presunto tr\u00e1fico de influencias y corrupci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\nLa investigaci\u00f3n contra Lulinha se divide en tres procesos que avanzan bajo secreto de sumario en el Supremo Tribunal Federal (STF), bajo la sospecha de que se aprovech\u00f3 del v\u00ednculo con su padre para facilitar negocios privados con la administraci\u00f3n federal<\/strong>. El expediente m\u00e1s avanzado apunta a un intento fallido, entre fines de 2024 y comienzos de 2025, de vender al Ministerio de Salud 1,2 millones de frascos de medicamentos a base de canabidiol<\/strong> -derivado del cannabis-, por un contrato que rondaba los 600 millones de reales -m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares- y que finalmente no se concret\u00f3.<\/p>\nEn el centro de la trama aparece Roberta Luchsinger<\/strong>, lobista afiliada al Partido de los Trabajadores (PT) desde 2021 y nieta de un exaccionista suizo del banco Credit Suisse. Seg\u00fan la Polic\u00eda Federal, se presentaba ante funcionarios como representante de los intereses de Lulinha y lleg\u00f3 a pedir comisiones de hasta el 20% por negocios que gestionaba en su nombre<\/strong>. En mensajes de WhatsApp de marzo de 2024 citados por la investigaci\u00f3n, escribi\u00f3 que ella, Lulinha y otro empresario, Fernando Bittar -copropietario de una finca en Atibaia investigada en el Lava Jato, la causa que tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a Lula-, formaban parte de un mismo equipo.<\/p>\nLos intercambios centrales entre Luchsinger y Lulinha se concentraron entre marzo y mayo de 2024. La negociaci\u00f3n con la cartera sanitaria, incluido el borrador de un contrato, se extendi\u00f3 hasta fines de 2024 y comienzos de 2025. Sin embargo, reci\u00e9n en julio de 2026 el STF autoriz\u00f3 abrir la causa, marcando un salto de m\u00e1s de dos a\u00f1os entre los hechos iniciales y la apertura formal del expediente judicial.<\/p>\n
El caso tambi\u00e9n salpica a Marco Aur\u00e9lio Santana Ribeiro<\/strong>, \u201cMarcola\u201d, hasta hace poco jefe de gabinete de Lula en el Palacio del Planalto, y a Antonio Carlos Camilo Antunes<\/strong>, apodado \u201cCareca do INSS (Instituto de Seguridad Social)\u201d, se\u00f1alado en un esquema de fraude a jubilados<\/strong> que estall\u00f3 el a\u00f1o pasado y ya hab\u00eda golpeado al gobierno. <\/p>\nSeg\u00fan los investigadores, Antunes iba a proveer el medicamento. Luchsinger facilit\u00f3 a Marcola cerca de 250.000 reales en tarjetas de cr\u00e9dito y joyas, mientras que Antunes transfiri\u00f3 1,5 millones de reales a una empresa de la lobista<\/strong>. Aunque la conducci\u00f3n del PT decidi\u00f3 inicialmente sostenerlo, Marcola renunci\u00f3 al comit\u00e9 de campa\u00f1a al d\u00eda siguiente de conocerse los detalles del pr\u00e9stamo.<\/p>\n