El Gobierno de Javier Milei <\/strong>dio un paso concreto para cerrar uno de los \u00faltimos cap\u00edtulos abiertos del default de 2001<\/strong>: envi\u00f3 al Senado<\/strong><\/a> de la Naci\u00f3n el proyecto de ley para aprobar el acuerdo con fondos buitre que continuaban litigando contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos. La iniciativa fija pagos por USD 171 millones<\/strong> y abre una cuenta regresiva pol\u00edtica en el Congreso, con un plazo l\u00edmite que el propio Ejecutivo defini\u00f3 como cr\u00edtico.<\/p>\n Seg\u00fan el texto oficial al que accedi\u00f3 PERFIL<\/strong><\/em> el acuerdo contempla desembolsos por USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para el grupo encabezado por Attestor<\/strong>. El Gobierno sostiene que logr\u00f3 una quita superior al 30%<\/strong> sobre los montos originales en disputa.<\/p>\n La urgencia es expl\u00edcita: el convenio establece como fecha l\u00edmite el 30 de abril<\/strong>. Si el Congreso no lo aprueba antes de ese plazo, las transacciones se caen autom\u00e1ticamente y la Argentina deber\u00eda retomar los litigios \u201cbajo condiciones financieras significativamente m\u00e1s gravosas\u201d, seg\u00fan advierte el proyecto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni<\/strong>, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques<\/strong>.<\/p>\n \n Esto no les gusta a los autoritarios\n <\/p>\n \n El ejercicio del periodismo profesional y cr\u00edtico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los due\u00f1os de la verdad.\n <\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n El entendimiento fue alcanzado en marzo y formalizado ante la jueza Loretta Preska<\/strong>, quien concentra los juicios contra la Argentina en ese distrito. Se trata de dos grupos de acreedores que nunca ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default y que contaban con sentencias firmes a su favor.<\/p>\n La Justicia brit\u00e1nica descarta a Londres y reabre el misterio: d\u00f3nde est\u00e1 el oro del Banco Central<\/a><\/p>\n En los \u00faltimos a\u00f1os, esos fondos avanzaron con medidas de presi\u00f3n judicial, incluidos pedidos de embargo sobre activos argentinos en el exterior. De hecho, en 2025 lograron capturar USD 310 millones depositados en la Reserva Federal de Nueva York <\/strong>como garant\u00eda de los antiguos bonos Brady, un antecedente que empuj\u00f3 al Gobierno a cerrar la negociaci\u00f3n.<\/p>\n El acuerdo ahora en discusi\u00f3n prev\u00e9 un mecanismo de \u201centrega contra pago\u201d: la Argentina cancela la deuda y recibe los t\u00edtulos en litigio<\/strong>. Adem\u00e1s, establece que los costos legales correr\u00e1n por cuenta de los acreedores.<\/p>\n Desde el Ejecutivo remarcan que la aprobaci\u00f3n parlamentaria no solo permitir\u00e1 saldar la deuda, sino tambi\u00e9n desactivar los procesos de \u201cdiscovery\u201d, a trav\u00e9s de los cuales los fondos ven\u00edan solicitando informaci\u00f3n sobre activos del pa\u00eds, incluyendo cuentas bancarias, privatizaciones y participaciones en empresas.<\/p>\n El env\u00edo del proyecto activa una negociaci\u00f3n contrarreloj en el Congreso<\/strong>, donde el oficialismo necesita garantizar los votos para evitar que el acuerdo se caiga. Fuentes parlamentarias confiaron a PERFIL<\/strong><\/em> en que habr\u00e1 una reacci\u00f3n favorable de parte de los legisladores, aunque la agenda est\u00e1 muy apretada: esta semana no habr\u00e1 sesi\u00f3n porque hay un grupo de legisladores que viajaron a Washington invitados por AmCham, mientras que el mi\u00e9rcoles ya hay una sesi\u00f3n de alto voltaje en Diputados donde Adorni tendr\u00e1 que responder, mientras est\u00e1 acorralado por frentes judiciales, unas 4800 preguntas de la c\u00e1mara baja.<\/p>\n La oposici\u00f3n afila el 29 de abril para acorralar a Adorni en Diputados mientras Milei lo blinda y los aliados desconf\u00edan<\/a><\/p>\n El trasfondo no es solo financiero. Sebasti\u00e1n Maril<\/strong>, consultor especializado en litigios de deuda, advirti\u00f3 en sus redes sociales que la definici\u00f3n ser\u00e1 \u201cuna primera prueba de cu\u00e1nto capital pol\u00edtico est\u00e1 dispuesto a invertir el Poder Ejecutivo en un tema que, si bien es financieramente acotado, tiene un peso reputacional significativo\u201d.<\/p>\n El impacto fiscal, seg\u00fan esa misma evaluaci\u00f3n, es marginal en relaci\u00f3n con el volumen total de deuda, pero el riesgo de reabrir el frente judicial podr\u00eda implicar costos mayores<\/strong> en el mediano plazo.<\/p>\n El litigio que ahora busca cerrarse es un remanente de los procesos iniciados tras el default de 2001. En 2016, durante la gesti\u00f3n de Mauricio Macri<\/strong>,<\/a> la Argentina acord\u00f3 el pago de unos USD 9.300 millones a la mayor\u00eda de los holdouts<\/strong>, lo que permiti\u00f3 salir del default t\u00e9cnico y regresar a los mercados internacionales.<\/p>\n Ese proceso implic\u00f3 la emisi\u00f3n de deuda por unos USD 16.500 millones y la derogaci\u00f3n de las leyes que imped\u00edan mejorar las condiciones de los canjes anteriores<\/strong>. Sin embargo, un grupo minoritario de acreedores decidi\u00f3 continuar litigando en busca de mejores condiciones.<\/p>\n A pesar de que m\u00e1s del 95% de los bonistas acept\u00f3 las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2020, esos casos quedaron abiertos en la Justicia estadounidense y siguieron generando riesgos de embargo sobre activos argentinos.<\/p>\n JD\/EM<\/p>\n<\/p><\/div>\nLa presi\u00f3n sobre el Congreso<\/h2>\n
Del kirchnerismo a Macri y Milei: una deuda que atraviesa gobiernos<\/h2>\n