Argentina ocupa hoy el puesto 104 de 182 pa\u00edses en el \u00edndice de percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n de Transparencia Internacional. Es el peor registro desde 2017. Ese dato no es un accidente: es el resultado acumulado de d\u00e9cadas de instituciones de control que dependen de quien deben controlar.<\/p>\n
El Gobierno present\u00f3 una respuesta a ese problema. Se llama \u201cR\u00e9gimen de transparencia y publicidad de la gesti\u00f3n de intereses\u201d. Regula el lobby. Crea un registro de gestores, exige reportes de actividad y establece cuatro nuevos tipos penales. Punto<\/p>\n
No moderniza las declaraciones juradas. No regula los conflictos de intereses. No limita las puertas giratorias. No reforma la Oficina Anticorrupci\u00f3n. No crea ning\u00fan organismo de control independiente. Es una ley de lobby, no una ley de \u00e9tica p\u00fablica. La diferencia no es menor.<\/p>\n
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Hay adem\u00e1s un problema constitucional que la iniciativa oficial no resuelve, y que los especialistas se\u00f1alaron en la reuni\u00f3n de comisi\u00f3n: obligar a registrarse como gestor de intereses sin distinguir entre quien defiende un negocio privado y quien reclama una pol\u00edtica p\u00fablica en nombre de derechos colectivos vulnera el derecho constitucional a peticionar a las autoridades. Una ONG ambiental, un sindicato, una asociaci\u00f3n de usuarios: todos quedar\u00edan alcanzados por el mismo r\u00e9gimen que un lobista corporativo. Nuestra propuesta invierte esa l\u00f3gica: la obligaci\u00f3n de registrar recae exclusivamente sobre el funcionario p\u00fablico, no sobre el ciudadano que peticiona.<\/p>\n
Desde el Frente Renovador presentamos un proyecto diferente. No como respuesta t\u00e1ctica al debate de la semana, sino como propuesta de reemplazo integral de la Ley de \u00c9tica P\u00fablica vigente y de todo el andamiaje institucional que la rodea. El diagn\u00f3stico es simple: el modelo actual es reactivo. Sanciona despu\u00e9s. Nosotros proponemos un sistema que prevenga, detecte y corrija antes de que el da\u00f1o ocurra.<\/p>\n
La innovaci\u00f3n central es institucional. Creamos un Instituto Nacional de Integridad y \u00c9tica P\u00fablica bajo la \u00f3rbita del Congreso, con un directorio tripartito conducido mayoritariamente por la oposici\u00f3n y con presencia del Poder Ejecutivo. Los mandatos de los directores caducan si su partido accede al gobierno o lo pierde. La designaci\u00f3n pasa por audiencias p\u00fablicas y concurso de antecedentes con participaci\u00f3n de la sociedad civil. El punto es este: el controlador no puede depender del controlado. Hoy depende. Siempre dependi\u00f3, con todos los gobiernos.<\/p>\n
El proyecto moderniza adem\u00e1s el r\u00e9gimen de declaraciones juradas para incluir criptoactivos, monedas digitales y beneficiarios finales de sociedades, y lo extiende a los tres poderes del Estado. Regula los conflictos de intereses graduando plazos y restricciones seg\u00fan jerarqu\u00eda y tipo de conflicto \u2014 real, potencial o aparente. Extiende el r\u00e9gimen antinepotismo a todos los poderes. Obliga a proveedores y contratistas del Estado a presentar declaraci\u00f3n jurada de intereses. Una plataforma tecnol\u00f3gica unificada garantiza el acceso ciudadano gratuito a toda esa informaci\u00f3n.<\/p>\n
La transparencia y la integridad no pueden depender \u00fanicamente de la sanci\u00f3n posterior. Eso es lo que tenemos hace d\u00e9cadas y el resultado est\u00e1 en el \u00edndice de Transparencia Internacional.<\/p>\n
Este debate es una oportunidad real. Ser\u00eda un error desperdiciarla en una regulaci\u00f3n parcial que no toca el problema de fondo.<\/p>\n
*Diputado Nacional – Frente Renovador.<\/p>\n<\/p><\/div>\n