Salud mental: ¿a quién le habla el proyecto de reforma de la ley?
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Hace falta discutir la salud mental en serio, no hay duda. Pero mientras afuera del consultorio la vida se pone cada día más cuesta arriba, el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental retrocede y plantea esta problemática como un “estado” de la persona, y no de la persona y su entorno aquí y ahora: el trabajo que no llega, el dinero que no alcanza, el aumento de precios de medicamentos y alimentos, la falta de turnos médicos.
El proyecto tiene otro problema: plantea que las internaciones debe realizarlas un psiquiatra desconociendo así que en Argentina hay menos de 5 mil psiquiatras en todo el país, de los cuales casi el 50% está en Buenos Aires. Hay provincias donde hay dos psiquiatras cada 100.000 habitantes. Dos.
¿Pero qué pasa cuando no hay psiquiatra? En esos casos, el proyecto prevé que podrá determinar la internación cualquier profesional de la medicina. Es decir que un pediatra, un gastroenterólogo o un oftalmólogo podrán autorizar internaciones por razones de salud mental. Una verdadera locura que puede derivar en internaciones arbitrarias e innecesarias.
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Volver a ubicar a la internación como la respuesta central es volver al manicomio. Y el manicomio no es un hospital. Es un lugar donde se cronifica el sufrimiento y se pierde gente. Es una forma de ver a las personas más vulnerables. La Argentina se comprometió hace años a desmantelar ese modelo. Proponer lo contrario en 2026 no es modernizar nada: es retroceder cuarenta años, desconociendo todo lo que aprendimos a fuerza de daño.
Seamos claros: los problemas de salud mental existen y como todos sabemos, van en aumento. Lo sabemos porque nos pasa y les pasa a nuestros seres queridos. Desde la pandemia en adelante, crecieron no sólo los cuadros más graves como las depresiones o los suicidios; también aumentaron las ansiedades, los ataques de pánico, la impulsividad, el insomnio.
Hay provincias donde hay dos psiquiatras cada 100.000 habitantes»
Sin embargo, las políticas de salud no atendieron estos problemas en crecimiento ni definieron respuestas urgentes. Y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, quedaron a la deriva. En un sistema que es viejo, que no los escucha.
El proyecto tampoco ampara a las personas con problemas de consumo. Y ahí hay que parar la pelota. Porque el dolor es real. Cualquiera que tenga un hijo, una hermana, un sobrino con consumo problemático de sustancias sabe lo que es golpear puertas y que no se abra ninguna. Llamar a una guardia y que te digan que no hay cama. Ir a un hospital y que te manden a otro. La desesperación de esperar meses por un turno.
El manicomio no es un hospital; es un lugar donde se cronifica el sufrimiento y se pierde gente»
Pero este proyecto no resuelve eso. No suma camas ni profesionales, no suma dispositivos intermedios ni acompañamiento para las familias.
Cuando hablamos de salud mental hablamos de salud, de un sistema que viene recibiendo un golpe tras otro, que cada vez está más debilitado y desfinanciado: un programa “Remediar” que ya no asegura una canasta de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención de todo el país; un calendario de vacunación que no se difunde ni se exige, con el consecuente aumento de enfermedades como el sarampión o la tos convulsa que ya no eran un problema para nuestro país; bonos, copagos y remedios que aumentan todos los meses sin control. Todo eso también es parte de la salud mental.
Esta reforma no es una solución. Es apenas un intento de emparchar problemas mal definidos ante los que nadie responde. Y mientras tanto, los que están pidiendo ayuda siguen esperando. Entonces, ¿a quién le habla realmente este proyecto de ley?
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