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La Justicia proces\u00f3 a D\u00eda Argentina S.A.<\/strong> en una causa por presunta evasi\u00f3n previsional<\/strong> vinculada al uso de contratos de franquicia, concesi\u00f3n y consignaci\u00f3n que, seg\u00fan el expediente, habr\u00edan servido para encubrir relaciones laborales, y le impuso un embargo de $800 millones<\/strong> sobre sus bienes. La decisi\u00f3n fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b02, en el expediente \u201cDIA ARGENTINA S.A. y otros s\/ infracci\u00f3n Ley 24.769\u201d, al que accedi\u00f3 LA NACION, con resoluci\u00f3n fechada el 20 de abril y notificada al d\u00eda siguiente.<\/p>\n En la parte resolutiva, el juez Pablo Yadarola dispuso \u201cDECRETAR EL PROCESAMIENTO de la firma DIA ARGENTINA S.A.<\/strong>\u201d y \u201cTRABAR EMBARGO sobre el dinero o los bienes de DIA ARGENTINA S.A., hasta cubrir la suma de $800.000.000<\/strong>\u201d.<\/p>\n Consultada por LA NACION, D\u00eda Argentina S.A. sostuvo que \u201ccumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente\u201d y defendi\u00f3 la legitimidad de su modelo comercial. La empresa afirm\u00f3 adem\u00e1s que el proceso judicial \u201cse encuentra en una etapa inicial de prueba\u201d,<\/strong> en la que se analizan y presentan \u201clos elementos necesarios para su evaluaci\u00f3n\u201d, y remarc\u00f3 que \u201cno existe al momento ninguna resoluci\u00f3n definitiva\u201d.<\/strong><\/p>\n La compa\u00f1\u00eda agreg\u00f3 que mantiene \u201csistemas de control interno, auditor\u00eda y cumplimiento\u201d y que se encuentra \u201ca total disposici\u00f3n de las autoridades competentes\u201d <\/strong>para aportar documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n requerida.<\/p>\n En la resoluci\u00f3n judicial se indic\u00f3 que se trata de 34 hechos. <\/strong>El procesamiento comprende presunta evasi\u00f3n previsional simple por los per\u00edodos 3\/2016 a 5\/2016, 7\/2016 a 11\/2016 y 1\/2017 a 5\/2017, por montos superiores a $7 millones mensuales. Tambi\u00e9n incluye presunta evasi\u00f3n previsional agravada por utilizaci\u00f3n de terceros interpuestos en 12\/2015, 6\/2016, 12\/2016 y 6\/2017 a 12\/2018, por sumas superiores a $14 millones.<\/p>\n El expediente sostuvo como hip\u00f3tesis que la compa\u00f1\u00eda se habr\u00eda valido de contratos de franquicia, concesi\u00f3n o consignaci\u00f3n<\/strong> para ocultar al verdadero sujeto obligado al pago de aportes y contribuciones a la seguridad social<\/strong>. En ese marco, el juzgado se\u00f1al\u00f3 que la discusi\u00f3n central consist\u00eda en determinar si exist\u00eda una autonom\u00eda comercial real de los supuestos franquiciados <\/strong>o si, por el contrario, operaban dentro de una estructura dirigida por la empresa matriz.<\/p>\n Entre las pruebas valoradas aparecen cruces de informaci\u00f3n laboral y fiscal, declaraciones testimoniales, intervenciones telef\u00f3nicas y el an\u00e1lisis de m\u00e1s de 20.000 correos electr\u00f3nicos corporativos<\/strong>. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, de ese material surg\u00edan indicios de injerencia directa del \u00e1rea de Recursos Humanos de la firma en la selecci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de personal<\/strong>, adem\u00e1s de decisiones sobre traslados y despidos.<\/p>\n Otro elemento citado fue el cruce de n\u00f3minas laborales, del que surgi\u00f3 que 2267 empleados<\/strong> prestaron servicios para m\u00e1s de un franquiciado. Para la acusaci\u00f3n, eso reforzaba la hip\u00f3tesis de una dependencia t\u00e9cnica y jur\u00eddica directa con la empresa. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n relev\u00f3 un universo de 1072 supuestos franquiciados<\/strong> y sostuvo que la fiscalizaci\u00f3n alcanz\u00f3 a 13.690 trabajadores<\/strong>: 993 franquiciados<\/strong> y 12.697 dependientes<\/strong> registrados formalmente por ellos.<\/p>\n Tambi\u00e9n se mencion\u00f3 el uso del sistema interno denominado \u201cllave 4\u201d<\/strong>, que, de acuerdo con el fallo, permit\u00eda a supervisores de la compa\u00f1\u00eda D\u00eda modificar stocks y precios de manera remota.<\/strong> A eso se sum\u00f3 que la recaudaci\u00f3n en efectivo era retirada por empresas de caudales contratadas por la compa\u00f1\u00eda y que los pagos electr\u00f3nicos se acreditaban en sus cuentas.<\/p>\n Para fijar el embargo, el juzgado tom\u00f3 en cuenta montos ajustados por la fiscalizaci\u00f3n de los per\u00edodos a\u00fan investigados, menos pagos efectuados a t\u00e9rmino, por $579.173.127,25<\/strong>, adem\u00e1s de una eventual multa y otros gastos del proceso.<\/p>\n La defensa hab\u00eda solicitado el sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de m\u00e9rito. Ambos planteos fueron rechazados en esta instancia. El procesamiento no implica una condena, <\/strong>sino que el juzgado consider\u00f3 reunidos elementos suficientes para avanzar con la causa penal contra la empresa.<\/strong><\/p>\n