\n
Uno de los principales cambios de la nueva ley es la eliminaci\u00f3n de los topes de ingresos anuales y patrimonio que condicionaban el acceso a esta modalidad.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n
A partir de la nueva normativa, quienes adhieran deber\u00e1n acreditar residencia fiscal durante todo el per\u00edodo que declaren<\/strong>. Si ARCA determina que el contribuyente no cumpl\u00eda con ese requisito, podr\u00e1 excluirlo del r\u00e9gimen, fiscalizarlo, determinar de oficio el impuesto, liquidar las diferencias correspondientes y aplicar sanciones.<\/p>\nSin embargo, la exigencia de residencia fiscal durante todo el a\u00f1o no se aplicar\u00e1 al per\u00edodo fiscal 2025.<\/strong> Adem\u00e1s, la opci\u00f3n podr\u00e1 ejercerse para los per\u00edodos iniciados desde el 1\u00b0 de enero de 2025.<\/p>\nEl principal beneficio del r\u00e9gimen es el denominado \u00abtap\u00f3n<\/strong> fiscal\u00bb<\/strong>, que combina el efecto liberatorio del pago sobre el per\u00edodo fiscal base con la presunci\u00f3n de exactitud de las declaraciones correspondientes a los tres ejercicios anteriores. En la pr\u00e1ctica, ARCA presume que lo declarado es correcto, salvo que encuentre una discrepancia significativa que justifique una revisi\u00f3n.<\/p>\nDe esta manera, quienes presenten Ganancias por el per\u00edodo fiscal 2025 quedar\u00e1n cubiertos respecto de los ejercicios 2022, 2023 y 2024,<\/strong> siempre que no se configure alguna de las excepciones previstas por la ley.<\/p>\nLa norma tambi\u00e9n establece condiciones particulares para los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios p\u00fablicos.<\/strong> Ambos grupos podr\u00e1n utilizar el r\u00e9gimen simplificado para presentar sus declaraciones juradas y pagar el impuesto, pero no acceder\u00e1n a la presunci\u00f3n de exactitud ni a los dem\u00e1s beneficios del sistema<\/strong>. En consecuencia, ARCA conservar\u00e1 la posibilidad de fiscalizarlos como a cualquier otro contribuyente.<\/p>\nLa restricci\u00f3n alcanza a quienes ocupen u hayan ocupado, durante los cinco a\u00f1os anteriores a la adhesi\u00f3n o a la decisi\u00f3n de permanecer en el r\u00e9gimen, alguno de los siguientes cargos en la Naci\u00f3n, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires:<\/p>\n
\n- Funcionarios o empleados con jerarqu\u00eda de secretario de Estado o superior, en la administraci\u00f3n centralizada o descentralizada.<\/li>\n
- Legisladores, concejales y parlamentarios del Mercosur.<\/li>\n
- Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio P\u00fablico.<\/li>\n
- Defensores del Pueblo y sus adjuntos.<\/li>\n
- Integrantes del Consejo de la Magistratura o de un jurado de enjuiciamiento.<\/li>\n<\/ul>\n
2. Cu\u00e1ndo puede ARCA reabrir una declaraci\u00f3n jurada<\/h3>\n
La posibilidad de que ARCA revise per\u00edodos fiscales anteriores est\u00e1 vinculada con la existencia de una discrepancia significativa.<\/strong> Si se configura alguno de los supuestos contemplados en la ley, el organismo podr\u00e1 dejar sin efecto la presunci\u00f3n de exactitud que protege al contribuyente.<\/strong><\/p>\n\n
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La responsabilidad de demostrar la existencia de una discrepancia significativa recae exclusivamente sobre ARCA.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n
La normativa establece tres situaciones posibles y alcanza con que se cumpla una de ellas:<\/p>\n
\n- Diferencia porcentual.<\/strong> Si el ajuste de ARCA aumenta el impuesto o reduce los quebrantos \u2014las p\u00e9rdidas que pueden descontarse en ejercicios posteriores\u2014 en un 15% o m\u00e1s respecto de lo declarado<\/strong>. No obstante, la ley establece que no habr\u00e1 discrepancia significativa cuando la diferencia no supere el 5% del monto previsto para la evasi\u00f3n simple.<\/strong> Con el umbral actual de $100 millones, ese l\u00edmite equivale a unos $5 millones.<\/strong><\/li>\n
- Diferencia absoluta.<\/strong> Cuando el ajuste supera el monto establecido para la evasi\u00f3n simple en el R\u00e9gimen Penal Tributario, actualmente fijado en $100 millones.<\/li>\n
- Facturas ap\u00f3crifas.<\/strong> Cuando el ajuste deriva del uso de facturas o documentos falsos, o de retenciones, percepciones, pagos a cuenta o anticipos computados indebidamente. En este supuesto, no importa el monto involucrado.<\/li>\n<\/ul>\n
La ley tambi\u00e9n establece que la responsabilidad de demostrar la existencia de una discrepancia significativa recae exclusivamente sobre ARCA.<\/strong> Adem\u00e1s, limita los elementos y las presunciones que el organismo puede utilizar para dejar sin efecto la presunci\u00f3n de exactitud.<\/p>\n3. Los d\u00f3lares del colch\u00f3n<\/h3>\n
La ley tambi\u00e9n incorpora disposiciones para facilitar el uso de fondos que permanecen fuera del sistema financiero formal.<\/strong><\/p>\nQuienes adhieran al r\u00e9gimen simplificado deber\u00e1n canalizar sus operaciones mediante los medios autorizados por el Banco Central o la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV). <\/strong>Sin embargo, la exigencia se considerar\u00e1 cumplida cuando el sistema financiero formal intervenga en el origen o en el destino de la operaci\u00f3n.<\/p>\nLa norma contempla, adem\u00e1s, una situaci\u00f3n espec\u00edfica: los pagos en efectivo realizados al momento de firmar una escritura p\u00fablica sobre un inmueble<\/strong>, como ocurre con la compra de una propiedad, se considerar\u00e1n v\u00e1lidos a estos efectos.<\/strong><\/p>\nHasta el 31 de diciembre de 2027, esos fondos tambi\u00e9n quedar\u00e1n alcanzados por una de las protecciones previstas en el tercer p\u00e1rrafo del art\u00edculo 40 de la Ley 27.799 para los contribuyentes que cuentan con la presunci\u00f3n de exactitud. A su vez, para el Impuesto sobre los Bienes Personales, el dinero se considerar\u00e1 incorporado al patrimonio en la fecha en que se concrete la operaci\u00f3n.<\/p>\n
La legislaci\u00f3n introduce cambios en las obligaciones de bancos, escribanos y otros sujetos obligados por la Ley 25.246 de prevenci\u00f3n del lavado de activos. A partir de ahora, deber\u00e1n considerar la constancia de adhesi\u00f3n al r\u00e9gimen simplificado como un antecedente favorable al identificar y monitorear las operaciones de sus clientes.<\/p>\n
De todos modos, esa consideraci\u00f3n no elimina las obligaciones de prevenci\u00f3n del lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, ni los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir las entidades y los profesionales alcanzados.<\/p>\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) tendr\u00e1 15 d\u00edas h\u00e1biles desde la entrada en vigencia de la ley para dictar las normas complementarias<\/strong>. Por su parte, ARCA deber\u00e1 habilitar consultas automatizadas mediante una interfaz de programaci\u00f3n de aplicaciones (API), para que los sujetos obligados puedan verificar si una persona est\u00e1 adherida al r\u00e9gimen, fue excluida o solicit\u00f3 la baja.<\/p>\n4. Multas: qu\u00e9 cambia para empresas y contribuyentes<\/h3>\n
La Ley de Inocencia Fiscal II tambi\u00e9n reduce las multas formales<\/strong>, que se aplican por incumplimientos de obligaciones administrativas, como no presentar una declaraci\u00f3n jurada en t\u00e9rmino<\/strong> o no cumplir con un requerimiento de informaci\u00f3n, incluso cuando no exista un impuesto impago.<\/p>\nLa norma contempla dos reducciones:<\/p>\n
\n- Rebaja permanente del 25%:<\/strong> se incorpora mediante el nuevo art\u00edculo 49 bis de la Ley 11.683 y se aplica de pleno derecho, sin necesidad de realizar un tr\u00e1mite.<\/li>\n
- Rebaja extraordinaria del 50%:<\/strong> alcanza a las multas formales por infracciones cometidas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, correspondientes a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, fecha en que comenz\u00f3 a regir la Ley 27.799. El beneficio comprende las sanciones que no est\u00e9n firmes o que, aun estando firmes, permanezcan impagas.<\/li>\n<\/ul>\n
Para acceder a la reducci\u00f3n extraordinaria, el contribuyente deber\u00e1 cumplir con la obligaci\u00f3n formal que origin\u00f3 la multa antes de acogerse al beneficio o hacerlo simult\u00e1neamente.<\/p>\n
La adhesi\u00f3n tambi\u00e9n implica aceptar sin condiciones el resto de la sanci\u00f3n, renunciar a cualquier reclamo y asumir las costas si exist\u00eda un litigio. Las multas que ya fueron pagadas no ser\u00e1n devueltas. ARCA tendr\u00e1 un plazo de 30 d\u00edas para reglamentar estas disposiciones.<\/p>\n
Por \u00faltimo, la ley actualiza las sanciones para los empleadores rurales<\/strong> que no se inscriban en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) o que no registren los contratos laborales.<\/p>\nLas multas se dividir\u00e1n seg\u00fan la gravedad de la infracci\u00f3n:<\/p>\n
\n- Infracciones leves:<\/strong> de $120.000 a $187.500 por trabajador.<\/li>\n
- Infracciones graves:<\/strong> de $375.000 a $1.500.000.<\/li>\n
- Infracciones muy graves:<\/strong> de $1.500.000 a $7.500.000.<\/li>\n<\/ul>\n
En caso de reincidencia, los montos podr\u00e1n incrementarse hasta un 50%. A partir de 2027, las sanciones se actualizar\u00e1n anualmente de acuerdo con la variaci\u00f3n de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).<\/p>\n<\/div>\n
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