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Durante a\u00f1os, la factura de luz en buena parte del pa\u00eds estuvo atada a leyes de emergencia que congelaron las tarifas o las actualizaron muy por debajo de la inflaci\u00f3n<\/strong>. Con ingresos que no alcanzaban a cubrir sus costos, las distribuidoras el\u00e9ctricas encontraron una v\u00eda de financiamiento informal. Cobraban la electricidad a los usuarios, pero no le transfer\u00edan todo lo que correspond\u00eda a Cammesa<\/strong>, la empresa con control estatal encargada del despacho de energ\u00eda el\u00e9ctrica. As\u00ed se fue acumulando una deuda que hoy rondar\u00eda los US$700 millones<\/strong>, seg\u00fan estimaciones oficiales.<\/p>\n Ese cap\u00edtulo podr\u00eda empezar a cerrarse. El Gobierno promulg\u00f3 hoy en el Bolet\u00edn Oficial la ley 27.828, conocida como \u201cley de zonas fr\u00edas\u201d<\/strong>. Adem\u00e1s de redefinir el r\u00e9gimen de subsidios al gas natural, la norma incluye un cap\u00edtulo titulado \u201cAutosuficiencia econ\u00f3mico-financiera del Mercado El\u00e9ctrico Mayorista (MEM)\u201d, que habilita una suerte de <\/strong>clearing<\/strong><\/em> de deudas entre el Estado y las empresas el\u00e9ctricas.<\/strong><\/p>\n La Subsecretar\u00eda de Energ\u00eda El\u00e9ctrica calcul\u00f3, para las distribuidoras y transportistas de jurisdicci\u00f3n federal \u2014como Edenor, Edesur y Transener\u2014, la diferencia actualizada entre los ingresos que percibieron durante la vigencia de las leyes de emergencia y los que les hubieran correspondido <\/strong>si se cumpl\u00edan sus contratos de concesi\u00f3n. <\/p>\n Ese monto, conocido en el sector como \u201cactivo regulatorio\u201d, se aplicar\u00e1 exclusivamente a cancelar lo que las distribuidoras le deben a Cammesa<\/strong>. A cambio, las empresas deber\u00e1n desistir de todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados con las emergencias.<\/p>\n En el caso de las transportistas, el cr\u00e9dito solo podr\u00e1 usarse para compensar multas por incumplimientos de sus contratos de concesi\u00f3n<\/strong>. Para las distribuidoras provinciales y municipales, el Estado pedir\u00e1 a cada jurisdicci\u00f3n y a sus entes reguladores que hagan el c\u00e1lculo. Si la compensaci\u00f3n supera la deuda con Cammesa, el excedente quedar\u00e1 a cargo de las provincias<\/strong>. Las sumas que surjan de este mecanismo estar\u00e1n, adem\u00e1s, exentas del impuesto a las ganancias.<\/p>\n En el Gobierno defienden el mecanismo como un ahorro para el Estado. Seg\u00fan sus estimaciones, mientras las deudas de las empresas con Cammesa rondan los US$700 millones, lo que reclaman al Estado por los ingresos que no recuperaron durante los a\u00f1os de tarifas congeladas llegar\u00eda a cerca de US$3000 millones.<\/strong><\/p>\n \u201cLes compensamos las deudas que tienen con Cammesa de US$700 millones, a cambio de que desistan de los reclamos judiciales por cerca de US$3000 millones<\/strong>\u201d, explicaron fuentes oficiales, que reconocieron que las empresas tienen sus propias estimaciones.<\/p>\n Empresas como Edenor y Edesur podr\u00edan haber recurrido a la Justicia o al Ciadi<\/strong>, el tribunal arbitral del Banco Mundial, para reclamar esos ingresos. \u201cLo que estamos generando es ahorro de dinero al Estado y de reclamos judiciales, porque en general esos reclamos los ganan las empresas<\/strong>\u201d, agregaron en el Gobierno.<\/p>\n No es la primera vez que el Estado recurre a este tipo de compensaciones con las distribuidoras el\u00e9ctricas. Ya se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri <\/strong>y tambi\u00e9n durante el de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong>, aunque en ninguno de los dos casos se hicieron p\u00fablicos los informes de auditor\u00eda que respaldaron los c\u00e1lculos.<\/p>\n El coraz\u00f3n de la ley, sin embargo, es la restricci\u00f3n del r\u00e9gimen de zona fr\u00eda<\/strong>. El subsidio naci\u00f3 en 2002 para compensar el mayor consumo de gas en la Patagonia, la Puna y Malarg\u00fce, en Mendoza. En 2021, la ley 27.637, impulsada por el entonces diputado M\u00e1ximo Kirchner<\/strong>, lo extendi\u00f3 a localidades de provincias templadas y c\u00e1lidas, como Buenos Aires, C\u00f3rdoba, Santa Fe y Mendoza. As\u00ed, la cantidad de hogares beneficiados pas\u00f3 de 780.000 a 4,2 millones<\/strong>, con un descuento autom\u00e1tico que no consideraba el nivel de ingresos.<\/p>\n La nueva norma deroga esa ampliaci\u00f3n y devuelve el beneficio autom\u00e1tico a las regiones originales. Los usuarios de las zonas incorporadas en 2021 podr\u00e1n acceder a una bonificaci\u00f3n adicional solo si est\u00e1n inscriptos en el R\u00e9gimen de Subsidios Energ\u00e9ticos Focalizados<\/strong> y sus ingresos no superan tres canastas b\u00e1sicas totales ($4,8 millones). Tambi\u00e9n podr\u00e1n recibirla si alg\u00fan integrante del hogar tiene certificado de vivienda, pensi\u00f3n de veterano de Malvinas o Certificado \u00danico de Discapacidad. <\/p>\n El descuento, adem\u00e1s, se aplicar\u00e1 solo sobre un consumo base <\/strong>y <\/strong>antes de sumarle los costos de transporte y distribuci\u00f3n. El r\u00e9gimen se financia con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del pa\u00eds<\/strong>, y tendr\u00e1 vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.<\/p>\n Seg\u00fan la consultora Econom\u00eda & Energ\u00eda (EyE), entre enero y agosto de este a\u00f1o se destinaron US$86 millones al r\u00e9gimen de zona fr\u00eda,<\/strong> el 44% del cr\u00e9dito presupuestario vigente, y para 2027 se presupuestan US$95 millones. <\/p>\n Con la nueva ley, sin embargo, la reducci\u00f3n en la cantidad de beneficiarios y al acotar el descuento solo sobre el precio del gas, permitir\u00eda financiar el r\u00e9gimen solo con el recargo que pagan los usuarios<\/strong>, lo que reducir\u00eda o incluso eliminar\u00eda la necesidad de aportes adicionales del Estado.<\/p>\nL\u00edmite a los subsidios<\/span><\/h2>\n<\/p>\n