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Un cami\u00f3n que baja de la ruta nacional 9 rumbo al parque industrial de Ramallo<\/strong> o al puerto de San Nicol\u00e1s tiene un solo camino posible. Es el Acceso S\u00e1nchez \u2014ex ruta provincial 87\u2014, un tramo de 5,1 kil\u00f3metros sin v\u00edas alternativas para el tr\u00e1nsito pesado. Desde septiembre, recorrerlo puede costar hasta $62.000.<\/strong><\/p>\n El cobro lo dispuso el municipio que conduce el intendente kirchnerista Mauro Poletti<\/strong>, referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio pol\u00edtico que cre\u00f3 el gobernador bonaerense, Axel Kicillof<\/strong>. A trav\u00e9s de la licitaci\u00f3n p\u00fablica N\u00b03\/25, la comuna concesion\u00f3 e instal\u00f3 p\u00f3rticos tecnol\u00f3gicos que cobran hasta $37.000 por pesaje din\u00e1mico.<\/strong> A ese monto se suman $25.000 si el veh\u00edculo ingresa a predios de la zona. Las entidades empresarias lo califican como un \u201cpeaje municipal encubierto\u201d y una \u201caduana interior\u201d.<\/strong><\/p>\n Ahora, el municipio sum\u00f3 un nuevo requisito. Por medio de una ordenanza del 19 de octubre cre\u00f3 el Sistema Integral de Gesti\u00f3n del Tr\u00e1nsito Pesado (Sigtp), que obliga a los transportistas a registrarse y tramitar autorizaciones para operar dentro del distrito.<\/strong> La Uni\u00f3n Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y la Asociaci\u00f3n de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba) expresaron su \u201cprofundo rechazo\u201d a la medida.<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan las entidades, el Sigtp recrea a nivel local obligaciones similares a las del Registro \u00danico del Transporte Automotor (RUTA), un r\u00e9gimen que el Gobierno elimin\u00f3 en 2024 en el marco de la desregulaci\u00f3n del transporte de cargas.<\/strong> El incumplimiento puede derivar en multas, restricciones a la circulaci\u00f3n y retenci\u00f3n de veh\u00edculos. Adem\u00e1s, la ordenanza establece la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga ante eventuales incumplimientos de los transportistas, lo que, advirtieron las c\u00e1maras, podr\u00eda significar el cierre de las f\u00e1bricas que los contratan.<\/strong><\/p>\n Las industriales estiman que el peaje impacta sobre m\u00e1s de 100 empresas<\/strong> y que el costo anual podr\u00eda llegar a $500 millones por compa\u00f1\u00eda<\/strong>. El sistema fue concesionado a una empresa privada que recibir\u00eda el 50% de lo recaudado y que ya instal\u00f3 un p\u00f3rtico a modo de telepeaje. De acuerdo con Uipba y Adiba, el municipio intima en estos d\u00edas a los transportistas \u2014por WhatsApp y otros medios\u2014 para que soliciten el TAG y se registren en el sistema.<\/p>\n La C\u00e1mara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ya hab\u00eda denunciado el esquema en septiembre. \u201cSu valor es desmedido y no guarda ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n con los costos de conservaci\u00f3n del tramo vial<\/strong>, generando un costo por kil\u00f3metro desproporcionado que supera ampliamente las tarifas de los principales corredores viales y puentes interjurisdiccionales del pa\u00eds\u201d, se\u00f1al\u00f3 entonces la entidad.<\/p>\n La CAC respald\u00f3 las acciones administrativas y judiciales que lleva adelante la Federaci\u00f3n Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda y de las autoridades bonaerenses para \u201cdisponer la inmediata suspensi\u00f3n de este peaje irregular<\/strong>\u201d. Tambi\u00e9n traz\u00f3 un paralelismo con Misiones, cuyos reg\u00edmenes de recaudaci\u00f3n sobre las cargas que atraviesan la provincia consider\u00f3 \u201caut\u00e9nticas aduanas interiores\u201d.<\/p>\n En el Palacio de Hacienda, sin embargo, se desligaron del tema. <\/mark>\u201cLa Subsecretar\u00eda de Transporte Automotor consider\u00f3 que el planteo versa sobre una materia ajena a la competencia nacional, dado que se refiere a un camino transferido a la \u00f3rbita municipal, y sugiri\u00f3 dar intervenci\u00f3n a las autoridades competentes de la Provincia de Buenos Aires<\/strong>\u201d, respondieron ante la consulta de LA NACION<\/strong>.<\/p>\n Para Uipba y Adiba, el riesgo excede a Ramallo. Las entidades advirtieron que, si este tipo de iniciativas se replicara en otros municipios, podr\u00eda formarse \u201cuna red de barreras superpuestas a lo largo de todo el pa\u00eds\u201d<\/strong>, con m\u00faltiples costos para transportar una misma carga. \u201cEn un pa\u00eds que necesita integrarse al mundo y reducir costos log\u00edsticos para competir, municipios que crean aduanas internas generan una nueva capa del denominado \u2018costo argentino\u2019\u201d, concluyeron.<\/p>\n<\/div>\nEl reclamo ante Econom\u00eda<\/span><\/h2>\n<\/p>\n