la condici\u00f3n de ser hijo o nieto de exiliado<\/strong>.<\/p>\nLa decisi\u00f3n del Supremo deja en el aire el derecho al voto de las m\u00e1s de 2,4 millones de personas <\/strong>que, seg\u00fan los \u00faltimos datos facilitados a finales de junio por el Ministerio de Pol\u00edtica Territorial y Memoria Democr\u00e1tica, hab\u00edan pedido cita en oficinas consulares hasta el pasado 31 de marzo para presentar su solicitud de acceso a la nacionalidad acogi\u00e9ndose a la Ley de Memoria, de octubre de 2022. Casi un mill\u00f3n de argentinos <\/strong>iniciaron el tr\u00e1mite en el marco de esa normativa.<\/p>\nEsta norma establece la inscripci\u00f3n inmediata en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nacionalizados por esa v\u00eda y una instrucci\u00f3n posterior del Ministerio de Justicia estableci\u00f3 que, para ello, no hac\u00eda falta acreditar la condici\u00f3n de descendiente de exiliado: \u201cSe presumir\u00e1 la condici\u00f3n de exiliado respecto de todos los espa\u00f1oles que salieron de Espa\u00f1a entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955\u2033, <\/strong>se\u00f1ala el texto. Los efectos electorales de esta interpretaci\u00f3n de la ley son los que ahora ha limitado el alto tribunal hasta que dicte sentencia sobre el recurso presentado por los dos partidos de ultraderecha.<\/p>\nEl Supremo solo ha hecho p\u00fablico este martes el acuerdo adoptado por la Sala, y hasta dentro de unos d\u00edas no se conocer\u00e1n las resoluciones con los argumentos que han llevado a los jueces a estimar parcialmente la medida cautelar solicitada por Vox y Iustitia, que en una vista celebrada el pasado lunes acusaron al gobierno de estar inflando el censo con descendientes de exiliados<\/strong>. La Fiscal\u00eda y la Abogac\u00eda del Estado rechazaron ese extremo y advirtieron de que la admisi\u00f3n de la suspensi\u00f3n cautelar supondr\u00eda restringir para miles de nacionalizados el derecho al voto, un derecho fundamental recogido en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n