debi\u00f3 adaptar su estrategia productiva trasladando parte de su operaci\u00f3n a Paraguay para reducir costos laborales y tributarios<\/mark>, y desde all\u00ed abastecer mercados del Cono Sur, incluyendo la Argentina.<\/p>\n\u201cEn Paraguay no pagamos IVA, Ingresos Brutos<\/strong> (en la Argentina es de 1,75%), no pagamos arancel de importaciones (de entre 18 y 20%), no hay impuesto al cheque ni tasa de seguridad e higiene ni tributamos tasa estad\u00edstica (del 3% en el pa\u00eds). Adem\u00e1s, el salario es de US$500 versus US$2000 en la Argentina si consider\u00e1s el costo de los despidos y los juicios<\/strong> laborales. Solo la ART encarece entre el 4% y el 12% el costo salarial\u201d, enumer\u00f3.<\/p>\nDe acuerdo a los escritos presentados ante la Justicia, la empresa emplea a un total de 147 colaboradores en la Argentina,<\/strong> distribuidos en las \u00e1reas de Administraci\u00f3n (93), Log\u00edstica (28) y Producci\u00f3n (26). <\/p>\nPara Goldmund, la situaci\u00f3n financiera era compleja. Y, de acuerdo al expediente, el punto de inflexi\u00f3n tuvo lugar el 27 de febrero, fecha que desde la firma se\u00f1alan como el punto de partida del estado de cesaci\u00f3n de pagos.<\/strong><\/p>\n\u201cFue desde la imposibilidad de atender un vencimiento por la suma de $290 millones el viernes 27 de febrero de 2026 con el Banco Industrial de Azul, y<\/mark>, en lo sucesivo, ya no fue posible atender, de modo general, las restantes obligaciones asumidas con el sistema financiero, lo que determin\u00f3 la ruptura de su cadena de pagos y el concursamiento inmediato a fin de preservar los activos, prenda com\u00fan de los acreedores\u201d, se\u00f1alaron en el expediente.<\/p>\nY explicaron: \u201cA diferencia de otras legislaciones, la Ley 24.522 no permite la solicitud de un concurso preventivo si no se encuentra configurado ese estado permanente que identifica la cesaci\u00f3n de pagos en su concepci\u00f3n amplia, aunque se hubiesen avizorado se\u00f1ales de alerta que en el derecho comparado permiten la solicitud de concurso cuando configura una insolvencia inminente\u201d.<\/p>\n
Entre los datos m\u00e1s salientes que surgen del expediente se destacan tambi\u00e9n cheques en suspenso: el juez orden\u00f3 el \u201cno pago\u201d de al menos 184 cheques de pago diferido librados antes de la presentaci\u00f3n, los cuales totalizan la suma de $608,5 millones<\/strong>. La Justicia dispuso que estos rechazos no generen multas ni inhabilitaciones, registr\u00e1ndose bajo la leyenda de \u201corden judicial\u201d.<\/p>\nLa certificaci\u00f3n contable de la empresa revela una deuda por acuerdos laborales por $53,1 millones y planes de facilidades con el organismo recaudador (ARCA) por un capital pendiente de $561,4 millones<\/strong>. El listado de deudores se divide en categor\u00edas comerciales (469), financieros (13), fiscales (4) y laborales (11)<\/p>\nEn el escrito judicial, desde la empresa tambi\u00e9n detallaron una deuda por c\u00e1nones locativos impagos <\/strong>vinculada a la planta industrial. Al momento de la presentaci\u00f3n del concurso, se encontraban impagos los alquileres de los primeros tres meses de 2026, por casi $630 millones.<\/strong><\/p>\nSeg\u00fan indicaron, esta deuda gener\u00f3 una situaci\u00f3n de \u201cparticular tensi\u00f3n\u201d con el locador, Good Park,<\/strong> poniendo en duda la continuidad del contrato, el cual tiene vigencia original hasta junio. \u201cEl canon locativo vigente presenta, en las circunstancias actuales, una excesiva onerosidad sobreviniente que compromete la continuidad de la explotaci\u00f3n en condiciones econ\u00f3micamente viables\u201d, indicaron.<\/p>\nActualmente, la actividad en la planta de La Tablada (La Matanza) se concentra en el ensamblaje de una cantidad limitada de productos (como hornos y licuadoras), mientras que el modelo de negocio se orienta prioritariamente a la importaci\u00f3n de componentes y productos terminados de China y de Paraguay.<\/strong><\/p>\nPara evitar el colapso operativo mientras dure el concurso, la Justicia dict\u00f3 una serie de medidas cautelares<\/strong>:<\/p>\nEl cronograma judicial establece que los acreedores tendr\u00e1n hasta el 17 de noviembre para solicitar la verificaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos. En tanto, el per\u00edodo de exclusividad para que la empresa presente una propuesta de acuerdo se extender\u00e1 hasta el 21 de septiembre de 2027.<\/strong><\/p>\nEl caso de Peabody se suma a otros movimientos s\u00edsmicos en la industria de electrodom\u00e9sticos. Tal es el caso de la estadounidense Whirlpool, que anunci\u00f3 el cierre de su planta en Pilar para pasar a un esquema importador, as\u00ed como el de la mexicana Mabe, que inici\u00f3 un proceso de retiros voluntarios y reorganizaci\u00f3n log\u00edstica en C\u00f3rdoba.<\/p>\n\n\n<\/section>\n<\/div>\n