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Adem\u00e1s de suspender el proceso, el fallo orden\u00f3 que AySA mantenga sin modificaciones sus obligaciones de prestaci\u00f3n, inversi\u00f3n e infraestructura en los 26 municipios bonaerenses<\/strong> donde brinda servicios.<\/p>\nEl planteo de la Defensor\u00eda del Pueblo<\/h2>\n La acci\u00f3n judicial fue impulsada por la Defensor\u00eda del Pueblo de la provincia de Buenos Aires<\/strong>, encabezada por Guido Lorenzino, que hab\u00eda advertido sobre eventuales consecuencias derivadas del nuevo esquema de concesi\u00f3n dise\u00f1ado por el Gobierno nacional.<\/p>\nSeg\u00fan el organismo, el proceso de privatizaci\u00f3n no contemplar\u00eda de manera suficiente cuestiones vinculadas con la expansi\u00f3n de redes, el mantenimiento de la infraestructura, las obras de saneamiento, la remediaci\u00f3n ambiental y la continuidad de un servicio considerado esencial.<\/p>\n
En ese marco, la presentaci\u00f3n sostuvo que exist\u00eda el riesgo de que se redujeran exigencias regulatorias y se postergaran inversiones consideradas estrat\u00e9gicas<\/strong> para garantizar el acceso al agua y el saneamiento.<\/p>\nLa advertencia del tribunal<\/h2>\n En su resoluci\u00f3n, L\u00f3pez se\u00f1al\u00f3 que el nuevo esquema impulsado para AySA no refuerza las garant\u00edas vinculadas al acceso universal al servicio<\/strong> ni incorpora mayores mecanismos de prevenci\u00f3n o recomposici\u00f3n ambiental.<\/p>\nAsimismo, advirti\u00f3 que, en una evaluaci\u00f3n preliminar, el proceso podr\u00eda derivar en una flexibilizaci\u00f3n de controles y en la demora de obras consideradas cr\u00edticas para la prestaci\u00f3n del servicio.<\/p>\n
Por ese motivo, decidi\u00f3 otorgar una cautelar de no innovar<\/strong> para evitar cambios que puedan afectar a los usuarios mientras se analiza el fondo de la cuesti\u00f3n.<\/p>\nEl plan de privatizaci\u00f3n del Gobierno<\/h2>\n La decisi\u00f3n judicial representa un obst\u00e1culo para el plan oficial de privatizar AySA. El esquema dise\u00f1ado por el Ejecutivo contempla la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estrat\u00e9gico<\/strong>, mientras que el resto del paquete accionario ser\u00eda colocado en el mercado.<\/p>\nLa empresa adjudicataria quedar\u00eda a cargo de la prestaci\u00f3n del servicio bajo un contrato de concesi\u00f3n por 30 a\u00f1os<\/strong>, con posibilidad de extenderlo por una d\u00e9cada adicional.<\/p>\nLa medida cautelar fue dictada en un contexto en el que el Ministerio de Econom\u00eda ya hab\u00eda avanzado con el llamado a licitaci\u00f3n para desprenderse de la mayor parte de la participaci\u00f3n estatal en la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
El antecedente de los a\u00f1os noventa<\/h2>\n El debate sobre el futuro de AySA tambi\u00e9n reaviv\u00f3 las discusiones sobre la experiencia de privatizaci\u00f3n de los servicios de agua durante la d\u00e9cada de 1990.<\/p>\n
La empresa tiene sus or\u00edgenes en Obras Sanitarias de la Naci\u00f3n<\/strong>, creada en 1912. Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue concesionado a la firma Aguas Argentinas<\/strong>, controlada por el grupo franc\u00e9s Suez. En 2006, durante la presidencia de N\u00e9stor Kirchner, el Estado recuper\u00f3 el control de la compa\u00f1\u00eda tras diversos cuestionamientos vinculados al cumplimiento de inversiones y expansi\u00f3n de la red.<\/p>\nEl Gobierno se apura a privatizar el agua, el gas y la luz para enviar una se\u00f1al a Wall Street<\/a><\/p>\nDiversos estudios acad\u00e9micos se\u00f1alaron que durante aquella etapa se registraron incrementos tarifarios significativos<\/strong> y controversias relacionadas con compromisos de inversi\u00f3n y calidad del servicio.<\/p>\nMientras contin\u00faa la discusi\u00f3n judicial, la cautelar obliga a AySA a mantener intactos sus niveles de operaci\u00f3n, infraestructura y obras<\/strong>, al menos hasta que se resuelva el planteo de fondo sobre la legalidad y el impacto del proceso de privatizaci\u00f3n.<\/p>\nLB<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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