Fentanilo y morfina: imputan a un médico y un enfermero por un consultorio clandestino
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La Justicia Federal imputó a un médico y a un enfermero de la localidad de Wheelwright, en Santa Fe, por el presunto suministro ilegal de estupefacientes y el ejercicio ilegal de la medicina, luego de que un allanamiento en su vivienda revelara el funcionamiento de un supuesto consultorio clandestino donde se encontraron ampollas de fentanilo y morfina, además de numerosos insumos médicos.
La investigación surgió como un desprendimiento de una causa por una presunta defraudación millonaria contra el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). En ese expediente, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, los investigadores detectaron supuestas facturaciones de prácticas médicas que habrían sido cobradas pese a que los afiliados nunca recibieron la atención.
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En ese contexto, la semana pasada se realizaron al menos cinco allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright, en los departamentos de Rosario y General López, respectivamente. Uno de ellos tuvo lugar en la vivienda donde residen los ahora imputados, bajo la sospecha de que allí funcionaba un consultorio sin habilitación.
Durante el procedimiento, agentes de la Policía Federal secuestraron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas, 50 ampollas de clorhidrato de morfina y una gran cantidad de elementos vinculados a prácticas médicas. Entre los objetos hallados había bisturíes, jeringas, medicamentos inyectables, talonarios de recetas, equipos para electrocardiogramas, un desfibrilador, estetoscopios, computadoras y documentación.
Según la fiscalía, durante la inspección se comprobó que en el inmueble funcionaría una instalación médica clandestina y que los estupefacientes encontrados habrían sido «desviados del circuito legal de comercialización».
El origen del fentanilo
La investigación fue formalizada durante una audiencia realizada en el Juzgado Federal de Venado Tuerto ante el juez de garantías Aurelio Cuello Murúa. Allí, el fiscal federal Federico Reynares Solari, junto con la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi, la auxiliar fiscal Rocío Estrada y el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA, Martín Uriona, expusieron las pruebas reunidas hasta el momento.
De acuerdo con la imputación, el médico fue acusado como autor del delito de suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica y con destino ilegítimo, mientras que el enfermero quedó señalado como «partícipe necesario«. Ambos también fueron imputados como coautores del delito de ejercicio ilegal de la medicina.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvieron que ni los imputados ni el lugar allanado contaban con autorización para adquirir o almacenar fentanilo y morfina, sustancias que, en las presentaciones secuestradas, son de uso intrahospitalario exclusivo.
Al exponer sobre la gravedad del caso, Reynares Solari afirmó que el hallazgo evidenció «las afectaciones al bien jurídico y a los intereses públicos» y recordó que la pesquisa se originó en el marco de «una maniobra defraudatoria contra un organismo nacional del ámbito de la seguridad social».
«Lo que hemos encontrado es un punto de partida«, sostuvo el fiscal durante la audiencia. Y agregó: «Nuestra teoría del caso indica que finalmente vamos a obtener certeza de que la morfina y el fentanilo fueron obtenidos en abuso de posiciones para las cuales el Estado había depositado en estas dos personas una confianza particular«.
La fiscalía informó además que se ordenaron medidas para reconstruir la trazabilidad de las ampollas secuestradas, para lo cual se requirió información al Ministerio de Salud de la Nación y a los laboratorios responsables de su producción. Tras escuchar a las partes, el juez Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por un plazo de 90 días.
Una causa por fraude al PAMI
La detención de los acusados se produjo mientras avanzaba una investigación por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a prestaciones médicas facturadas al PAMI. Según la pesquisa, el médico imputado declaró haber atendido a más de 5.000 afiliados de la obra social y realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025. Sin embargo, los investigadores detectaron varias inconsistencias, entre ellas que una gran cantidad de los afiliados registrados residían en otras provincias.
De acuerdo con los datos que figuran en el expediente, la maniobra habría generado una defraudación cercana a los 700 millones de pesos. De ese total, alrededor de 580 millones habrían sido efectivamente abonados por el PAMI.
La investigación se inició a partir de una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI), luego de que varios afiliados desconocieran consultas, electrocardiogramas, estudios y otras prácticas que aparecían registradas a su nombre en el sistema.
Los fiscales buscan determinar ahora si el supuesto consultorio clandestino descubierto en Wheelwright formó parte de esa estructura y cuál fue el origen de los medicamentos e insumos médicos secuestrados durante los allanamientos.
FP/MSS
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