<\/p>\n
Es un caballo de Troya escondido en el interior del Estado, un da\u00f1o autoinfligido por una falla sist\u00e9mica<\/strong> capaz de erosionar por goteo las cuentas p\u00fablicas durante a\u00f1os. <\/p>\n La Argentina enfrenta 339.085 demandas activas al interior de la administraci\u00f3n central, el coraz\u00f3n mismo del Estado<\/strong>, seg\u00fan registros actualizados al mes pasado. <\/p>\n La cifra no incluye los reclamos frente a ARCA, Anses ni los pleitos internacionales, en cuyo caso se multiplicar\u00edan. Por caso, a septiembre pasado exist\u00edan 294.308 juicios<\/strong> en tr\u00e1mite en los que la Anses fue notificada como parte.<\/p>\n El n\u00famero de juicios contra el Estado fue obtenido por LA NACION<\/strong> de fuentes oficiales y cotejado con la respuesta a pedidos de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n Las demandas activas son pleitos que apuntan directamente al centro del funcionamiento de cada gobierno, no s\u00f3lo por el volumen, gigantesco para cualquier pa\u00eds, sino tambi\u00e9n porque ni siquiera los encargados de defender a la Argentina en los tribunales tienen claro cu\u00e1l ser\u00e1 la factura final<\/strong>.<\/p>\n El dato m\u00e1s inquietante aparece cuando se intenta responder a la pregunta por el costo. La respuesta es que nadie lo sabe realmente<\/strong>, ni siquiera los mejores expertos del pa\u00eds o los funcionarios p\u00fablicos que manejan el tema. Sucede que hay m\u00e1s de 183.000 expedientes sin una cifra cuantificada. Representan m\u00e1s de la mitad del universo de demandas registradas. <\/p>\n Aquellas de las que hay datos tienen montos dif\u00edciles de consolidar y en diferentes monedas. <\/strong>Existen en pesos ($479.494.736.524), d\u00f3lares (US$5.324.674.723), euros (\u20ac2.498.705), libras esterlinas (\u00a32.498.705) y hasta yenes (\u00a5933.000.000).<\/p>\n En muchos casos, a\u00fan no se conoce el costo econ\u00f3mico porque los pleitos avanzan primero sobre el reconocimiento del derecho<\/strong> y reci\u00e9n despu\u00e9s se calcula la liquidaci\u00f3n final. En otros, porque las actualizaciones por \u00edndices judiciales, sujetas a la voluntad de los magistrados en muchos casos, pulverizan cualquier referencia nominal previa<\/strong>.<\/p>\n El resultado es una especie de deuda flotante imposible de medir con exactitud<\/strong>. Una masa de litigios que puede crecer durante a\u00f1os dentro de los balances p\u00fablicos.<\/p>\n El trabajo de LA NACION <\/strong>involucr\u00f3 documentos de la Procuraci\u00f3n del Tesoro<\/strong>, el m\u00e1ximo \u00f3rgano que re\u00fane a los abogados del Estado y la principal defensa contra los embates judiciales. Est\u00e1 a cargo de Sebasti\u00e1n Amerio<\/strong>, un funcionario de confianza del asesor Santiago Caputo<\/strong>, que lleg\u00f3 a ese lugar en marzo pasado tras los cambios en el Ministerio de Justicia. La cartera responde ahora a Juan Bautista Mah\u00edques<\/strong>, cercano a Karina Milei. <\/p>\n Javier Milei<\/strong> le orden\u00f3 a Amerio \u201cblindar\u201d la seguridad jur\u00eddica en el pa\u00eds. <\/strong>Es uno de los motivos por los que los abogados del Estado siguen muy de cerca el tema. <\/p>\n La Procuraci\u00f3n no toma todos los juicios contra el Estado, sino que encabeza aquellos con trascendencia econ\u00f3mica o institucional<\/strong>. Aunque define lineamientos en los dem\u00e1s casos, el trabajo queda en los departamentos legales de cada cartera.<\/p>\n LA NACION <\/strong>se contact\u00f3 con el procurador para conocer de primera mano la interpretaci\u00f3n oficial del problema. Amerio se mostr\u00f3 directamente involucrado en la cuesti\u00f3n. \u201cMientras coordinamos la defensa jur\u00eddica del Estado en toda la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuraci\u00f3n del Tesoro tambi\u00e9n asume la representaci\u00f3n directa en los litigios m\u00e1s complejos y relevantes para el pa\u00eds\u201d, sostuvo. \u201cPara ello, contamos con equipos jur\u00eddicos<\/strong> de primer nivel, integrados por algunos de los mejores abogados del Estado. Actualmente, intervenimos de manera directa en m\u00e1s de 30 causas de m\u00e1xima relevancia institucional y participamos en otras 150 como patrocinantes\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n Los reclamos por diferencias salariales concentran 145.360 expedientes: m\u00e1s del 40% de toda la litigiosidad registrada en el sistema (sin tener en cuenta los juicios contra Anses y ARCA).<\/strong> Le siguen cuotas omitidas de la SRT (7%), cobro de pesos (6%), multas (5%), da\u00f1os y perjuicios (4%), ejecuci\u00f3n fiscal (3%), retiros y pensiones (3%), ejecuciones de pagar\u00e9s (3%), amparo por mora (3%), ejecuci\u00f3n de tarjeta de cr\u00e9dito (3%), entre otros t\u00f3picos, como previsional, despidos o prestaciones m\u00e9dicas.<\/p>\n En total, hay 367.018 expedientes registrados, pero 27.933 fueron cerrados o est\u00e1n inactivos. En proceso hay 235.377 demandas. <\/strong>En ejecuci\u00f3n, unas 70.219. Se suman 23.784 amparos, 7558 recursos, 6775 pedidos de concursos o quiebras y 6279 cautelares, seg\u00fan los detalles a los que accedi\u00f3 este medio. <\/p>\n El 56% de las demandas se tramita en la Ciudad de Buenos Aires<\/strong>. Le siguen Buenos Aires (11%), C\u00f3rdoba (4%), Mendoza (3%) y Santa Fe (3%).<\/p>\n Entre las dependencias m\u00e1s demandadas est\u00e1n la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Polic\u00eda Federal<\/strong>, el Banco Naci\u00f3n, el Ej\u00e9rcito Argentino, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Polic\u00eda Federal Argentina, la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones y la Gendarmer\u00eda. A esos se suman casos como el Ministerio de Econom\u00eda, la Prefectura, el Servicio Penitenciario, la Fuerza A\u00e9rea o la Armada, entre muchos otros.<\/p>\n La mayor parte de este engranaje no est\u00e1 vinculada a grandes esc\u00e1ndalos ni a casos extraordinarios<\/strong>, sino a conflictos repetitivos y masivos. Es curioso el hecho de que nada les genera a los abogados del Estado m\u00e1s traba<\/mark>j<\/mark>o que las demandas salariales de sus propios traba<\/mark>j<\/mark>adores.<\/mark><\/p>\n Los pleitos contra el pa\u00eds incluyen desde amparos de salud y reclamos previsionales<\/strong> hasta conflictos por los sueldos que cobran las fuerzas de seguridad, disputas administrativas o litigios entre organismos p\u00fablicos. Tambi\u00e9n puede hallarse una enorme cantidad de reclamos por diferencias en las prestaciones m\u00e9dicas.<\/p>\n Gran parte de los litigios no surge de hechos aislados, sino de mecanismos administrativos, laborales y previsionales que generan conflictos en serie<\/strong> durante a\u00f1os. Es la definici\u00f3n de industria: las amenazas no son accidentes imprevisibles, sino el propio modo en que el sector p\u00fablico liquida salarios, actualiza haberes o administra coberturas de salud de sus propios trabajadores.<\/p>\n Ah\u00ed aparece uno de los aspectos m\u00e1s delicados del problema. Los expedientes pueden pasar a\u00f1os sin tener un monto definido. Pero eso no significa que carezcan de impacto econ\u00f3mico. Por el contrario, a medida que transcurren los procesos judiciales, se acumulan intereses, actualizaciones, honorarios y liquidaciones que amplifican el costo.<\/strong><\/p>\n \u201cHay millones en juicios contra el Estado\u201d, afirm\u00f3 a LA NACION<\/strong> Bernardo Saravia Fr\u00edas, procurador del Tesoro durante la presidencia de Mauricio Macri. \u201cEsa masa es enorme y debe ser controlada. El eje de una pol\u00edtica de equilibrio fiscal no se puede centrar solamente en una reducci\u00f3n de personal estatal<\/strong>. Tiene que haber una estrategia general, que abarque a todos los ministerios, para reducir contingencias judiciales en el pa\u00eds y el exterior. Esa deuda no est\u00e1 calculada en la deuda p\u00fablica y se paga con seguridad jur\u00eddica\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n El stock <\/em>de juicios que enfrenta el Estado tampoco naci\u00f3 en un solo gobierno. Seg\u00fan los datos oficiales analizados para esta investigaci\u00f3n, casi cuatro de cada cinco expedientes activos fueron iniciados antes de la llegada de Javier Milei<\/strong> a la Casa Rosada. <\/p>\n El 78,5% del universo litigioso actual ya estaba en marcha en diciembre de 2023. Desde enero de 2024, se incorporaron 72.768 nuevas causas, equivalentes al 21,5% del <\/mark>stock <\/em><\/mark>vigente.<\/mark><\/p>\n Los datos sobre el stock y el flujo, seg\u00fan calific\u00f3 la Procuraci\u00f3n del Tesoro, hablan de una \u201clitigiosidad estructural muy elevada\u201d, <\/strong>que se mantiene constante<\/strong> a trav\u00e9s de las diferentes administraciones.<\/p>\n Las fuerzas de seguridad<\/strong> aparecen como un n\u00facleo explosivo del problema por volumen, repetici\u00f3n y persistencia en el tiempo. Hay cientos de expedientes vinculados con Gendarmer\u00eda, Prefectura, Polic\u00eda Federal y organismos previsionales militares y policiales.<\/strong> Son demandas de empleados que reclaman por diferencias salariales, suplementos no incorporados al haber, actualizaciones, adicionales y deudas previsionales.<\/p>\n Esos n\u00fameros muestran otro problema estructural de la Argentina: integrantes de un eslab\u00f3n tan delicado como las fuerzas de seguridad llegan a tribunales para reclamar por lo que creen que les corresponde. <\/p>\n Detr\u00e1s de muchos expedientes aparece una larga cadena de conflictos vinculados con el dinero que se arrastra desde hace a\u00f1os y atraviesa gobiernos de distinto signo pol\u00edtico. En otras palabras, el Estado no s\u00f3lo debe enfrentar el costo operativo de sostener sus fuerzas de seguridad. Tambi\u00e9n carga con el gasto judicial<\/strong> derivado de administrar de manera conflictiva los ingresos de quienes las integran.<\/p>\n \u201cLos distintos gobiernos han intentado solucionar los d\u00e9ficits salariales abonando pagos no remunerativos<\/strong>. Son pr\u00e1cticamente en negro, que no tributan su cuota parte a la caja de retiro y a la obra social. No solo desfinancian la obra social y la caja de retiro; es contrario a la ley y, lamentablemente, tambi\u00e9n perjudica a los uniformados\u201d, dijo a LA NACION<\/strong> un comisario retirado de la Polic\u00eda Federal Argentina que pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva. \u201cPor ejemplo, el medio aguinaldo se hac\u00eda de acuerdo al sueldo b\u00e1sico, sin contar el ingreso no remunerativo<\/strong>. Hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, un abogado interpret\u00f3 que esto violaba la ley y comenzaron las demandas que llegaron hasta la Corte con sentencia a favor de los integrantes de las fuerzas\u201d, cont\u00f3.<\/p>\n Otro de los focos sensibles aparece en el sistema de salud. Seg\u00fan los casos analizados por este medio, se multiplican expedientes vinculados con amparos, prestaciones y cobertura de medicamentos de alt\u00edsimo costo<\/strong>. Entre los documentos relevados figuran, por ejemplo, pedidos vinculados con medicamentos como Eculizumab, Edaravone o Polatuzumab Vedotina, utilizados para enfermedades graves y tratamientos de complejidad.<\/p>\n La enorme cantidad de juicios contra el Estado muestra otro rasgo sorprendente del sistema argentino: organismos p\u00fablicos enfrentados entre s\u00ed<\/strong>. Aunque la mayor\u00eda de los expedientes no tiene monto determinado, algunos casos permiten dimensionar el volumen econ\u00f3mico del problema.<\/p>\n Entre las demandas relevadas aparece un litigio de la provincia de Chubut contra el Estado Nacional por m\u00e1s de $10.500 millones.<\/strong> Tambi\u00e9n figuran causas por unos $1523 millones vinculadas con la UIF, otros $1400 millones relacionados con Corredores Viales y reclamos contra empresas ferroviarias estatales por cerca de $886 millones.<\/p>\n Incluso las causas m\u00e1s grandes parecen representar s\u00f3lo la parte visible del problema. La mayor inc\u00f3gnita sigue estando en las miles de demandas que todav\u00eda no tienen valuaci\u00f3n econ\u00f3mica definitiva<\/strong>, que representan un problema presupuestario.<\/p>\n Como buena parte de esos expedientes permanece abierta durante a\u00f1os sin un monto definitivo, no est\u00e1 clara qu\u00e9 previsi\u00f3n contable deber\u00eda hacer cada ministro de Econom\u00eda para pagarlos. Eso introduce un elemento de incertidumbre permanente sobre el gasto p\u00fablico<\/strong>. Especialmente en causas donde los intereses, actualizaciones y honorarios terminan multiplicando el reclamo original.<\/p>\n En el frente internacional, no incluido en el conteo de este trabajo, que se concentr\u00f3 en los pleitos locales, el principal peligro para las arcas era el <\/strong>juicio por la expropiaci\u00f3n de YPF<\/strong><\/a> por m\u00e1s de US$16.000 millones, que el Estado argentino gan\u00f3 en segunda instancia en Nueva York <\/strong>y que tiene pocas probabilidades de ser tomado por la Corte Suprema de EE.UU. Se estima que los demandantes, representados por Burford, ir\u00e1n al Ciadi, el organismo del Banco Mundial que resuelve en esta clase de demandas.<\/p>\n La Procuraci\u00f3n sigue de cerca el avance del litigio por el Cup\u00f3n PBI en Londres<\/strong>, una sentencia por 1330 millones de euros <\/strong>(se actualiza por tasa Euribor) donde el Estado ya tuvo una sentencia desfavorable <\/strong>luego de haber puesto 30 millones de euros en garant\u00eda. <\/p>\n Avanzaron en el Senado adem\u00e1s acuerdos por US$67 millones para pagarle a Bainbridge <\/strong>y por US$104 millones para Attestor <\/strong>(con una reducci\u00f3n de la deuda de m\u00e1s del 30%) para cerrar los litigios que quedan todav\u00eda con bonistas <\/strong>por el default <\/em>de 2001.<\/p>\n \u00bfPor qu\u00e9 la Argentina es una m\u00e1quina de fabricar juicios contra el Estado? Aparecen razones que se superponen para potenciar el modelo. <\/p>\nLos juicios en la era Milei<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Polic\u00edas y gendarmes enojados<\/span><\/h3>\n<\/p>\n
Amparos por medicamentos<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Demandas internacionales<\/span><\/h2>\n<\/p>\n