La decisi\u00f3n del PAMI <\/strong>de dar de baja a 1.500 prestadores por presuntas irregularidades <\/strong>abri\u00f3 un fuerte debate sobre los controles<\/a> en el sistema de salud para jubilados y pensionados. Seg\u00fan explic\u00f3 Florencia Markari\u00e1n<\/strong>, abogada previsional, la medida apunta a recuperar fondos afectados<\/a> por maniobras fraudulentas y redireccionarlos hacia prestaciones leg\u00edtimas.<\/p>\n \u00abCon la baja de los prestadores, estos 1.500 prestadores de los 17.000 que tiene PAMI, lo que se busca es justamente revertir ese dinero que regrese a las arcas del PAMI<\/strong>\u00ab, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n La especialista record\u00f3 que las investigaciones comenzaron tras la detecci\u00f3n de una estafa millonaria vinculada a \u00f3rdenes m\u00e9dicas electr\u00f3nicas sin respaldo y otras inconsistencias administrativas. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que durante este a\u00f1o surgieron nuevas causas penales en Tucum\u00e1n y Chaco relacionadas con documentaci\u00f3n irregular, historias cl\u00ednicas incompletas y registros profesionales deficientes. \u00abSe encontraron irregularidades<\/strong>\u00ab, resumi\u00f3 Markari\u00e1n<\/strong> al explicar el fundamento de las sanciones aplicadas por el organismo.<\/p>\n