La Justicia pidió información a EE.UU. para avanzar en la investigación sobre el patrimonio del titular de la ARCA
La investigación judicial sobre el patrimonio del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, dio un nuevo paso. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó enviar exhortos a las autoridades de Estados Unidos para obtener información sobre tres propiedades ubicadas en el estado de Florida. Según distintas sospechas que se originaron de investigaciones periodísticas y judiciales, pertenecerían al funcionario pero no figuran en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La medida del magistrado responde a un pedido formulado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien impulsa una serie de diligencias destinadas a determinar si Vázquez incurrió en delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa de bienes.
El objetivo pasa por establecer quién figura formalmente como propietario de los inmuebles, quién realizó las operaciones de compra y si existen sociedades o estructuras jurídicas utilizadas para ocultar la verdadera titularidad de esos activos. De acuerdo a fuentes libertarias consultadas por PERFIL sobre este tema, no habrá en el corto ni mediano plazo declaraciones al respecto de parte del área que se encarga de la recaudación de impuestos.
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La causa gira alrededor de tres inmuebles ubicados en Florida, cuyo valor conjunto superaría los dos millones de dólares y que habrían sido adquiridos entre 2013 y 2015 mediante sociedades radicadas en el exterior. Dichos departamentos, de acuerdo a la investigación en curso que dio cuenta Hugo Alconada Mon, fueron comprados en los mencionados años por dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.
Lo que llamó la atención en el expediente fue que las dos compañías fueron adquiridas por una sociedad conformada en Islas Vírgenes Británicas, Galanthus Capital Limited. En los registros figuraría Vázquez como beneficiario final y sus hijas como presuntas integrantes de la sociedad.
Los investigadores buscan reconstruir el circuito financiero detrás de esas operaciones para determinar si realmente Vázquez fue el beneficiario final de las compras y si esos bienes debieron ser incorporados a sus declaraciones patrimoniales como funcionario público.
En ese contexto, la PIA sostiene que ya existen elementos suficientes para profundizar la investigación. Incluso avanzar hacia una eventual declaración indagatoria por la presunta omisión deliberada de esos inmuebles en las presentaciones patrimoniales realizadas por el funcionario.
De hecho, Rodríguez no muestra dudas que no declaró ante el fisco su vínculo con las sociedades extranjeras que registran los bienes cuestionados. El cuestionamiento abarca declaraciones de 2012 a 2015 y de 2023 acerca de un funcionario de carrera y que encabeza el organismo a partir de la gestión Javier Milei, desde el 10 de diciembre de 2023.
Y, además, incorporó al expediente a Consultora San Andrés SA, una empresa supuestamente controlada mayoritariamente por Vázquez y su hermana, que no registra empleados y que, según la hipótesis fiscal, podría haber funcionado como “una sociedad pantalla”.
Hay otro foco en el documento: la adquisición de un triplex de 318 metros cuadrados en el complejo Los Molinos Building (Faena Properties), en Puerto Madero. Efectuada en 2018, Vázquez escrituró la propiedad por un valor cercano a los US$ 226.000. La PIA considera esta cifra como un claro indicio de “subvaluación, dado que unidades comparables en ese edificio se ofrecían por más del doble de ese monto”, expuso.
Para terminar de armar el rompecabezas financiero, Martínez de Giorgi pidió levantar el secreto bancario del jefe de ARCA y seguir la ruta del dinero. El magistrado le exigió al Bank of America, al PNC y al Wells Fargo los extractos de las cuentas de toda la familia y de las empresas panameñas, junto con sus registros migratorios. En paralelo, cruzó pedidos de información al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA.
Trabajadores aduaneros denuncian que creció el contrabando
El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara), liderado por Daniel Mallotti, encendió las alarmas con un tema sensible. El gremio que representa a los trabajadores que dependen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habló ayer del “crecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional y el comercio formal en Argentina”,
No solo eso: también aprovechó para criticar las “políticas de ajuste y desregulación” del Gobierno. De este modo, avaló la preocupación pública que hizo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ante este fenómeno que se incrementa. Y reclamó “reforzar los controles fronterizos, para evitar el daño que hace a nuestra industria y las pérdidas fiscales millonarias que provoca el contrabando”.
Por su parte, el dirigente Mallotti coincidió también con los reclamos que vienen realizando los distintos actores de la cadena vinculados al Comercio Exterior.
Desde el sindicato además se ocuparon de marcar “el constante debilitamiento en los controles aduaneros”. “Hoy la Aduana dispone de cada vez de menos recursos y de infraestructura necesaria para fortalecer los controles por las políticas permanente de debilitamiento, desinversión y desregulación”, denunciaron.
Así, recordaron que “el Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, complica aún más la situación, porque pregona ajuste tras ajuste, desregulación tras desregulación y esto va en contra de la industria y la recaudación que tanto necesita el país”.
En este marco, sostuvieron que ante la caída de los salarios más los ajustes permanentes por parte del Gobierno, hacen que la Aduana no pueda contar con tecnología actualizada y adecuada, no pueda retener personal técnico y tenga problemas para atraer y conservar recursos humanos idóneos. “Esto genera que hoy la Aduana se vea debilitada y eso facilita las distintas prácticas delictivas, como el contrabando, como lo han denunciado distintos actores de la cadena del comercio exterior”, indicaron.

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