indemnizaci\u00f3n final de $807 millones.<\/strong><\/a><\/p>\nEl caso se inici\u00f3 a partir de la denuncia del empleado, quien aleg\u00f3 haber sido forzado a un \u201cdespido indirecto\u201d tras a\u00f1os de una relaci\u00f3n laboral signada por presuntas irregularidades registrales. Seg\u00fan la sentencia, la compa\u00f1\u00eda utiliz\u00f3 en 2018 un acuerdo de desvinculaci\u00f3n ante el Seclo como un \u201cartilugio\u201d para modificar la categor\u00eda del trabajador: de Viajante de Comercio \u2014bajo la Ley 14.546\u2014 a \u201cPromotor\u201d, encuadrado en el convenio de Aguas y Gaseosas, una figura menos favorable en t\u00e9rminos salariales y de derechos.<\/strong><\/p>\nLos jueces aplicaron el principio de \u201cprimac\u00eda de la realidad\u201d y concluyeron que el v\u00ednculo laboral nunca se interrumpi\u00f3. En ese sentido, consideraron probado que la maniobra buscaba reducir costos y ocultar la verdadera antig\u00fcedad del empleado, que se remontaba a octubre de 2013.<\/strong><\/p>\nDespu\u00e9s, la empresa intent\u00f3 llevar el caso a la Corte Suprema de la Naci\u00f3n mediante un recurso extraordinario federal,<\/strong> argumentando que el fallo de la justicia mendocina era arbitrario y violaba garant\u00edas constitucionales como el debido proceso, la propiedad y el equilibrio en la protecci\u00f3n laboral.<\/p>\nSus planteos centrales fueron dos: por un lado, cuestion\u00f3 la nulidad del acuerdo firmado en el Seclo en 2018, sosteniendo que deb\u00eda considerarse v\u00e1lido; por otro, consider\u00f3 insuficiente la reducci\u00f3n de los intereses y pidi\u00f3 que se aplicaran tasas m\u00e1s bajas.<\/p>\n
Sin embargo, se conoci\u00f3 hoy que la Suprema Corte de Mendoza rechaz\u00f3 el recurso<\/strong>. Se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00eda una \u201ccuesti\u00f3n federal\u201d suficiente que justificara la intervenci\u00f3n de la Corte nacional, ya que el caso se basa principalmente en hechos, pruebas y normas de derecho com\u00fan, materias que no habilitan esa instancia.<\/p>\nAdem\u00e1s, el tribunal indic\u00f3 que la empresa se limit\u00f3 a reiterar argumentos ya analizados y a expresar desacuerdos con la interpretaci\u00f3n judicial, sin demostrar arbitrariedad.<\/strong> Tambi\u00e9n remarc\u00f3 que algunos planteos fueron introducidos fuera de tiempo y que la supuesta cuesti\u00f3n federal no fue correctamente planteada durante el proceso.<\/p>\nDespu\u00e9s del primer fallo de la Corte provincial, consultado por LA NACION, Orlando Canido, titular de la empresa, cuestion\u00f3 la sentencia. \u201cEs una desproporci\u00f3n total. <\/strong>No puede ser que una persona trabaje seis a\u00f1os con un sueldo de $2,5 millones y tenga que pagar $800 millones de indemnizaci\u00f3n. As\u00ed nadie va a contratar a nadie. Pero bueno, es lo que resolvi\u00f3 la Justicia. \u00c9l tiene derecho a hacer el juicio y lo manejar\u00e1n los abogados; y si no, pagar\u00e9, qu\u00e9 voy a hacer. Pero no tiene ning\u00fan sentido\u201d, hab\u00eda dicho.<\/p>\nUno de los puntos m\u00e1s sensibles del expediente fue el c\u00e1lculo de los intereses. En la sentencia de c\u00e1mara, los accesorios superaban los $1235 millones.<\/strong> Sin embargo, la Suprema Corte \u2014con los votos de los jueces Omar Palermo y Norma Llatser\u2014 decidi\u00f3 aplicar la facultad prevista en el art\u00edculo 771 del C\u00f3digo Civil y Comercial para morigerar esas tasas.<\/p>\nEl tribunal argument\u00f3 que el demandante no encuadraba dentro de la figura de \u201ctrabajador vulnerable\u201d. Seg\u00fan destac\u00f3, se trata de un empresario con experiencia en la actividad comercial, fundador y propietario de la cadena de supermercados \u201cLa Yunta\u201d, con base en San Rafael. Adem\u00e1s, percib\u00eda una remuneraci\u00f3n que superaba en m\u00e1s de 24 veces el \u00edndice Ripte de la \u00e9poca.<\/p>\n
Bajo este criterio, los magistrados consideraron que la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las tasas provinciales generaba una \u201cdesproporci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d que no se ajustaba a la realidad del demandante. De este modo, recalcularon los intereses y redujeron significativamente el monto final de la condena.<\/p>\n
La liquidaci\u00f3n qued\u00f3 establecida en $223,4 millones en concepto de capital y $584,2 millones por intereses moratorios \u2014casi un 50% menos que el c\u00e1lculo previo\u2014, lo que arroj\u00f3 un total de $807,6 millones.<\/p>\n
Por otro lado, la Corte rechaz\u00f3 el pedido de Refres Now de abonar la indemnizaci\u00f3n en cuotas<\/strong>. Argument\u00f3 que esa instancia de negociaci\u00f3n ya hab\u00eda sido transitada sin \u00e9xito entre las partes durante el proceso judicial.<\/p>\nOrlando Canido fund\u00f3 Manaos en 2004, aunque su trayectoria en el negocio de las bebidas se remonta a m\u00e1s de cinco d\u00e9cadas. Antes de crear Refres Now, se desempe\u00f1\u00f3 como distribuidor de la cerveza Bieckert y el vino Crespi, y trabaj\u00f3 con compa\u00f1\u00edas como Coca-Cola y Pepsi, hoy sus principales competidores. Tambi\u00e9n particip\u00f3 en la comercializaci\u00f3n de Sao, una l\u00ednea de gaseosas de bajo costo elaborada por San Isidro Refrescos, un antiguo embotellador de Coca-Cola.<\/p>\n\n\n<\/section>\n<\/div>\n