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En la mesa del presidente de la Rep\u00fablica, Yamand\u00fa Orsi<\/strong>, se sum\u00f3 un nuevo potencial diferendo internacional<\/strong> y tambi\u00e9n vinculado a decisiones de gesti\u00f3n del anterior gobierno de Luis Lacalle Pou<\/strong>.<\/p>\n El problema lo representa la empresa de capitales mexicanos y alemanes<\/strong> que instal\u00f3 y mantiene el sistema de control migratorio en puertos, Veridos<\/strong>, que est\u00e1 reclamando al Estado uruguayo el impago de una deuda de 10,7 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Y, de hecho, ya inici\u00f3 el tradicional proceso que tiene como destino el inicio de un arbitraje internacional<\/strong>, lo que implica al mismo tiempo la posibilidad de evitar ese extremo y alcanzar un entendimiento.<\/p>\n La firma privada -aunque el 40% corresponde al Estado alem\u00e1n-, cuyos servicios se utilizan en los puertos de Montevideo y Colonia y pasos de frontera terrestres, reclama que el cobro de 2,10 d\u00f3lares m\u00e1s IVA<\/strong>, que se deb\u00eda aplicar por cada pasajero que se controlara, no fue abonado pese a estar operativo el sistema hace m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n Veridos ya envi\u00f3 una nota dirigida al presidente Orsi y los ministros de Econom\u00eda y Finanzas, Gabriel Oddone; y del Interior, Carlos Negro, el 11 de agosto para notificarlos del inicio del per\u00edodo de negociaciones.<\/p>\n El gobierno, dijeron a El Pa\u00eds<\/em> fuentes oficiales, tiene como objetivo evitar los tribunales<\/strong>, as\u00ed que citar\u00e1 para los pr\u00f3ximos d\u00edas a representantes de las firmas para continuar el di\u00e1logo. \u201cLa idea es llegar a un acuerdo; sentarnos a conversar y encontrar una soluci\u00f3n\u201d, dijo un integrante de la Torre Ejecutiva.<\/p>\n Lo que lamentan en el gobierno es que se trata de un tema otra herencia negativa de la administraci\u00f3n nacionalista<\/strong>, tal como tambi\u00e9n ocurri\u00f3 con los pagos atrasados del Ferrocarril Central -que se zanj\u00f3 abonando 144 millones de d\u00f3lares-; con la decisi\u00f3n de Lacalle Pou de seguir adelante con su proyecto de agua potable en Arazat\u00ed (San Jos\u00e9) sobre el filo de su gesti\u00f3n, y que este gobierno reformul\u00f3; o con el contrato firmado con el astillero Cardama para la adquisici\u00f3n de dos patrulleras oce\u00e1nicas, que este Ejecutivo rescindi\u00f3 e incluso llev\u00f3 a la Justicia.<\/p>\n Se tratar\u00e1, entonces, de otro cap\u00edtulo de desencuentro con la oposici\u00f3n<\/strong>. D\u00edas atr\u00e1s, el exsenador del Movimiento de Participaci\u00f3n Popular (MPP), Charles Carrera, asegur\u00f3 que entend\u00eda \u201cfundamental que se revisen estas medidas inexplicables que se tomaron durante la anterior administraci\u00f3n (Lacalle, Heber, Martinelli)\u201d. En su cuenta de X, y tras conocerse la posici\u00f3n de la Procurador\u00eda del Estado en lo Contencioso Administrativo (ver recuadro), Carrera subray\u00f3 tambi\u00e9n que \u201cla adjudicaci\u00f3n a Veridos fue observada tres veces por el Tribunal de Cuentas\u201d.<\/p>\n En la misiva de seis p\u00e1ginas, a la que accedi\u00f3 El Pa\u00eds<\/em>, se indic\u00f3 que hubo \u201comisiones\u201d<\/strong> del Estado uruguayo.<\/p>\n Luego se afirm\u00f3 que \u201ccon el prop\u00f3sito de encauzar estas negociaciones y evitar la agravaci\u00f3n del da\u00f1o\u201d, los inversores piden que \u201cpague de inmediato\u201d<\/strong> lo adeudado y que \u201casegure la operativividad futura del mecanismo de pago\u201d sea cumpliendo con el decreto o generando un nuevo mecanismo.<\/p>\n Adem\u00e1s, se advirti\u00f3 en la carta que de no alcanzarse una soluci\u00f3n \u201camistosa\u201d en los pr\u00f3ximos seis meses -a partir del 11 de agosto- seguir\u00e1n adelante hacia el arbitraje internacional. Se reclaman 10,7 millones de d\u00f3lares<\/strong>, cifra estimada por Veridos.<\/p>\n Veridos result\u00f3 adjudicatario en setiembre de 2023 y el 20 de diciembre de ese a\u00f1o firmaron un contrato de los denominado \u201cllave en mano\u201d por la instalaci\u00f3n y mantenimiento de un sistema de control fronterizo<\/strong> para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay.<\/p>\n La soluci\u00f3n implic\u00f3 actuar sobre 17 pasos fronterizos<\/strong> en los que se renovar\u00eda la forma en que se revisar\u00edan a los pasajeros y su documentaci\u00f3n bajo la creaci\u00f3n del Sistema Integral de Gesti\u00f3n Migratoria del Uruguay (Sigmu).<\/p>\n El precio acordado, 2,10 d\u00f3lares m\u00e1s IVA que se pagar\u00eda solo en los pasos fluviales, se estableci\u00f3 en un decreto aprobado el 31 de enero de 2024 que obligaba a las empresas navieras que operen en los puertos a cobrar el cargo a los pasajeros.<\/p>\n En febrero de 2024 las navieras impugnaron el decreto neg\u00e1ndose a cumplirlo<\/strong> e impusieron un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).<\/p>\n Un a\u00f1o despu\u00e9s, en febrero de 2025, el Ministerio del Interior y Veridos emiti\u00f3 el informe final y con ello se puso en operaci\u00f3n el sistema de control, lo que para la firma mexicano alemana, implic\u00f3 que a partir de ese momento comenzaba el cobro.<\/p>\n \u201cA la fecha, los inversores no han recibido pago alguno a cuenta del precio y pese a los reiterados llamados de los inversores para buscar una soluci\u00f3n a esta problem\u00e1tica. Uruguay no ha adoptado medida concreta alguna para atender sus reclamos y se ha negado a cumplir sus obligaciones<\/strong>\u201d, se indica en la nota enviada al presidente y los ministros.<\/p>\nLos argumentos<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Antecedentes<\/span><\/h2>\n<\/p>\n