{"id":177698,"date":"2026-01-24T08:18:34","date_gmt":"2026-01-24T11:18:34","guid":{"rendered":"https:\/\/gysfm.com.ar\/inicio\/una-senal-correcta-que-llega-pero-no-alcanza\/"},"modified":"2026-01-24T08:18:34","modified_gmt":"2026-01-24T11:18:34","slug":"una-senal-correcta-que-llega-pero-no-alcanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gysfm.com.ar\/inicio\/una-senal-correcta-que-llega-pero-no-alcanza\/","title":{"rendered":"Una se\u00f1al correcta que llega, pero no alcanza"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<div id=\"article-content\">\n<p>El Gobierno nacional oficializ\u00f3 un aumento en las recompensas para obtener datos sobre el paradero de Loan Pe\u00f1a. El gesto merece ser se\u00f1alado y reconocido, aunque el monto fijado resulta claramente insuficiente frente a los riesgos que implica colaborar en una causa de esta magnitud y el objetivo perseguido.<\/p>\n<p>Reconocer lo que est\u00e1 bien no implica renunciar a la cr\u00edtica. La b\u00fasqueda de Loan exige decisiones a la altura de una responsabilidad que es indelegable del Estado.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Decisi\u00f3n correcta<\/strong><\/h2>\n<p>La decisi\u00f3n del Gobierno nacional de incrementar las recompensas vinculadas a la b\u00fasqueda de Loan constituye una se\u00f1al pol\u00edtica positiva, concreta, eficaz y que no debe ser ignorada. No por su impacto material, limitado, sino porque supone algo que, en estos tiempos, no es menor: escuchar.<\/p>\n<div class=\"subscription\">\n<p>\n        Esto no les gusta a los autoritarios\n    <\/p>\n<div class=\"subscription__container\">\n<div class=\"subscription__text-wrapper\">\n<p>\n                El ejercicio del periodismo profesional y cr\u00edtico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los due\u00f1os de la verdad.\n            <\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n<p>Escuchar a una familia. Escuchar a la justicia.<\/p>\n<p>Escuchar a una sociedad que, desde el 13 de junio de 2024, convive con una ausencia que interpela a todo el sistema institucional.<\/p>\n<p>No es menos cierto y doloroso que la suma dispuesta es insuficiente. No alcanza para garantizar la seguridad de un testigo, ni para permitirle reconstruir una vida si debe abandonar su entorno, su trabajo o incluso el pa\u00eds. En causas donde no puede descartarse la intervenci\u00f3n de estructuras de poder, el riesgo no es te\u00f3rico: es real.<\/p>\n<p>Sin embargo, tambi\u00e9n corresponde decirlo con la misma claridad: el Estado respondi\u00f3. Tarde, sin las expectativas esperadas para modificar una voluntad y poco en cuanto al monto, pero respondi\u00f3. Y acompa\u00f1ar, aunque sea de modo limitado, es preferible al silencio, la negaci\u00f3n o la indiferencia.<\/p>\n<p>No se le pide hero\u00edsmo a un testigo. Se le pide colaboraci\u00f3n. Y si esa colaboraci\u00f3n implica un quiebre vital, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de ofrecer una protecci\u00f3n acorde.<\/p>\n<p>Encontrar a Loan no es solo una deuda con su familia. Es una deuda con el propio Estado de Derecho. Esta decisi\u00f3n no resuelve el problema, pero abre una puerta que no debe cerrarse: la de una respuesta estatal m\u00e1s seria, m\u00e1s decidida y verdaderamente protectoria.<\/p>\n<p>Debe se\u00f1alarse, asimismo, que el reclamo por la actualizaci\u00f3n de la recompensa no fue epis\u00f3dico ni aislado, sino sostenido en el tiempo desde el \u00e1mbito judicial. En particular, la Cristina Pozzer Penzo, en su car\u00e1cter de magistrada interviniente, se hizo eco de manera reiterada de esa necesidad, formulando requerimientos concretos y fundados en funci\u00f3n del estado de la investigaci\u00f3n y de los riesgos inherentes a la eventual colaboraci\u00f3n testimonial. El \u00faltimo de esos pedidos obtuvo una respuesta pr\u00e1cticamente inmediata por parte del Poder Ejecutivo. M\u00e1s all\u00e1 de la valoraci\u00f3n cr\u00edtica que merece el monto fijado, corresponde reconocer institucionalmente este dato: existi\u00f3 escucha, existi\u00f3 interlocuci\u00f3n y existi\u00f3 respuesta<strong>.<\/strong> Que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la autoridad pol\u00edtica puedan dialogar dentro de sus competencias, sin claudicar funciones ni interferir indebidamente, constituye un elemento positivo en t\u00e9rminos republicanos y de funcionamiento del Estado de Derecho.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>\u00bfQu\u00e9 es juridicamente una recompensa?<\/strong><\/h2>\n<p>Una recompensa estatal no es un premio ni una gratificaci\u00f3n moral. Es una herramienta de pol\u00edtica criminal destinada a activar informaci\u00f3n relevante cuando los canales ordinarios de investigaci\u00f3n resultan insuficientes. Su funci\u00f3n no es simb\u00f3lica: es instrumental.<\/p>\n<p>Para que una recompensa cumpla su finalidad, debe reunir tres condiciones m\u00ednimas:<\/p>\n<p>Ser cre\u00edble (que el Estado efectivamente pague). Ser proporcional al riesgo que asume quien colabora. Permitir una reconfiguraci\u00f3n vital real, cuando la informaci\u00f3n brindada expone al testigo a represalias.<\/p>\n<p>Cuando estas condiciones no se cumplen, la recompensa deja de ser una herramienta eficaz y se convierte en un gesto meramente declarativo.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>El riesgo que asume un testigo en causas complejas<\/strong><\/h2>\n<p>En investigaciones como la de Loan, donde no puede descartarse la intervenci\u00f3n de redes de poder, encubrimientos o responsabilidades m\u00faltiples, dar informaci\u00f3n no es un acto neutro. Implica, en muchos casos: p\u00e9rdida del anonimato, riesgo f\u00edsico directo, ruptura de v\u00ednculos familiares, imposibilidad de permanecer en el lugar de residencia, eventual necesidad de salida del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Ninguna persona razonable asume ese nivel de riesgo si el Estado no ofrece una protecci\u00f3n material acorde. No se trata de exigir valent\u00eda individual, sino de organizar racionalmente la cooperaci\u00f3n.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Antecedentes comparativos: orden de magnitud de las recompensas<\/strong><\/h2>\n<p>Antecedentes comparados sobre ofrecimiento de recompensas en investigaciones complejas: el ofrecimiento de recompensas estatales como mecanismo excepcional de obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n relevante registra antecedentes consistentes, tanto en el derecho interno como en el comparado, particularmente en investigaciones atravesadas por pactos de silencio, temor social o criminalidad organizada.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Caso Jos\u00e9 Luis Cabezas (Argentina, 1997).<\/strong><\/h2>\n<p>En el marco de la investigaci\u00f3n por la privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad y posterior homicidio del fot\u00f3grafo Jos\u00e9 Luis Cabezas, el Estado ofreci\u00f3 una recompensa de USD 300.000. Dicho incentivo result\u00f3 constituy\u00f3 un factor decisivo para obtener informaci\u00f3n testimonial que permiti\u00f3 quebrar el silencio imperante antes del juicio oral, en plena instrucci\u00f3n, identificar a los responsables y conducir el proceso hasta condenas firmes, confirmadas en instancias superiores. Este antecedente constituye un caso paradigm\u00e1tico de utilizaci\u00f3n leg\u00edtima y eficaz del sistema de recompensas, en articulaci\u00f3n con medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Caso Loan Danilo Pe\u00f1a (Argentina<\/strong>).<\/h2>\n<p>En la presente causa, vinculada a la desaparici\u00f3n de un ni\u00f1o, la recompensa fue fijada inicialmente en AR$ 5.000.000, siendo posteriormente ampliada a AR$ 20.000.000, en atenci\u00f3n a la gravedad del hecho, el tiempo transcurrido y la necesidad de incentivar la colaboraci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n<h2><strong>Desaparici\u00f3n de joven adulto \u2013 Provincia del Chaco (Argentina).<\/strong><\/h2>\n<p>En un caso reciente de desaparici\u00f3n de un hombre adulto, las autoridades ofrecieron una recompensa de AR$ 5.000.000 para quien aportara datos \u00fatiles para el esclarecimiento del hecho. El joven por el cual se ofreci\u00f3 una recompensa se llama Nelson David Gusak, de 26 a\u00f1os, desaparecido desde septiembre de 2025 en Resistencia, provincia del Chaco.<\/p>\n<p>Las autoridades (a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 30\/2026) dispusieron ese monto para quienes aporten datos certeros y \u00fatiles que permitan dar con su paradero. El pedido fue formalizado por la Fiscal\u00eda de Investigaci\u00f3n N\u00b0 3 del Chaco, a cargo de la Dra. Rosana Beatriz Soto, bajo la hip\u00f3tesis de posible homicidio o trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Programa Global de Recompensas \u2013 Departamento de Estado de los Estados Unidos.<\/strong><\/h2>\n<p>En investigaciones vinculadas con delitos graves y criminalidad transnacional, el gobierno de los Estados Unidos prev\u00e9 recompensas de hasta USD 5.000.000 por informaci\u00f3n relevante.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Caso Robert Levinson (Estados Unidos).<\/strong><\/h2>\n<p>En relaci\u00f3n con la desaparici\u00f3n de un ex agente del FBI, se ofreci\u00f3 una recompensa de USD 1.000.000, en el marco de una investigaci\u00f3n federal de alta sensibilidad institucional.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Caso Dulce Mar\u00eda Alavez (Estados Unidos).<\/strong><\/h2>\n<p>En la b\u00fasqueda de una ni\u00f1a desaparecida, la recompensa fue progresivamente incrementada hasta alcanzar aproximadamente USD 52.000.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Caso William Tyrrell (Australia).<\/strong><\/h2>\n<p>En la investigaci\u00f3n por la desaparici\u00f3n de un ni\u00f1o, el Estado australiano ofreci\u00f3 una recompensa de AUD 1.000.000 (aproximadamente USD 650.000).<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Recompensas federales en los Estados Unidos.<\/strong><\/h2>\n<p>En numerosos casos de homicidios no resueltos o investigaciones complejas (v.gr., programa FBI Ten Most Wanted), las recompensas oscilan entre USD 50.000 y USD 250.000.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Recompensas locales en jurisdicciones estaduales de los Estados Unidos<\/strong>.<\/h2>\n<p>En casos de diversa naturaleza, se registran recompensas de USD 10.000 a USD 50.000, ofrecidas por autoridades locales o estaduales.<\/p>\n<p>Consideraci\u00f3n final relevante para la presente causa:<\/p>\n<p>Estos antecedentes demuestran que el ofrecimiento de recompensas no constituye un recurso excepcional impropio ni una admisi\u00f3n de fracaso investigativo, sino una herramienta leg\u00edtima de pol\u00edtica criminal, especialmente indicada cuando la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n depende de vencer el miedo, la intimidaci\u00f3n o el silencio estructural. En el caso Cabezas, antecedente nacional directo, la recompensa fue un factor decisivo para arribar a la verdad judicial, lo que refuerza la razonabilidad de su utilizaci\u00f3n en la presente causa, en forma compatible y complementaria con el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de testigos previsto en la Ley 25.764.<\/p>\n<p>En estos modelos, la recompensa no se concibe aisladamente, sino como parte de un paquete de garant\u00edas: dinero, identidad, traslado y protecci\u00f3n.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Por qu\u00e9 la suma fijada en el caso Loan es baja<\/strong><\/h2>\n<p>Sin necesidad de discutir cifras puntuales, el problema es estructural: la suma actualmente ofrecida no cubre: una relocalizaci\u00f3n internacional, la p\u00e9rdida de ingresos futuros, la protecci\u00f3n personal sostenida, el quiebre definitivo de una vida anterior.<\/p>\n<p>En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, no alcanza para comprar seguridad. Y sin seguridad, no hay incentivo racional para hablar.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>\u00bfCu\u00e1nto deber\u00eda ser una recompensa eficaz?<\/strong><\/h2>\n<p>Desde un enfoque serio de pol\u00edtica criminal, una recompensa eficaz deber\u00eda: permitir sostener varios a\u00f1os de subsistencia, cubrir traslado, vivienda y anonimato, ser compatible con programas de protecci\u00f3n de testigos, transmitir un mensaje claro: el Estado no abandona a quien colabora.<\/p>\n<p>Cuando esto no ocurre, el silencio no es cobard\u00eda: es autopreservaci\u00f3n.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Informar para no manipular<\/strong><\/h2>\n<p>Informar a la sociedad sobre estos est\u00e1ndares no debilita al Estado: lo fortalece, porque obliga a que las decisiones est\u00e9n a la altura del riesgo que se pide asumir a un ciudadano com\u00fan frente a estructuras potencialmente peligrosas.<\/p>\n<p>Decir que una recompensa existe no basta. Hay que explicar qu\u00e9 funci\u00f3n cumple y cu\u00e1ndo podr\u00eda fracasar por ser exigua.<\/p>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"width:630px\">\n<thead>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>COMPARATIVO DE RECOMPENSAS OFRECIDAS (MONTOS CONCRETOS)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"width:607px\">\n<thead>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Caso \/ Jurisdicci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>Tipo de caso<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>Recompensa oficial ofrecida<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Caso Jos\u00e9 Luis Cabezas \u2013 General Madariaga (Argentina, 1997)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad seguida de homicidio<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>USD 300.000<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Loan Pe\u00f1a (Argentina)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Desaparici\u00f3n de ni\u00f1o<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>AR$ 5.000.000<\/strong> (original) \u2192 <strong>AR$ 20.000.000<\/strong> (actual)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Joven desaparecido en Chaco (Argentina)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Desaparici\u00f3n de hombre adulto<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>AR$ 5.000.000<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Programa Global del Departamento de Estado (EE. UU.)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Informaci\u00f3n en casos graves \/ crimen global<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>Hasta USD 5.000.000<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Caso Robert Levinson (EE. UU.)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Agente retirado del FBI desaparecido<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>USD 1.000.000<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Caso Dulce Mar\u00eda Alavez (EE. UU.)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Ni\u00f1a desaparecida<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Recompensa aumentada a <strong>\u2248 USD 52.000<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>William Tyrrell (Australia)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Ni\u00f1o desaparecido<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>AUD 1.000.000<\/strong> (\u2248 <strong>USD 650.000<\/strong> aprox.)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Recompensas estatales en EE. UU. (ej.)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Casos sin resolver \/ homicidios<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>USD 50.000 a USD 250.000<\/strong> (ej.: <em>FBI Ten Most Wanted<\/em>)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Recompensas locales diversas (EE. UU.)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Casos variados<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>USD 10.000 \u2013 50.000<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<td>  \t\t\t  \t\t\t<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Qu\u00e9 muestra este cuadro<\/strong><\/h2>\n<ol>\n<li>\n<p>En Argentina, la recompensa por Loan pas\u00f3 de AR$ 5 millones a AR$ 20 millones, lo cual, en t\u00e9rminos reales y considerando magnitud de un cambio de vida, ocultamiento, y la verosimilitud de no conseguir trabajo por un tiempo prudencial debido a la necesidad de anonimato, sigue siendo limitado para casos de alto riesgo y necesidad de cooperaci\u00f3n activa.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Otros casos comparables, incluso de desapariciones de ni\u00f1os en jurisdicciones como Australia o Estados Unidos, manejan montos significativamente m\u00e1s altos (en d\u00f3lares o con referentes de programas globales).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>El Programa Global del Departamento de Estado de EE. UU. establece recompensas de hasta USD 5 millones para casos complejos, lo que es un est\u00e1ndar alto en materia de pol\u00edtica criminal incentivada.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>A nivel federal y estatal en EE. UU., hay recompensas de USD 50.000 a USD 250.000 en casos sin resolver o por informaci\u00f3n cr\u00edtica; esto marca otra referencia de proporcionalidad seg\u00fan gravedad y contexto criminal.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Cuestionamientos de las recompensas<\/strong><\/h2>\n<p>Frente a quienes cuestionan la existencia de recompensas estatales, conviene recordar una verdad b\u00e1sica: no todas las personas viven ni deciden desde el mismo lugar. Quien puede tener informaci\u00f3n relevante en una causa como esta muchas veces vive en contextos de pobreza<strong>, <\/strong>miedo<strong>, <\/strong>presi\u00f3n social<strong> <\/strong>o<strong> <\/strong>amenazas directas o indirectas vinculadas al crimen organizado. No se trata de valent\u00eda o de falta de valores, sino de supervivencia. Dar informaci\u00f3n puede implicar perder el trabajo, el barrio, la familia, o incluso poner en riesgo la propia vida. En ese escenario, pedir que alguien hable \u201cpor deber moral\u201d es desconocer la realidad concreta en la que se toman las decisiones. La recompensa no compra una verdad ni degrada el testimonio<strong>: <\/strong>permite que alguien pueda hablar sin quedar desamparado. Reduce el miedo, compensa el quiebre de una vida y hace posible la colaboraci\u00f3n sin exigir hero\u00edsmo. Entender esto no desmerece la decisi\u00f3n del Gobierno de otorgar una recompensa ni el rol de la jueza al reclamarla; por el contrario, permite comprender esa medida como lo que es: una herramienta leg\u00edtima del Estado para equilibrar situaciones profundamente desiguales y proteger a quien decide ayudar.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>El valor de las herramientas frente al crimen organizado<\/strong><\/h2>\n<p>Antes de descalificar las herramientas, conviene no confundir el medio con el fin. Quienes sostienen que ciertas herramientas \u2014como la inteligencia artificial o las recompensas\u2014 \u201cno sirven\u201d o \u201cno deber\u00edan usarse\u201d, suelen cometer ese error. Ninguna herramienta es buena o mala en s\u00ed misma: todo depende de qui\u00e9n la utilice, con qu\u00e9 l\u00edmites y para qu\u00e9 fin. Un bistur\u00ed puede salvar una vida o quitarla; no es el instrumento el que decide, sino la mano que lo empu\u00f1a y el marco \u00e9tico y jur\u00eddico que lo regula. La justicia lo sabe desde siempre. Todos los d\u00edas se arriba a acuerdos procesales, reconocimientos de responsabilidad y colaboraciones que ponen fin a litigios complejos sin que nadie cuestione su legitimidad. Frente a delitos graves y de alta complejidad, negar herramientas especiales no es una posici\u00f3n moral superior, sino una simplificaci\u00f3n ingenua.<\/p>\n<p>Dicho esto, frente a quienes cuestionan la existencia de recompensas estatales, conviene recordar una realidad b\u00e1sica: no todos deciden desde el mismo lugar. Quien puede tener informaci\u00f3n relevante en una causa como esta muchas veces vive en contextos de pobreza, miedo, presi\u00f3n social o amenazas ligadas al crimen organizado. No se trata de coraje o de valores, sino de supervivencia. Dar informaci\u00f3n puede implicar perder el trabajo, el barrio, los v\u00ednculos o incluso poner en riesgo la propia vida. En ese escenario, exigir que alguien hable \u201cpor deber moral\u201d es desconocer c\u00f3mo operan las relaciones de poder en la vida real. La recompensa no compra una verdad ni degrada el testimonio: reduce el riesgo, compensa el quiebre de una vida y hace posible la colaboraci\u00f3n sin exigir hero\u00edsmo. Comprender esto no desmerece la decisi\u00f3n del Gobierno de otorgar una recompensa ni el rol de la jueza al hacerse eco del reclamo; por el contrario, permite entender la medida como lo que es: una herramienta leg\u00edtima del Estado para investigar un crimen complejo con instrumentos acordes a su gravedad.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>El testigo que arriesga su vida, tambi\u00e9n lo hace con la de su familia<\/strong><\/h2>\n<p>La comparaci\u00f3n no es anecd\u00f3tica: permite ver que, incluso dentro de la misma Argentina, ofrecer $ 20 millones en un caso de desaparici\u00f3n compleja significa un monto que no alinea con est\u00e1ndares internacionales de incentivos efectivos.<\/p>\n<p>Esto no invalida la medida tomada que resulta acertada, oportuna, bienvenida, pero s\u00ed sugiere que la cifra deber\u00eda ser reevaluada, discutida y replanteada en funci\u00f3n del riesgo real y del avance del proceso dentro del \u00e1mbito de la obligaci\u00f3n estatal de protecci\u00f3n de testigos.<\/p>\n<p>La efectividad de una recompensa no depende solo de la cifra, sino de que esa cifra sea proporcional al riesgo y desproporci\u00f3n que implica colaborar con la verdad frente a estructuras potencialmente peligrosas.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<h2><strong>LA RELACI\u00d3N ENTRE LOS ART\u00cdCULOS 142 Y 142 BIS DEL C\u00d3DIGO PENAL Y EL ALCANCE DEL R\u00c9GIMEN DE PROTECCI\u00d3N DE TESTIGOS &#8211; <\/strong><\/h2>\n<h2><strong>Una cuesti\u00f3n abierta frente a la desaparici\u00f3n de una persona. <\/strong><\/h2>\n<p>Dicho en t\u00e9rminos simples: el derecho penal protege a las personas mientras est\u00e1n vivas, y esa protecci\u00f3n empieza desde el primer minuto en que alguien es privado de su libertad. No es lo mismo encerrar a una persona por la fuerza que retenerla durante d\u00edas para presionar o extorsionar, y la ley distingue esas situaciones con art\u00edculos distintos. Pero en ambos casos hay algo que no cambia: si la persona est\u00e1 viva y no se sabe d\u00f3nde est\u00e1, el Estado tiene el deber de buscarla y de proteger a quienes puedan ayudar a encontrarla. Por eso, la protecci\u00f3n de testigos no deber\u00eda depender de tecnicismos ni de etiquetas legales cerradas, sino de una pregunta b\u00e1sica y humana: \u00bfhay una persona viva que puede estar en peligro? Mientras esa respuesta siga abierta, la obligaci\u00f3n de investigar, de cuidar a los testigos y de no dejar que el miedo silencie la verdad sigue plenamente vigente.<\/p>\n<p>Uno de los problemas menos abordados, y sin embargo jur\u00eddicamente m\u00e1s relevantes, que plantean los casos de desaparici\u00f3n de personas en el proceso penal argentino es la adecuaci\u00f3n normativa de los instrumentos de protecci\u00f3n de testigos cuando el encuadre t\u00edpico del hecho investigado no se encuentra definitivamente consolidado. El caso Loan vuelve a colocar esta cuesti\u00f3n en primer plano y lo hace de manera particularmente sensible, en tanto expone una tensi\u00f3n normativa que no puede ser resuelta mediante una lectura meramente literal de las disposiciones legales involucradas.<\/p>\n<p>En efecto, la Ley 25.764, que establece el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de testigos e imputados colaboradores, hace referencia expresa, entre otros supuestos, al delito previsto en el art\u00edculo 142 bis del C\u00f3digo Penal (secuestro extorsivo), mientras que el art\u00edculo 142 del mismo cuerpo legal (privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad agravada) aparece, al menos en una primera aproximaci\u00f3n, fuera de ese elenco expl\u00edcito. Esta circunstancia ha llevado, en no pocas ocasiones, a interpretaciones restrictivas que condicionan la activaci\u00f3n de los mecanismos de protecci\u00f3n a la previa y definitiva subsunci\u00f3n del hecho en el tipo del secuestro extorsivo.<\/p>\n<p>Sin embargo, una lectura dogm\u00e1tica y constitucionalmente orientada del problema demuestra que esa conclusi\u00f3n resulta, cuanto menos, problem\u00e1tica.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Diferencias importanes entre el art\u00edculo 142 y el 142 Bis<\/strong><\/h2>\n<p>La diferencia entre los art\u00edculos 142 y 142 bis del C\u00f3digo Penal no es menor ni meramente cuantitativa. El art\u00edculo 142 reprime la privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad como una lesi\u00f3n directa e inmediata a la libertad ambulatoria de la persona. Se trata de un delito que se consuma desde el primer instante de la restricci\u00f3n ileg\u00edtima, aun cuando esta sea breve, y cuya gravedad puede intensificarse a trav\u00e9s de agravantes objetivas o subjetivas. El bien jur\u00eddico protegido es la libertad personal ya vulnerada, la libertad corporal de movimiento, y el injusto queda completo con independencia de que, con posterioridad, se produzcan otros delitos m\u00e1s graves, incluso un homicidio.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 142 bis, (Ley 25.742, art. 3 B.O. 20\/6\/03) en cambio, configura un delito de ejecuci\u00f3n permanente, cuya estructura t\u00edpica se apoya en un elemento decisivo: la retenci\u00f3n de una persona viva con finalidad extorsiva. Aqu\u00ed no se protege \u00fanicamente la libertad ambulatoria, sino la libertad personal en su proyecci\u00f3n m\u00e1s intensa sobre la vida, la integridad y la seguridad de la v\u00edctima, sometida a un riesgo continuo mientras subsiste la situaci\u00f3n antijur\u00eddica. La consumaci\u00f3n del delito se prolonga en el tiempo y solo cesa cuando la persona recupera la libertad o cuando se verifica un desenlace incompatible con la finalidad extorsiva que estructura el tipo.<\/p>\n<p>Esta diferencia estructural explica por qu\u00e9 el legislador ha vinculado de manera expresa el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de testigos a figuras como el secuestro extorsivo. Se trata, t\u00edpicamente, de delitos asociados a criminalidad organizada, divisi\u00f3n de roles, pactos de silencio, intimidaci\u00f3n estructural y riesgos extremos para quienes puedan aportar informaci\u00f3n. En ese contexto, la colaboraci\u00f3n testimonial aparece como un acto particularmente sensible y peligroso, que justifica la adopci\u00f3n de medidas extraordinarias de protecci\u00f3n.<\/p>\n<p>Ahora bien, esa misma l\u00f3gica legislativa es la que obliga a formular el interrogante central que plantea el caso Loan: \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando la investigaci\u00f3n se encuentra en una fase previa o incierta, en la que la privaci\u00f3n de la libertad se encuentra acreditada, la v\u00edctima estuvo viva durante un lapso determinado, pero el encuadre definitivo, 142 o 142 bis, no puede a\u00fan establecerse con certeza? Recordemos que la causa fue elevada a juicio oral <strong>provisoriamente, y por ahora, de momento, en forma preliminar, a t\u00edtulo transitorio (las negritas me pertenecen y resultan apropiadas) <\/strong>en el marco del art. 146 del C\u00f3digo Penal, que reprime de cinco a quince a\u00f1os la sustracci\u00f3n de un menor de diez a\u00f1os del poder de sus padres, tutor o persona encargada de \u00e9l, y el que lo retuviere u ocultare.<\/p>\n<p>Desde una perspectiva constitucional y de pol\u00edtica criminal, la respuesta no puede ser la exclusi\u00f3n autom\u00e1tica de los mecanismos de protecci\u00f3n. El proceso penal argentino se rige por el principio de investigaci\u00f3n plena y por el deber estatal de esclarecimiento efectivo, particularmente reforzado cuando se trata de la desaparici\u00f3n de una persona. En los delitos de privaci\u00f3n de libertad, la frontera entre el art\u00edculo 142 y el art\u00edculo 142 bis no siempre es n\u00edtida desde el inicio de la investigaci\u00f3n. Puede acreditarse una retenci\u00f3n ileg\u00edtima con vida durante un lapso determinado sin que, en esa etapa, se encuentre probado el elemento extorsivo, o sin que se conozca a\u00fan el destino final de la v\u00edctima.<\/p>\n<p>En ese escenario, una interpretaci\u00f3n estrictamente literal que limite la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de testigos \u00fanicamente a los casos del 142 bis y el 170 del CP, formalmente calificados como secuestro extorsivo corre el riesgo de producir un efecto disfuncional: debilitar la tutela penal en el momento en que m\u00e1s se la necesita. Si el derecho penal, como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, protege la libertad de las personas vivas y activa deberes positivos de investigaci\u00f3n mientras subsista la incertidumbre sobre su paradero, resulta jur\u00eddicamente razonable sostener que la protecci\u00f3n de testigos no puede quedar supeditada a una calificaci\u00f3n t\u00edpica cerrada y definitiva. Lo expuesto indica la admisibilidad de la aplicaci\u00f3n de la Ley 25.764, de protecci\u00f3n de testigos a esta causa en forma inmediata y este estadio procesal.<\/p>\n<p>Dicho de otro modo, el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de testigos no deber\u00eda operar como un premio posterior a la calificaci\u00f3n final del hecho, sino como una herramienta preventiva destinada a hacer posible la investigaci\u00f3n. En causas donde la privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad se encuentra verificada y el destino de la v\u00edctima permanece desconocido, negar protecci\u00f3n por la sola ausencia de una subsunci\u00f3n formal bajo el art\u00edculo 142 bis puede traducirse en una paradoja institucional: desalentar la colaboraci\u00f3n, reforzar el silencio y frustrar el esclarecimiento del hecho.<\/p>\n<p>El caso Loan vuelve visible esta tensi\u00f3n normativa de manera particularmente clara. Mientras exista la posibilidad de que la v\u00edctima haya estado privada de su libertad con vida, el deber estatal de b\u00fasqueda permanece activo y no se agota. Y con ese deber subsiste, necesariamente, la obligaci\u00f3n de garantizar condiciones reales de seguridad para quienes puedan aportar informaci\u00f3n relevante. La protecci\u00f3n de testigos, en este marco, no debe ser le\u00edda como un instituto cerrado sobre s\u00ed mismo ni como un beneficio excepcional atado a una figura penal determinada, sino como una proyecci\u00f3n necesaria del principio de tutela judicial efectiva, del deber de investigar con seriedad y del compromiso estatal con la verdad, la libertad y la vida<strong>.<\/strong><\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Recompensa no excluye protecci\u00f3n a los testigos<\/strong><\/h2>\n<p>Cabe aclarar, a mayor abundamiento, que el ofrecimiento de una recompensa estatal por informaci\u00f3n \u00fatil para el esclarecimiento del hecho no excluye, limita ni condiciona la aplicaci\u00f3n de los beneficios previstos en la Ley 25.764. La recompensa y el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de testigos responden a finalidades diversas y complementarias: mientras la primera constituye un incentivo leg\u00edtimo orientado a obtener informaci\u00f3n relevante, el segundo opera como un dispositivo de seguridad destinado a neutralizar los riesgos derivados de la colaboraci\u00f3n en investigaciones de extrema gravedad y sensibilidad institucional. Interpretar que la eventual percepci\u00f3n de una recompensa impide el acceso a las medidas de protecci\u00f3n importar\u00eda una restricci\u00f3n no prevista por la ley, contraria a su finalidad y disfuncional al deber estatal de garantizar condiciones reales de colaboraci\u00f3n eficaz. Por el contrario, corresponde articular ambos institutos de manera arm\u00f3nica, bajo control judicial y estrictas pautas de confidencialidad, a fin de evitar que la necesidad de verificaci\u00f3n administrativa o econ\u00f3mica del aporte se traduzca en una exposici\u00f3n indebida del testigo o en un desaliento injustificado a la cooperaci\u00f3n.<\/p>\n<h2> <\/h2>\n<h2><strong>Sentencia condenatoria en el caso Cabezas<\/strong><\/h2>\n<p>La lectura conjunta de la sentencia dictada por la C\u00e1mara de Apelaci\u00f3n en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Dolores y de la sentencia firme de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal de la Provincia de Buenos Aires en el caso Cabezas permite despejar una confusi\u00f3n frecuente y, al mismo tiempo, fijar una premisa dogm\u00e1tica de enorme relevancia para el an\u00e1lisis de casos de desaparici\u00f3n de personas como el de Loan. Ambas sentencias son correctas, ambas son verdaderas, pero no dicen lo mismo porque operan en planos distintos del razonamiento judicial.<\/p>\n<p>La C\u00e1mara de Dolores, como tribunal de m\u00e9rito, tuvo a su cargo la reconstrucci\u00f3n integral del hecho. Desde esa perspectiva, describi\u00f3 el episodio como un plan criminal unitario, integrado por distintas fases claramente concatenadas: la captura de la v\u00edctima, su privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad, el traslado contra su voluntad, la ejecuci\u00f3n mediante disparos de arma de fuego y la posterior incineraci\u00f3n del cuerpo con el objeto de asegurar la impunidad. Sobre esa base f\u00e1ctica, calific\u00f3 jur\u00eddicamente el suceso en concurso real, aplicando el art\u00edculo 142 del C\u00f3digo Penal por la privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad agravada, el art\u00edculo 80 incisos 2 y 6 por el homicidio agravado, el art\u00edculo 45 en materia de autor\u00eda y participaci\u00f3n, y el art\u00edculo 55 en cuanto al r\u00e9gimen concursal. Para el tribunal de Dolores, la privaci\u00f3n de la libertad no constituy\u00f3 un dato accesorio ni menor, sino el primer tramo estructural del plan criminal, sin el cual el desenlace posterior no habr\u00eda sido posible. Esa construcci\u00f3n es dogm\u00e1ticamente correcta y plenamente consistente con la doctrina penal cl\u00e1sica.<\/p>\n<h2><strong>AUTONOM\u00cdA DEL DELITO DE PRIVACI\u00d3N DE LA LIBERTAD \u2013 LA LIBERTAD IMPORTA DESDE EL PRIMER MINUTO<\/strong><\/h2>\n<p>La intervenci\u00f3n posterior de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal bonaerense no tuvo por objeto reescribir el relato f\u00e1ctico ni relativizar la gravedad del hecho, sino ejercer su funci\u00f3n propia de control de legalidad y correcci\u00f3n de la subsunci\u00f3n t\u00edpica. En ese marco, Casaci\u00f3n analiz\u00f3 si el tramo de privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad hab\u00eda existido como delito aut\u00f3nomo, si no hab\u00eda quedado absorbido por el homicidio y si su encuadre normativo era t\u00e9cnicamente adecuado. Al afirmar que dicho tramo se subsum\u00eda en el art\u00edculo 142 inciso 1\u00b0 del C\u00f3digo Penal, Casaci\u00f3n precis\u00f3 el tipo agravado para describir esa fase delictiva, caracterizada por el uso de violencia y amenazas. Casaci\u00f3n no dijo, ni pod\u00eda decir, que el caso Cabezas \u201cfue solo un 142\u201d, ni que el homicidio absorbiera la privaci\u00f3n de la libertad. Por el contrario, mantuvo el concurso real, confirm\u00f3 el homicidio agravado, sostuvo la pena impuesta y preserv\u00f3 \u00edntegramente la estructura del plan criminal, limit\u00e1ndose a depurar t\u00e9cnicamente la subsunci\u00f3n del delito previo.<\/p>\n<p>La clave dogm\u00e1tica que emerge de esta lectura arm\u00f3nica es n\u00edtida: la privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad es un delito aut\u00f3nomo, consumado desde el primer instante, que no desaparece ni se diluye por el hecho de que la v\u00edctima sea posteriormente asesinada. Esa afirmaci\u00f3n la sostuvo Dolores, la confirm\u00f3 Casaci\u00f3n y constituye doctrina pac\u00edfica. En ambos fallos subyace una misma idea central: <strong>el derecho penal protege la libertad personal mientras la persona est\u00e1 viva,<\/strong> y esa protecci\u00f3n se activa desde el primer momento de la restricci\u00f3n ileg\u00edtima, con independencia del desenlace ulterior.<\/p>\n<p>Esta ense\u00f1anza proyecta consecuencias directas sobre el an\u00e1lisis del art\u00edculo 142 bis del C\u00f3digo Penal y sobre casos como el de Loan. El secuestro extorsivo no es una figura \u201cm\u00e1s grave\u201d en t\u00e9rminos meramente cuantitativos, sino cualitativamente distinta, porque presupone la retenci\u00f3n de una persona viva como medio de presi\u00f3n y configura un delito de ejecuci\u00f3n permanente, cuya consumaci\u00f3n se prolonga mientras subsiste esa condici\u00f3n vital. Pero esa diferencia no supone una ruptura con el art\u00edculo 142, sino una continuidad l\u00f3gica: el art\u00edculo 142 tutela la libertad ya lesionada; el art\u00edculo 142 bis tutela la libertad colocada en un estado de riesgo prolongado, inseparable de la vida de la v\u00edctima.<\/p>\n<p>Por ello, desde una perspectiva constitucional y de pol\u00edtica criminal, <strong>mientras no exista certeza sobre el destino final de una persona desaparecida<\/strong>, la hip\u00f3tesis de una privaci\u00f3n de la libertad de una persona viva no puede considerarse clausurada, ni dogm\u00e1tica ni procesalmente. El caso Cabezas demuestra que la privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad conserva plena relevancia jur\u00eddica aun cuando luego se verifique un desenlace fatal. En el caso Loan, esa misma l\u00f3gica impone reconocer que, si existi\u00f3 una privaci\u00f3n de la libertad mientras la v\u00edctima estaba con vida, aunque haya sido breve, se activan deberes estatales plenos de b\u00fasqueda, investigaci\u00f3n y protecci\u00f3n. El derecho penal no espera la muerte para empezar a tutelar; tutela precisamente para evitarla.<\/p>\n<p>Ante este escenario, es planamente admisible que la magistrada que sigue ininterrumpidamente buscando a Loan, incremente las medias a su alcance y leg\u00edtimas, solicite del Ministerio de Seguridad la aplicaci\u00f3n y difusi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n en esta causa a aquellos testigos que colaboren y entreguen informaci\u00f3n que permitan encontrar a Loan vivo, sano y salvo, tal como lo habilita la Ley 25.764, en su art\u00edculo 1, donde crea el Programa Nacional de Protecci\u00f3n de Testigos e Imputados Colaboradores, previendo expresamente su aplicaci\u00f3n a determinados delitos de especial gravedad.<\/p>\n<p>El segundo p\u00e1rrafo de dicha norma establece que el Ministerio de Seguridad podr\u00e1 incluir fundadamente otros casos no previstos en el presente art\u00edculo, a requerimiento de la autoridad judicial competente, cuando se trate de delitos vinculados con delincuencia organizada o violencia institucional, o cuando la trascendencia del caso y el inter\u00e9s pol\u00edtico-criminal as\u00ed lo aconsejen. Esta previsi\u00f3n legal no subordina la protecci\u00f3n a una calificaci\u00f3n t\u00edpica cerrada, sino a la existencia de un riesgo cierto, a la trascendencia del caso y a la necesidad de garantizar la colaboraci\u00f3n eficaz en investigaciones complejas.<\/p>\n<p>Los arts. 2, 3, 5 y 6 de la ley regulan: la posibilidad de adopci\u00f3n urgente de medidas, los requisitos de procedencia (peligro, verosimilitud, relevancia del aporte), el contenido de las medidas de protecci\u00f3n, y el deber de confidencialidad como eje del sistema. Todo lo que se haga por encontrar a Loan, mientras no aparezca, siempre ser\u00e1 poco.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p><strong><em>FUENTES CONSULTADAS: <\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>ABOSO, GUSTAVO EDUARDO, C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica Argentina, 6.\u00aa ed., Buenos Aires, IB de F., 2021.<\/em><\/p>\n<p><em>ABRALDES, SANDRO F., Delito imprudente y principio de confianza, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2010.<\/em><\/p>\n<p><em>BAIG\u00daN, DAVID; ZAFFARONI, EUGENIO R.; TERRAGNI, MARCO A.; et al. (incluye ABRALDES, Sandro F.), C\u00f3digo penal y normas complementarias. An\u00e1lisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, 2013.<\/em><\/p>\n<p><em>DONNA, EDGARDO A.; ABRALDES, SANDRO F.; et al., Derecho penal. Parte general. 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(coord.), El crimen organizado: desaf\u00edos y perspectivas en el marco de la globalizaci\u00f3n, Buenos Aires, Editorial \u00c1baco de Rodolfo Depalma, 2005, 446 p., ISBN 950-569-236-6.<\/em><\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><script>\n                !function(f,b,e,v,n,t,s)\n                {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\n                    n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};\n                    if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';\n                    n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\n                    t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];\n                    s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',\n                    'https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');\n                window.paywallConfig.facebook_pixel=\"1000228364089342\"\n            <\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Gobierno nacional oficializ\u00f3 un aumento en las recompensas para obtener datos sobre el paradero de Loan Pe\u00f1a. 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