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BOGOT\u00c1.\u2013 A primera vista, la Sierra Nevada de Santa Marta<\/strong> ofrece la imagen de un para\u00edso<\/strong>: playas de aguas cristalinas sobre el Caribe, selvas tropicales y monta\u00f1as coronadas con picos nevados. Sin embargo, detr\u00e1s de esa postal tur\u00edstica, una creciente violencia ligada a grupos armados ilegales<\/strong><\/a> mantiene bajo presi\u00f3n a comunidades ind\u00edgenas, comerciantes y autoridades ambientales en una de las regiones m\u00e1s emblem\u00e1ticas de Colombia<\/strong><\/a>.<\/p>\n En el coraz\u00f3n de esa tensi\u00f3n se encuentra el Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos m\u00e1s visitados del pa\u00eds<\/strong>, que recibe cada a\u00f1o a cientos de miles de turistas. All\u00ed, mientras los visitantes descansan frente al mar o hacen trekking en los senderos, operan estructuras armadas que imponen su control territorial mediante extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad<\/strong>. <\/p>\n \u201cTenemos miedo y angustia\u201d<\/strong>, resume Atanasio Moscote, gobernador del pueblo kogui, desde lo alto de la Sierra, territorio que estas comunidades consideran \u201cel coraz\u00f3n del mundo\u201d. Su testimonio refleja el clima de incertidumbre que atraviesan los pueblos originarios<\/strong>. <\/p>\n Las denuncias apuntan a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada<\/strong> (ACSN), un grupo de origen paramilitar que se financia, en gran parte, a trav\u00e9s del control de rutas del narcotr\u00e1fico<\/strong>. Su presencia se traduce en una \u201cgobernanza armada\u201d <\/strong>que regula desde el acceso a determinadas zonas hasta actividades econ\u00f3micas cotidianas.<\/p>\n La situaci\u00f3n llev\u00f3 al gobierno del presidente Gustavo Petro<\/strong> a tomar una medida in\u00e9dita. El cierre temporal del Parque Tayrona durante m\u00e1s de dos semanas<\/strong> entre febrero y marzo, fue justificado por las autoridades como una respuesta a las amenazas contra guardaparques, los bloqueos en los accesos y la proliferaci\u00f3n de cobros ilegales a visitantes y prestadores de servicios<\/strong>. Seg\u00fan informes oficiales, ese contexto \u201cimpide asegurar condiciones m\u00ednimas de seguridad\u201d dentro del \u00e1rea protegida. <\/p>\n El deterioro de la seguridad se produce en un momento clave para el turismo. Con unas 15.000 hect\u00e1reas y cerca de 600.000 visitantes anuales, el Tayrona es uno de los principales motores econ\u00f3micos de la regi\u00f3n<\/strong>, especialmente en temporadas altas como diciembre, enero y Semana Santa. Sin embargo, operadores del sector advierten que la violencia comienza a impactar en la llegada de viajeros. \u201cAfecta el n\u00famero de visitantes. \u00bfQui\u00e9n va a hacer turismo a Ucrania o a Ir\u00e1n?\u201d<\/strong>, plantea \u00d3mar Garc\u00eda, dirigente hotelero en Santa Marta. <\/p>\n Detr\u00e1s del recrudecimiento del conflicto hay una disputa territorial entre grupos armados<\/strong>. Seg\u00fan la analista \u00c1ngela Olaya, de la Fundaci\u00f3n Conflict Responses, desde 2020 el Clan del Golfo<\/strong> \u2014la mayor organizaci\u00f3n narcotraficante del pa\u00eds\u2014 intenta arrebatar el control de la zona a las ACSN<\/strong>. Esta confrontaci\u00f3n se intensific\u00f3 a partir de 2023 y deriv\u00f3 en episodios de extrema violencia<\/strong>, como la masacre de cinco civiles en enero en el municipio de Maicao, en la vecina regi\u00f3n de La Guajira. <\/p>\n \u201cEl escenario actual refleja un punto c\u00faspide de una confrontaci\u00f3n que lleva a\u00f1os\u201d<\/strong>, explica Olaya. Tradicionalmente, cuando un solo grupo manten\u00eda el control hegem\u00f3nico del territorio, la violencia tend\u00eda a disminuir. Sin embargo, el reciente reacomodo de fuerzas ha generado nuevos choques, especialmente por el control log\u00edstico y econ\u00f3mico del parque<\/strong>: qui\u00e9n ingresa, qu\u00e9 mercanc\u00edas circulan y bajo qu\u00e9 condiciones. <\/p>\n La Defensor\u00eda del Pueblo alert\u00f3 que esta disputa afecta \u201cparticularmente a pueblos ind\u00edgenas, poblaci\u00f3n afrodescendiente, campesina y pescadores\u201d<\/strong>, adem\u00e1s de l\u00edderes sociales y defensores de derechos humanos. <\/p>\n Los guardaparques se han convertido en blanco de intimidaciones por su labor de protecci\u00f3n ambiental<\/strong>, que choca con intereses ilegales como la tala <\/strong>o el uso de rutas para el narcotr\u00e1fico<\/strong>. \u201cNuestra presencia en cada rinc\u00f3n es vital para conservar los recursos\u201d, se\u00f1ala Yeiner Hern\u00e1ndez, funcionario del parque, quien reconoce haber recibido advertencias por parte de actores armados<\/strong>. Investigadores sostienen que estos grupos tambi\u00e9n obtienen ingresos del turismo, al controlar playas estrat\u00e9gicas y cobrar extorsiones disfrazadas de tarifas. <\/p>\n La Sierra Nevada<\/strong>, con una extensi\u00f3n de m\u00e1s de 2,3 millones de hect\u00e1reas, ha sido hist\u00f3ricamente escenario de disputas armadas<\/strong>, incluyendo la presencia de la extinta guerrilla de las FARC<\/strong>. En la actualidad, adem\u00e1s de las ACSN y el Clan del Golfo, persisten econom\u00edas ilegales como la miner\u00eda de oro, que contamina fuentes de agua con mercurio<\/strong>. <\/p>\n Para las comunidades ind\u00edgenas, el impacto es especialmente grave. \u201cEstos grupos se han subido a la parte m\u00e1s alta\u201d, denuncia Luis Salcedo, gobernador arhuaco. \u201cAfectan a una poblaci\u00f3n que vive de sus cultivos y su conocimiento, que en muchos casos ni siquiera habla espa\u00f1ol\u201d, agrega. <\/p>\n El gobierno de Petro intent\u00f3 incluir a las ACSN dentro de su pol\u00edtica de \u201cpaz total\u201d, orientada a negociar el desarme de organizaciones armadas<\/strong>. Sin embargo, las conversaciones no avanzaron y la presi\u00f3n estatal aument\u00f3 tras la reclasificaci\u00f3n del grupo como \u201cGrupo Armado Organizado\u201d, lo que habilita una intervenci\u00f3n m\u00e1s directa de las Fuerzas Armadas. <\/p>\n Seg\u00fan la investigadora Norma Vera, las ACSN act\u00faan como una autoridad de facto en la regi\u00f3n<\/strong>, con capacidad para regular la vida cotidiana. \u201cControlan incluso el plato de comida que se vende a los turistas\u201d<\/strong>, afirma. Este tipo de extorsi\u00f3n<\/strong>, se\u00f1ala el Ministerio de Defensa, ha crecido de forma sostenida: desde 2022 se registraron m\u00e1s de 46.000 denuncias en todo el pa\u00eds<\/strong>. <\/p>\n Agencia AFP y diario <\/strong>El Pa\u00eds<\/strong><\/em><\/p>\n