MADRID.– La tensión diplomática entre Madrid y Roma por la crisis en Ceuta subió un escalón este viernes después de que el gobierno de Pedro Sánchez anunció la entrada en vigor de “controles temporarios” a los viajeros a España procedentes de Italia después de que el gobierno de Giorgia Meloni se negara a levantar una medida similar que impuso tras la llegada masiva de migrantes.
El gobierno español había puesto como plazo el domingo para que Italia levantara los controles, pero el gobierno de Meloni respondió con rapidez que no aceptaría “ultimátums ni imposiciones” por parte de Madrid, y añadió que mantendrá la suspensión de las normas del espacio Schengen para los ciudadanos no comunitarios procedentes de España al menos hasta el 15 de agosto, tal como había establecido el viernes pasado.
Tras la negativa de Italia, el gobierno de Sánchez aceleró la respuesta y anunció que decidió restablecer “de manera temporal” los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de Italia.
En su justificación, España usó un pretexto similar al que empleó el gobierno de Meloni: “Ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.
Los controles estarán operativos a partir de la medianoche de este sábado y consistirán en el control de identidad (a través de pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, de su visa con permiso de residencia, anunció en la noche del viernes.
En su anuncio, el gobierno de Sánchez detalla que las medidas se practicarán “de manera aleatoria” y estarán en vigor “hasta las 0 horas del próximo 7 de septiembre”, pero con una salvedad: “Que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo”.
En un comunicado emitido más temprano, el gobierno español dijo que las medidas de Italia son “injustas, contrarias a los intereses de la Unión Europea, y discriminatorias para la población española”.
La administración de Sánchez indicó que ninguno de los migrantes que llegaron a Ceuta de forma irregular la semana pasada pudo entrar libremente en el espacio Schengen con arreglo a la normativa migratoria del enclave.
Además, prometió adoptar “medidas proporcionadas” contra Italia a menos que Meloni retirara las nuevas restricciones antes del domingo.
Las tensiones empezaron cuando las imágenes de decenas de miles de personas cruzando desde Marruecos al enclave llevaron a Italia a anunciar la suspensión temporal de la libre circulación con España durante un mes.
Roma ordenó reforzar los controles en las fronteras marítimas y aéreas para los viajeros procedentes de territorio español y dispuso verificaciones específicas sobre ciudadanos de terceros países, al argumentar que la medida era necesaria para proteger la seguridad nacional y las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).
La decisión provocó una reacción inmediata de Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano y calificó de “impropio” un mensaje del canciller italiano, Antonio Tajani, en el que vinculaba la crisis con la regularización de inmigrantes impulsada por el gobierno español. Según Albares, España esperaba, de un país que considera “socio y amigo”, “solidaridad europea y no demagogia partidista”.
El canciller español insistió además en que lo ocurrido en Ceuta no guardaba relación con esa regularización, sino con la utilización que las mafias hicieron de una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre la devolución de migrantes interceptados en el mar.
La reacción de Italia
En un comunicado redactado en términos contundentes, la oficina de Meloni rechazó el ultimátum y señaló que las propias autoridades españolas habían advertido de una nueva afluencia de migrantes a Ceuta el 15 de agosto.
Además, afirmó que solo reconsideraría su decisión una vez que tuviera la certeza de que no habría una nueva ola migratoria, de que no existiera ningún riesgo para la seguridad o de terrorismo para Italia y de que no hubiera inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo.
La Guardia Civil española ha declarado que tiene constancia de llamados en Internet para un nuevo intento de cruce de la frontera en Ceuta el 15 de agosto, aunque no está claro cuántas personas podrían participar.
En paralelo, Meloni se expresó al respecto en un mensaje de video difundido en vísperas de la ceremonia de Marcinelle, en donde aseguró que “en Europa no hay espacio para quien fomenta la inmigración ilegal”.
“Para nosotros, el mensaje es claro: quienes explotan a las personas, las esclavizan y alimentan el tráfico criminal no son dignos del modelo social europeo”, insistió la mandataria.
Conflicto y reconciliación en Europa
El enfrentamiento también se trasladó al plano europeo. Junto con Dinamarca y Finlandia, Italia llegó a reclamar la suspensión de España del espacio Schengen, provocando el rechazo de Madrid.
En respuesta, Sánchez denunció una actitud “egoísta” de algunos socios europeos y reclamó una respuesta basada en la solidaridad entre los Estados miembros.
No obstante, el tono del intercambio entre los miembros de la UE cambió tras una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior del bloque.
Al término del encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la gestión española de la crisis y defendió que la protección de las fronteras exteriores constituye una responsabilidad compartida del bloque. Varios gobiernos –entre ellos Dinamarca– elogiaron la rápida respuesta de Madrid, mientras que Francia insistió en que el espacio Schengen “no es el problema, sino la solución”.
Pese a estos gestos de distensión, Italia mantuvo los controles fronterizos, una decisión que llevó ahora al gobierno español a advertir que responderá con medidas recíprocas si Roma no los levanta antes del domingo.
Madrid sostiene que las restricciones carecen de fundamento porque los migrantes llegados a Ceuta no pueden desplazarse libremente al resto del espacio Schengen y considera que la decisión italiana vulnera el principio de libre circulación y discrimina a los ciudadanos españoles.
Los migrantes que siguen en Ceuta
En tanto, la ministra de Juventud española, Sira Rego, informó que esperaba empezar a trasladar a los menores migrantes que siguen en el enclave español a la península dentro de unas semanas.
Rego dijo que hasta el momento se habían registrado 1342 menores y que se traería más personal desde la península para colaborar en esta labor. “Hemos dado prioridad a (…) los niños y las niñas menores de 13 años”, declaró a la prensa durante una visita a Ceuta.
Marruecos, por su parte, está dispuesto a cooperar con España y otros socios europeos en el retorno de los menores no acompañados, según informó el jueves la agencia estatal de noticias MAP.
“Marruecos se ha comprometido, de acuerdo con las instrucciones de la Casa Real transmitidas a los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, a trabajar para identificar a los menores no acompañados con vistas a su retorno a su patria”, dijo la MAP, que refleja las posiciones oficiales, basándose en comentarios de una fuente diplomática.
Agencias AFP, ANSA y Reuters, y diario El País

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