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WASHINGTON.\u2013 La administraci\u00f3n del presidente Donald Trump<\/a> dio un nuevo paso para convertir en permanente una tasa de m\u00e1s de 100.000 d\u00f3lares aplicada a las <\/strong>visas<\/strong><\/a> H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados<\/strong>, una medida que afecta especialmente a empresas de tecnolog\u00eda, universidades y centros de investigaci\u00f3n y que actualmente est\u00e1 bloqueada por los tribunales.<\/p>\n El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingl\u00e9s) public\u00f3 el lunes una propuesta de reglamento que establece una tarifa de 103.265 d\u00f3lares<\/strong> para determinadas nuevas visas H-1B. La norma ser\u00e1 publicada formalmente el martes en el Registro Federal y abrir\u00e1 un per\u00edodo de 30 d\u00edas para comentarios p\u00fablicos. Si supera ese proceso, podr\u00eda quedar finalizada antes de fin de a\u00f1o<\/strong>.<\/p>\n La medida busca dar continuidad a una decisi\u00f3n adoptada por Trump en 2025. La proclamaci\u00f3n presidencial que estableci\u00f3 originalmente la tasa vence en septiembre, un a\u00f1o despu\u00e9s de su entrada en vigor, pero el mandatario hab\u00eda ordenado al DHS elaborar una regulaci\u00f3n que permitiera mantener el cargo de manera permanente.<\/p>\n La tasa representa un aumento dr\u00e1stico frente al costo habitual de una visa H-1B, que suele ubicarse entre 2000 y 5000 d\u00f3lares<\/strong>, seg\u00fan distintos factores. El programa permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas<\/strong> y contempla 65.000 visas anuales<\/strong>, adem\u00e1s de otras 20.000 destinadas a personas con t\u00edtulos avanzados. Las autorizaciones pueden extenderse durante per\u00edodos de entre tres y seis a\u00f1os<\/strong>.<\/p>\n El intento de convertir la tarifa en una norma permanente se produce mientras contin\u00faa una batalla judicial sobre su legalidad<\/strong>. En junio, un juez federal determin\u00f3 que el cargo era ilegal y orden\u00f3 al gobierno impedir su cobro<\/strong>. Un tribunal de apelaciones con sede en Boston revisa actualmente esa decisi\u00f3n, mientras otro tribunal analiza una impugnaci\u00f3n presentada en Washington.<\/p>\n La disputa gira en torno a los poderes del presidente y del DHS para establecer una tarifa de semejante magnitud. Los demandantes sostienen que la autoridad presidencial para restringir la entrada de extranjeros no permite modificar mediante una tasa las condiciones establecidas por la ley<\/strong> que cre\u00f3 el programa H-1B.<\/p>\n Tambi\u00e9n argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional no puede establecer tarifas con el objetivo de generar ingresos sin una autorizaci\u00f3n espec\u00edfica del Congreso<\/strong>.<\/p>\n La administraci\u00f3n Trump rechaza ese argumento. El gobierno sostiene que los 103.265 d\u00f3lares no constituyen un impuesto tradicional<\/strong> y que los tribunales tienen un margen limitado para cuestionar la autoridad presidencial en materia de ingreso de extranjeros al pa\u00eds.<\/p>\n La discusi\u00f3n sobre el costo de las visas H-1B se produce en medio de un debate m\u00e1s amplio sobre el programa. Trump y otros cr\u00edticos sostienen que algunas empresas utilizan estas visas para reemplazar trabajadores estadounidenses por empleados extranjeros dispuestos a aceptar salarios m\u00e1s bajos<\/strong>.<\/p>\n Empresas y organizaciones empresariales, en cambio, defienden el programa como una herramienta necesaria para cubrir puestos para los que no existen suficientes trabajadores estadounidenses calificados<\/strong>. Tambi\u00e9n argumentan que permite a las compa\u00f1\u00edas acceder a talento internacional en \u00e1reas estrat\u00e9gicas.<\/p>\n Seg\u00fan documentos judiciales, hasta finales de febrero unos 70 empleadores hab\u00edan pagado la tasa de 100.000 d\u00f3lares por un total de 85 solicitudes<\/strong> de visa.<\/p>\n La C\u00e1mara de Comercio de Estados Unidos, junto con estados gobernados por dem\u00f3cratas y una coalici\u00f3n de sindicatos y empleadores, cuestiona judicialmente la tarifa. Esas demandas podr\u00edan ampliarse para impugnar la nueva regulaci\u00f3n si finalmente es aprobada.<\/p>\n La iniciativa se suma a otras medidas de la administraci\u00f3n Trump para endurecer el sistema migratorio. Los empleadores registraron el a\u00f1o pasado unas 344.000 visas H-1B<\/strong>, m\u00e1s de un 25% menos que en 2024 y menos de la mitad de las 794.000 solicitudes registradas en 2023, seg\u00fan datos del Servicio de Ciudadan\u00eda e Inmigraci\u00f3n de Estados Unidos.<\/p>\n El gobierno tambi\u00e9n orden\u00f3 controles m\u00e1s exhaustivos sobre los solicitantes<\/strong> y propuso modificar el sistema de selecci\u00f3n para favorecer a trabajadores con mayores niveles de calificaci\u00f3n y salarios<\/strong>.<\/p>\n A principios de agosto, el DHS aprob\u00f3 adem\u00e1s una regulaci\u00f3n que incorpor\u00f3 tarifas de hasta 4500 d\u00f3lares<\/strong> para determinados tr\u00e1mites destinados a extender la permanencia de trabajadores H-1B<\/strong> o trasladar a Estados Unidos empleados que se encuentran en otros pa\u00edses.<\/p>\n Agencia Reuters<\/strong><\/p>\nUna medida bloqueada por los tribunales<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Empresas tech, en el centro del debate<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Menos solicitudes y m\u00e1s restricciones<\/span><\/h2>\n<\/p>\n