La Justicia de Tierra del Fuego dict\u00f3 un fallo que ordena cancelar la inscripci\u00f3n de LeoLabs Argentina SRL, una empresa de capitales brit\u00e1nicos que hab\u00eda instalado un radar en Tolhuin. La demanda hab\u00eda sido presentada por la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) provincial, que cuestion\u00f3 la continuidad de la firma luego de que el Gobierno nacional dejara sin efecto, en 2023, la autorizaci\u00f3n para operar el radar. En ese momento, distintos organismos oficiales se\u00f1alaron dudas sobre el alcance del proyecto y su impacto estrat\u00e9gico. La decisi\u00f3n quedar\u00e1 firme la semana que viene si no hay apelaciones.<\/p>\n
El radar est\u00e1 en pleno continente argentino, a unos 700 kil\u00f3metros de las Islas Malvinas, una de las zonas m\u00e1s sensibles del Atl\u00e1ntico Sur. El proyecto fue aprobado durante la gesti\u00f3n de Alberto Fern\u00e1ndez y fue presentado como un sistema para monitorear basura espacial. Sin embargo, desde su instalaci\u00f3n gener\u00f3 una fuerte pol\u00e9mica por su potencial uso civil y militar, su ubicaci\u00f3n estrat\u00e9gica y sus v\u00ednculos internacionales con el gobierno brit\u00e1nico. Para la Argentina, el debate tambi\u00e9n involucra c\u00f3mo controlar la infraestructura tecnol\u00f3gica extranjera en \u00e1reas sensibles.<\/p>\n
La medida la tom\u00f3 el juez de primera instancia Gustavo Gonz\u00e1lez. En una entrevista con una radio local, el magistrado explic\u00f3 que la IGJ solicitaba la \u201cdisoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u201d de la sociedad y el tribunal fue m\u00e1s all\u00e1 luego de analizar informes del Ministerio de Defensa y de la Subsecretar\u00eda de Telecomunicaciones, que advert\u00edan sobre la capacidad dual y militar del radar. Con esos datos, el juez resolvi\u00f3 dejar sin efecto su inscripci\u00f3n en la provincia. En los hechos, esto implica que la firma no cuenta con respaldo legal para continuar con sus actividades bajo esa estructura.<\/p>\n
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Esta decisi\u00f3n judicial responde a la acci\u00f3n iniciada en septiembre de 2024 por la IGJ, donde se que si la empresa no contaba con permisos nacionales ni provinciales para operar por razones de seguridad nacional, su existencia como sociedad comercial perd\u00eda toda raz\u00f3n de ser seg\u00fan la Ley Nacional de Sociedades. <\/p>\n
Gonz\u00e1lez aclar\u00f3 que el fallo por s\u00ed solo no ordena la demolici\u00f3n del radar y las antenas, aunque al dejar sin personer\u00eda a la empresa, el aparato queda sin respaldo legal y se habilita el camino para su retiro o desarme. Esa acci\u00f3n, el desmantelamiento, ya tiene otra causa que tramit\u00f3 la municipalidad de Tolhuin ante el Superior Tribunal de Justicia provincial. En base a informaci\u00f3n brindada por la empresa y el Ejecutivo provincial, el radar est\u00e1 inactivo. El juez record\u00f3, por otro lado, que existe una medida cautelar de no innovar. Y que en ese caso cualquier operaci\u00f3n del radar implicar\u00eda un incumplimiento judicial grave que deber\u00eda ser denunciado.<\/p>\n
La medida judicial incluye una exhortaci\u00f3n a la IGJ para que, a futuro, extreme los controles previamente a la instalaci\u00f3n de determinadas empresas. \u201cNo es lo mismo una SRL que quiere fabricar zapatos que una empresa que quiere instalar un radar\u201d, sentenci\u00f3 el juez Gonz\u00e1lez.<\/p>\n<\/p><\/div>\n