View Apart – Shutterstock<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\nLa solicitud fue presentada ante el m\u00e1ximo tribunal por la Abogac\u00eda General de la Uni\u00f3n<\/strong> (AGU) y qued\u00f3 bajo an\u00e1lisis del juez Luiz Fux<\/strong>, relator de las causas vinculadas a la regulaci\u00f3n del sector. El gobierno reclama que se rechacen los recursos promovidos por la Asociaci\u00f3n Nacional de Juegos y Loter\u00edas<\/strong> (ANJL) y el Instituto Brasile\u00f1o de Juego Responsable <\/strong>(IBJR), organizaciones que buscan suspender los efectos de la norma.<\/p>\nSe trata de la Medida Provisoria<\/strong> 1.394\/2026, firmada por Lula el 25 de septiembre \u00faltimo y<\/strong> que prohibi\u00f3 en todo el territorio brasile\u00f1o la explotaci\u00f3n, oferta, intermediaci\u00f3n y publicidad de las llamadas apuestas de cuota fija<\/strong>. <\/p>\nLa restricci\u00f3n alcanza tanto a las apuestas deportivas como a los juegos en l\u00ednea<\/strong> y estableci\u00f3 que las plataformas dejaran de operar a partir del 6 de octubre.<\/p>\nQu\u00e9 dice el Gobierno<\/span><\/h2>\n<\/p>\nEn su presentaci\u00f3n ante el Supremo, la AGU sostuvo que la experiencia de regulaci\u00f3n del sector result\u00f3 insuficiente para proteger a la poblaci\u00f3n<\/strong> de sus efectos y se\u00f1al\u00f3 impactos sobre el presupuesto familiar, el endeudamiento, la salud y otros derechos constitucionalmente protegidos. <\/p>\nEntre los fundamentos expuestos ante la Justicia, la AGU cit\u00f3 un incremento del 140% <\/strong>en las atenciones registradas por el Sistema \u00danico de Salud (SUS) relacionadas con trastornos asociados a la adicci\u00f3n al juego. <\/p>\nQu\u00e9 responden las empresas<\/span><\/h2>\n<\/p>\nLas entidades empresarias, en cambio, cuestionaron la decisi\u00f3n del Ejecutivo. La ANJL y el IBJR sostuvieron que el veto a las apuestas fue adoptada de manera abrupta y remarcaron que numerosas compa\u00f1\u00edas realizaron inversiones bajo el marco regulatorio vigente hasta ahora. Por ese motivo, solicitaron la suspensi\u00f3n de la medida provisoria.<\/strong><\/p>\nEl juez Fux hab\u00eda otorgado a la AGU un plazo de 72 horas<\/strong> para presentar sus argumentos en respuesta a los planteos del sector. Cumplido ese tr\u00e1mite, el magistrado deber\u00e1 definir si mantiene vigente la prohibici\u00f3n <\/strong>o si concede una suspensi\u00f3n temporal <\/strong>mientras contin\u00faa el tratamiento judicial del caso.<\/p>\n