milosk50 – Shutterstock<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\nPara evitar que estos impagos perjudiquen de manera injusta al conjunto de los habitantes, la Ley de Propiedad Horizontal establece la obligaci\u00f3n clara de contribuir a los gastos comunes<\/strong>. Asimismo, la normativa reconoce a las administraciones el derecho a reclamar por v\u00edas judiciales las cantidades adeudadas. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo determin\u00f3 que este derecho de reclamo no posee un car\u00e1cter indefinido en el tiempo<\/strong>. <\/p>\nEl alto tribunal fij\u00f3 un l\u00edmite temporal estricto para estas acciones, una decisi\u00f3n con un impacto directo sobre los inmuebles de propietarios y sobre los ciudadanos que arrastran deudas antiguas. La resoluci\u00f3n judicial parti\u00f3 de un caso real que ocurri\u00f3 en Madrid<\/strong>, donde la justicia dio la raz\u00f3n a dos propietarios de un edificio que enfrentaban un litigio por una deuda de 6497 euros, suma acumulada por cuotas impagas entre los a\u00f1os 2007 y 2014<\/strong>.<\/p>\nEn un principio, la administraci\u00f3n del edificio reclam\u00f3 la totalidad del dinero bas\u00e1ndose en el antiguo C\u00f3digo Civil. Aquella norma tradicional establec\u00eda un plazo de prescripci\u00f3n general de 15 a\u00f1os para las obligaciones de tipo personal. Sin embargo, el Tribunal Supremo aplic\u00f3 la reforma legal de la Ley 42\/2015, la cual<\/strong> redujo de forma dr\u00e1stica los plazos de reclamaci\u00f3n vigentes en el pa\u00eds<\/strong>.<\/p>\n