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Cadena perpetua para menores desde los 12 a\u00f1os. Ese es el punto al que ha llegado la pol\u00edtica penal en El Salvador. \u00bfEs esto una medida aislada o el reflejo de algo m\u00e1s profundo?<\/strong> La reforma, aprobada durante este mes, ha sido cuestionada por organismos internacionales por su impacto en los derechos de la ni\u00f1ez. <\/p>\n Tambi\u00e9n es un s\u00edntoma claro del momento que atraviesa el pa\u00eds y de una tendencia regional, visible en varios pa\u00edses, en la que el endurecimiento penal<\/strong> convive con un progresivo deterioro institucional y el debilitamiento de los controles sobre el poder.<\/p>\n Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n prorrogado una y otra vez. Ya van 49 extensiones.<\/strong> En ese contexto, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES),<\/strong> respaldado, entre otras organizaciones, por InterJust, public\u00f3 recientemente un informe que tiene una conclusi\u00f3n clara: existe base razonable para creer que en El Salvador se est\u00e1n cometiendo cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/a><\/p>\n El est\u00e1ndar de \u201cbase razonable para creer\u201d es el que utiliza la Corte Penal Internacional para decidir si corresponde abrir una investigaci\u00f3n formal, como ocurri\u00f3, por ejemplo, en el caso de Venezuela<\/strong> y es el umbral que permite afirmar que se est\u00e1n cometiendo cr\u00edmenes de lesa humanidad y que la situaci\u00f3n exige una investigaci\u00f3n.<\/p>\n M\u00e1s de 89.000 personas<\/strong> han sido detenidas en el marco del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, con serias preocupaciones sobre el respeto de las garant\u00edas b\u00e1sicas de debido proceso. El propio presidente reconoci\u00f3 que al menos 8000 eran inocentes.<\/strong> El informe documenta adem\u00e1s 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos ni\u00f1os, y al menos 540 desapariciones forzadas.<\/p>\n El GIPES documenta tortura, tratos crueles y patrones de detenci\u00f3n arbitraria,<\/strong> tanto contra personas acusadas de pertenecer a pandillas como contra personas percibidas como opositoras. Y analiza estos hechos como parte de dos ataques distintos, aunque conectados entre s\u00ed, que podr\u00edan encajar en la categor\u00eda de cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/strong><\/p>\n No conozco ninguna organizaci\u00f3n de derechos humanos que cuestione la necesidad y obligaci\u00f3n de los Estados de implementar pol\u00edticas de seguridad.<\/strong> El planteo se centra en otra dimensi\u00f3n y es analizar si, bajo la cobertura del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n,<\/strong> se est\u00e1n cometiendo cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n A partir de la publicaci\u00f3n del informe, es llamativo observar que la respuesta nunca se centr\u00f3 en discutir sus conclusiones jur\u00eddicas, sino en desacreditar <\/strong>a quienes lo respaldaban. <\/p>\n Desde el propio Ejecutivo y en redes sociales se despleg\u00f3 una narrativa de ataque<\/strong> dirigida a organizaciones y personas. Pero nunca los cuestionamientos pretendieron responder a la pregunta central: \u00bfse cumplen los elementos del tipo penal de crimen de lesa humanidad<\/strong> o existe un ataque generalizado o sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil? Se dirige a quienes la plantean. Y en ese desplazamiento,<\/strong> se diluye la respuesta a lo m\u00e1s importante.<\/p>\n La reforma que introduce la cadena perpetua, incluso para ni\u00f1os desde los 12 a\u00f1os, no cambia por s\u00ed sola esa calificaci\u00f3n jur\u00eddica. Pero s\u00ed refuerza una preocupaci\u00f3n m\u00e1s amplia: la de una suerte de \u201carquitectura punitiva\u201d<\/strong> que ya no opera como respuesta temporal a una emergencia, sino como un sistema que se consolida, se endurece y se normaliza. <\/p>\n El derecho internacional no solo permite, sino que exige a los Estados proteger a la poblaci\u00f3n<\/strong> frente a la criminalidad. Esa obligaci\u00f3n no est\u00e1 en discusi\u00f3n. <\/p>\n Lo que s\u00ed impide el derecho internacional es hacerlo mediante detenciones arbitrarias masivas, tortura, desapariciones forzadas,<\/strong> muertes bajo custodia o la destrucci\u00f3n de las garant\u00edas judiciales.<\/strong> Y cuando estos patrones se repiten, la discusi\u00f3n deja de ser de pol\u00edtica criminal o, m\u00e1s bien, la trasciende y pasa a ser una cuesti\u00f3n de derecho internacional penal.<\/p>\n Y eso tiene consecuencias concretas. Ruth L\u00f3pez,<\/strong> abogada y defensora de derechos humanos, fue detenida en mayo de 2025. Amnist\u00eda Internacional la declar\u00f3 presa de conciencia. <\/strong>Cristosal, la organizaci\u00f3n donde trabajaba, tuvo que comenzar a operar desde el exilio. <\/a>Son miles los casos sin ese nivel de visibilidad: personas detenidas arbitrariamente, torturadas, madres y padres que no saben d\u00f3nde est\u00e1n sus hijos.<\/p>\n Cuando los sistemas internos no tienen la capacidad o la voluntad de investigar, el derecho internacional ofrece una respuesta poco conocida pero muy importante: la jurisdicci\u00f3n universal,<\/strong> que permite a jueces de otros pa\u00edses investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos con independencia de d\u00f3nde se hayan cometido. <\/p>\n Es una herramienta pensada precisamente para escenarios como este, y que desde InterJust<\/strong> hemos activado en distintas jurisdicciones nacionales frente a situaciones similares en Ucrania o Venezuela.<\/strong><\/p>\n Por eso el informe del GIPES importa tanto. Porque coloca en la agenda p\u00fablica un an\u00e1lisis jur\u00eddico objetivo. Lo que est\u00e1 en juego en El Salvador no es solo la proporcionalidad de una reforma penal m\u00e1s. <\/strong>Es si la comunidad internacional est\u00e1 dispuesta a tomar en serio una conclusi\u00f3n inc\u00f3moda, pero jur\u00eddicamente relevante: que existe base razonable<\/strong> para creer que, en nombre de la seguridad, se est\u00e1n cometiendo cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/strong><\/p>\n Es importante prestar atenci\u00f3n a lo que est\u00e1 sucediendo en El Salvador, porque el problema no es solo la excepci\u00f3n,<\/strong> sino las consecuencias <\/strong>que acarrea cuando se convierte en regla.<\/p>\n El autor es director para Am\u00e9rica Latina de InterJust<\/em><\/p>\n