en España por la familia Eskenazi para controlar su participación en YPF— se pronunció esta semana con un comunicado desde Madrid y aclaró un dato que los tribunales estadounidenses dieron por sentado durante años: confirmó que seguirá litigando contra la Argentina ante el Ciadi y criticó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía fueron las firmas que la familia Eskenazi usó para quedarse con el 25% de las acciones de YPF, a partir de 2008. Para financiar esa compra, tomaron un crédito de un pool de bancos europeos que se cancelaba con los dividendos que YPF giraba regularmente. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de la compañía en 2012 y la nueva conducción suspendió el giro de dividendos, las empresas Petersen quedaron sin la fuente de repago y quebraron. Ese es el origen del litigio: los bancos acreedores, con casi US$2000 millones prestados y garantizados con las propias acciones de YPF, nunca cobraron.

Durante más de una década, la narrativa dominante fue que las empresas Petersen le habían vendido sus derechos litigiosos contra el Estado argentino al fondo Burford Capital por €15 millones —una cifra que el propio fallo del Segundo Circuito reprodujo—. Betancor rechazó esa caracterización. Lo que existe, aclaró, es un acuerdo de financiamiento: Burford se hace cargo de todos los costos del litigio a cambio del 70% de cualquier recupero, pero las empresas Petersen son y han sido siempre las titulares de los derechos.

Los acreedores del concurso —el sindicato de bancos— siguen siendo, por lo tanto, víctimas económicas directas de la Argentina, con una deuda que permanece impaga hasta hoy, según sostuvo Betancor, quién fue designado síndico de las empresas Petersen por la Corte Mercantil 3 de Madrid hace más de 10 años.

El comunicado llega un mes después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fallara a favor de la Argentina, y revirtiera la condena de US$16.100 millones más intereses que había dictado en 2023 la jueza Loretta Preska. Burford vio desplomarse sus acciones un 40% en Wall Street.

El caso en Nueva York aún no está cerrado. Los demandantes tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir una revisión ante la totalidad de los magistrados del Segundo Circuito, y luego podrían escalar a la Corte Suprema, pero las chances de revertir el resultado son bajas.

Betancor, de todas formas, cuestionó el fallo: señaló que ningún tribunal contradijo que la Argentina violó los estatutos de YPF al negarse a realizar la oferta pública de compra obligatoria que debía activarse ante una estatización —una obligación que el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof descartó públicamente ante el Senado como una “trampa para osos”—, y advirtió que si los soberanos pueden incumplir compromisos asumidos en los mercados de capitales de Estados Unidos sin que sus tribunales ofrezcan remedio efectivo, los cimientos de la confianza inversora quedan gravemente erosionados.

La intención de llevar el caso al Ciadi —el tribunal de arbitraje del Banco Mundial donde Estados y empresas dirimen conflictos contractuales— tampoco es una novedad absoluta. Fuentes al tanto del proceso señalan que Petersen ya había cursado esa notificación al Estado argentino en 2015. Lo que ocurrió ahora fue, en términos prácticos, un recordatorio protocolar ante la nueva gestión presidencial: una notificación formal dirigida a la Procuración del Tesoro, que confirmó haberla recibido y señaló que ya trabaja en la defensa.

En paralelo, el frente neoyorquino tiene un capítulo abierto. Burford le pidió a la jueza Preska que autorice usar en el arbitraje ante el Ciadi toda la documentación que el Estado argentino aportó durante el discovery del juicio en Nueva York —el proceso de intercambio de pruebas entre las partes, habitual en la justicia estadounidense—. La estrategia apunta a reducir costos: evitar tener que solicitar de nuevo ante el Ciadi lo que ya está en su poder.

La Argentina e YPF se opusieron. En escritos presentados la semana pasada, argumentaron que el acuerdo homologado por Preska hace seis años estipula que esa información puede utilizarse únicamente en el caso neoyorquino, y que el pedido es además prematuro porque Burford todavía no presentó formalmente una solicitud de arbitraje. La decisión queda en manos de Preska.

El proceso ante el Ciadi, si arranca, no será ni rápido ni público. El tratado bilateral de inversiones entre Argentina y España —firmado en 1991, sin fecha de vencimiento ni plazo de prescripción— establece seis meses de negociación antes de que el arbitraje pueda iniciarse. Una vez en marcha, el proceso demora en promedio entre dos años y medio y tres años hasta el laudo, con posibilidad de uno o dos años adicionales si alguna de las partes pide la anulación. Todo ocurrirá bajo estricta confidencialidad.