Capital Humano suspendió una cooperativa del movimiento de Grabois: la respuesta
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El Ministerio de Capital Humano dispuso este miércoles la suspensión preventiva de la cooperativa La Azurduy por una serie de presuntas irregularidades detectadas en la organización que opera bajo el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fundada por el dirigente Juan Grabois. Desde la organización calificaron la suspensión como una «burda cortina de humo».
«El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES), dispuso como medida preventiva la suspensión de la operatoria y apertura de sumario a la Cooperativa de Trabajo La Azurduy Ltda», anunció a través de un comunicado la cartera dirigida por Sandra Pettovello.
No obstante, el MTE compartió luego un comunicado con PERFIL en el que aseveró: «La reciente acusación contra la Cooperativa de Trabajo La Azurduy no es más que una burda cortina de humo«.
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En la publicación realizada desde Capital Humano se indicó que la investigación reveló «una desnaturalización de la figura cooperativa (art. 2°, Ley N°20.337), al constatarse que la entidad es utilizada para el beneficio de una serie de personas, algunas de las cuales ni siquiera son asociados, y organizaciones externas».
«Tales prácticas se apartan de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, vulnerando los derechos de los trabajadores y desvirtuando la naturaleza del trabajo asociado», se reprochó, indicando que un selecto grupo de personas habría estado aprovechándose de la cooperativa para obtener algunos beneficios de forma personal.
En el comunicado también se advirtió: «Las autoridades tampoco han brindado la documentación respaldatoria de los pagos realizados por la adquisición de un terreno, lo que implica una obstrucción a la fiscalización, y cuya operación se encuentra fuera de su objeto social».
A la hora de mencionar las irregularidades detectadas en la cooperativa, entre los presuntos delitos y faltas se mencionaron «conflictos de interés y vínculos familiares». «Se detectó que funcionarios del FISU comparten domicilios fiscales con directivos de la cooperativa y sus familiares. Esta red de parentesco se repite en otras entidades vinculadas», se detalló.
«La cooperativa funciona bajo el control operativo de movimientos sociales y gremiales (MTE/UTEP). Comparten sedes físicas, autoridades y correos electrónicos, lo que demuestra que la cooperativa no es autónoma, sino que responde a dichas organizaciones», se indicó alegando una conexión con organizaciones políticas.
En términos de facturación, se indicó que «integrantes de la comisión directiva facturan servicios a la propia cooperativa a través de otras entidades que ellos mismos presiden» y que hay proveedores fantasma y tercerización irregular dado que «personas ajenas a la cooperativa facturan materiales y fletes a través de sociedades que no poseen locales comerciales, depósitos ni vehículos registrados».
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La expresidenta del Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), Fernanda Miño, su cónyuge, Juan Carlos Molina, y un grupo de cinco asociados de la cooperativa (de apellido Molina y el mismo domicilio) figuran entre los principales señalados por la investigación.
El expresidente y actual síndico Sergio Oseira y el tesorero José Antonio Ruíz Díaz, ambos vinculados al MTE y a la UTEP, también se vieron involucrados, así como la exsecretaria Sandra Maestre y Pablo Nicolás Ávalos, un ajeno a la cooperativa y Secretario Administrativo del Bloque Ciudadanos Unidos/UCR de la Legislatura porteña, quien con sus socios y familiares controlaba dos sociedades que le facturaban materiales a la cooperativa.
A raíz de la investigación, las autoridades de las cooperativas proveedoras Athenea Construcciones y San José Obrero de Zelaya también quedaron bajo sumario y suspensión preventiva por obstrucción a la fiscalización y desvirtuación de la figura societaria, mientras que Maiza del Pilar SRL, proveedor de La Azurduy, fue incluido como presunto emisor de facturas apócrifas.
El MTE respondió a la suspensión dispuesta por Capital Humano: «Operaciones berretas»
Ante el comunicado lanzado por el Ministerio de Capital Humano, el MTE —del que el diputado Juan Grabois no participa desde que se fundó Patria Grande— salió a cruzar a la cartera dirigida por Pettovello y aseguraron que «la reciente acusación contra la Cooperativa de Trabajo La Azurduy no es más que una burda cortina de humo«.
«No es casualidad, aparece justo el mismo día en que Adorni tiene que explicar sus escándalos de corrupción en el Congreso y el Gobierno, por orden judicial, debe firmar el pago del programa ‘Volver al Trabajo‘. Dejen de inventar fantasmas para tapar su propia inoperancia y crueldad y, por una vez en su vida, hagan su trabajo», sostuvieron desde la organización social mediante un comunicado enviado a PERFIL.
Desde el movimiento señalaron que las irregularidades planteadas «son tan ridículas que solo demuestran su total ignorancia sobre los barrios populares y su funcionamiento» y procedieron a responder a los diferentes puntos mencionados desde el Gobierno.
«El domicilio, compartido por Fernanda Miño y trabajadores de la cooperativa, no es un domicilio personal, es el domicilio de un comercio ubicado en el ingreso del barrio que vecinos de Villa La Cava utilizan para recibir su correspondencia, ya que se trata de un lugar accesible y visible. Para el Gobierno el problema es que una exfuncionaria pública viva en una villa en vez de en un country como el que viven ellos. No sabe la señora Petovello que en los Barrios Populares las calles no tienen nombre ni altura y muchos son pasillos hasta donde no llega la correspondencia», explicaron.
En el comunicado también se indicó que la cooperativa fue fundada y oficializada en 2019 y ha funcionado de manera ininterrumpida desde aquel momento, por lo que «resulta llamativo que ahora INAES considere ‘irregular’ que los trabajadores de una cooperativa se organicen gremialmente en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular»
«En la Argentina de Milei, parece que defender tus derechos es un delito», aseveraron y amplizaron: «La Azurduy llevó adelante, entre muchos trabajos, obras de integración sociourbana en barrios populares que le mejoraron la vida a los vecinos y que además fueron estrictamente controladas, auditadas, y finalmente certificadas. Si hoy las máquinas están paradas y las obras están abandonadas, es pura y exclusivamente por la decisión política del Gobierno nacional de destruir esta política pública».
Desde la organización apuntaron contra el Ejecutivo y reprocharon que «condenan a millones de personas a seguir viviendo en condiciones indignas y destruyen el trabajo» y que «si el objetivo del Gobierno fuera realmente la transparencia habrían puesto a sus funcionarios a ejecutar las obras con otros actores, pero no, eligieron desfinanciarlas, paralizarlas, y montar un circo mediático para justificarlo».
«Tienen un triple objetivo: robarse toda la guita que puedan, como bien muestra el escándalo de corrupción de Adorni; transferirla a los que más tienen con las políticas de endeudamiento feroz de Caputo y finalmente correr a las organizaciones de los barrios para que avancen sus amigos narcos, los de Puerto Madero, no los perejiles, como está pasando», reclamaron.
El MTE concluyó: «No nos van a amedrentar. Este ataque miserable no hace más que confirmar que estamos en la vereda correcta frente a un proyecto político que planifica la miseria y criminaliza a los que intentamos sobrevivir. Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores de la economía popular y habitantes de los barrios populares».
AS.
LT.
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