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El Gobierno formaliz\u00f3 el nuevo contrato de concesi\u00f3n de AySA<\/strong>, una pieza clave para avanzar con la privatizaci\u00f3n<\/strong>. El nuevo marco introduce cambios de fondo en la forma en que se financia y se gestiona el servicio de agua y cloacas en el \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)<\/strong>. El esquema insiste en los cortes por mora de usuarios residenciales<\/strong>, establece multas por falta de pago<\/strong> y fija un sistema de tarifas orientado a cubrir costos e inversiones<\/strong>, en l\u00ednea con el objetivo oficial de eliminar subsidios.<\/p>\n El texto, publicado este martes en el Bolet\u00edn Oficial y firmado por la empresa, tendr\u00e1 una vigencia de 30 a\u00f1os<\/strong>, con posibilidad de una pr\u00f3rroga por otros 10, y reemplaza el esquema vigente desde 2010. La concesi\u00f3n mantiene el car\u00e1cter de monopolio del servicio<\/strong> en el \u00e1rea regulada y, adem\u00e1s, es gratuita<\/strong>, es decir, no prev\u00e9 el pago de un canon al Estado. Esto implica que la rentabilidad del operador depender\u00e1 de los ingresos tarifarios<\/strong>.<\/p>\n \u201cEl cambio no es cosm\u00e9tico: es el marco jur\u00eddico que hace permanente la transformaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 el presidente de AySA, Alejo Maxit. Seg\u00fan explic\u00f3, desde 2024 la compa\u00f1\u00eda ya cubre el 100% de sus costos operativos<\/strong> con facturaci\u00f3n propia, sin aportes del Tesoro.<\/p>\n En ese contexto, las tarifas ya ven\u00edan de un proceso de fuerte recomposici\u00f3n. Seg\u00fan el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la boleta de agua en el AMBA acumul\u00f3 un aumento del 418% desde diciembre de 2023<\/strong>, en l\u00ednea con la reducci\u00f3n de subsidios y el intento de llevar el servicio a un esquema autosustentable.<\/p>\n En materia tarifaria, el contrato establece que durante el primer ciclo \u2014que se extender\u00e1 hasta 2031\u2014 no habr\u00e1 revisiones integrales de precios, aunque se mantienen los mecanismos de actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica<\/strong> y la posibilidad de aplicar revisiones extraordinarias<\/strong> ante cambios en los costos. El esquema parte de la premisa de que los ingresos tarifarios deben cubrir costos, inversiones y una rentabilidad sobre el capital<\/strong>, lo que apunta a garantizar la sustentabilidad econ\u00f3mica del servicio.<\/p>\n En paralelo, el Gobierno decidi\u00f3 moderar el ritmo de subas. Luego de un esquema con aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril, el nuevo tope ser\u00e1 de hasta 3% mensual entre mayo y agosto<\/strong>, seg\u00fan inform\u00f3 la empresa. La medida apunta a sostener la adecuaci\u00f3n tarifaria \u201cde manera gradual y controlada\u201d, acompa\u00f1ar la evoluci\u00f3n de los costos y dar previsibilidad a la ejecuci\u00f3n de obras.<\/p>\n Uno de los cambios m\u00e1s sensibles para los usuarios es el endurecimiento del r\u00e9gimen de cobro. El contrato habilita de manera expl\u00edcita el corte del servicio por falta de pago cuando la mora supere los 60 d\u00edas corridos para los usuarios residenciales<\/strong> y los 15 d\u00edas corridos para los no residenciales<\/strong>, contados desde el segundo vencimiento de la factura. <\/p>\n Adem\u00e1s, prev\u00e9 el cobro de cargos por aviso de corte, corte, reconexi\u00f3n e inspecciones posteriores, y permite aplicar cortes sucesivos si la deuda no se regulariza o si se viola la suspensi\u00f3n del servicio.<\/strong><\/p>\n El endurecimiento del r\u00e9gimen de cobro se inscribe adem\u00e1s en un cambio previo del marco regulatorio. <\/strong>A trav\u00e9s del DNU 493\/2025, el Gobierno hab\u00eda habilitado por primera vez la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago a usuarios residenciales, una facultad que hasta entonces estaba limitada a usuarios no residenciales y que, en el caso de los hogares, solo permit\u00eda la restricci\u00f3n del suministro pero no su interrupci\u00f3n total.<\/p>\n Sin embargo, esa modificaci\u00f3n se encuentra actualmente suspendida por una medida cautelar de la Justicia Federal, que orden\u00f3 dejar sin efecto la aplicaci\u00f3n de ese r\u00e9gimen para inmuebles residenciales,<\/strong> en especial cuando se trate de viviendas habitadas por personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, como ni\u00f1os, adultos mayores o personas con discapacidad.<\/p>\n El nuevo contrato tambi\u00e9n establece recargos -o multas- por mora. Para todos los usuarios se aplicar\u00e1 un recargo resarcitorio equivalente a la tasa activa del Banco Naci\u00f3n a 30 d\u00edas<\/strong>, que se incrementar\u00e1 en un 50% para los usuarios no residenciales<\/strong>. Adem\u00e1s, se sumar\u00e1n recargos punitorios: del 5% para residenciales y bald\u00edos<\/strong> despu\u00e9s del primer mes de mora, y de entre 5% y 10% para no residenciales<\/strong>, seg\u00fan el plazo de atraso. Tambi\u00e9n se prev\u00e9n recargos adicionales si la empresa inicia gestiones de cobranza por apoderado o por v\u00eda judicial.<\/p>\n La formalizaci\u00f3n del contrato se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda y se inscribe en el proceso de reorganizaci\u00f3n del sector iniciado tras la aprobaci\u00f3n de la Ley Bases, que declar\u00f3 a AySA sujeta a privatizaci\u00f3n. El nuevo marco era una condici\u00f3n previa para avanzar con la venta del paquete accionario estatal<\/strong>, ya que fija reglas m\u00e1s claras sobre tarifas, inversiones y obligaciones del operador.<\/p>\n En ese sentido, el esquema prev\u00e9 la incorporaci\u00f3n de un operador estrat\u00e9gico<\/strong> a trav\u00e9s de una licitaci\u00f3n p\u00fablica nacional e internacional. La intenci\u00f3n oficial es vender el paquete mayoritario en manos del Estado \u2014con al menos el 51% del capital<\/strong>\u2014 a un inversor con capacidad t\u00e9cnica y financiera, mientras que el remanente podr\u00eda colocarse en el mercado de capitales en una etapa posterior. En paralelo, se mantendr\u00eda el 10% del capital en manos de los trabajadores<\/strong>.<\/p>\n El dise\u00f1o del contrato apunta justamente a reducir el riesgo regulatorio y mejorar el atractivo del activo de cara a la licitaci\u00f3n. El esquema combina el monopolio del servicio<\/strong>, reglas tarifarias m\u00e1s claras, financiamiento de inversiones v\u00eda tarifa y menor discrecionalidad en la fijaci\u00f3n de precios, factores que podr\u00edan incidir en la valuaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n El nuevo modelo tambi\u00e9n redefine el financiamiento de las obras. Las inversiones necesarias para expandir y mantener la red \u2014incluidas en planes quinquenales obligatorios<\/strong>\u2014 podr\u00e1n ser incorporadas a la tarifa. Esto implica que una mayor cobertura o mejoras en la infraestructura tendr\u00e1n impacto directo en la factura de los usuarios, en un contexto en el que el sistema presenta desaf\u00edos estructurales: cerca del 28% de la red de agua y el 50% de los sistemas cloacales<\/strong> se encuentran obsoletos y m\u00e1s del 40% del agua producida no se registra o se pierde<\/strong>.<\/p>\n El cambio llega despu\u00e9s de un per\u00edodo de fuerte ajuste en la empresa. En 2024, AySA registr\u00f3 super\u00e1vit por primera vez en m\u00e1s de una d\u00e9cada y en 2025 cerr\u00f3 con un saldo positivo de $237.000 millones<\/strong>, al tiempo que redujo su deuda en un 85%<\/strong>. Las transferencias del Tesoro pasaron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025<\/strong>, concentradas exclusivamente en obras. La dotaci\u00f3n de personal, en tanto, se redujo un 22%<\/strong>, de 7790 empleados a 6069.<\/p>\n En los hechos, el nuevo contrato redefine el v\u00ednculo entre el usuario, el Estado y el servicio: el costo deja de estar socializado v\u00eda subsidios y pasa a concentrarse en la tarifa<\/strong>, en un esquema que busca asegurar la sostenibilidad econ\u00f3mica de la concesi\u00f3n y preparar el terreno para la entrada de capital privado<\/strong>. El Gobierno espera sumar cerca de US$500 millones que ser\u00e1n destinados al pago de la deuda.<\/p>\n