¿Puede el anuncio de Ortega volver a poner a Nicaragua en el radar de Estados Unidos?

“¡A cerrar filas, pueblos de América! No dejemos pasar al gigante de las siete leguas”. Tras la captura de Nicolás Maduro, uno de sus aliados más cercanos salió a escena con el libreto perfecto de la resistencia antiimperialista. ¿Solidaridad ideológica? ¿Reflejo de supervivencia? ¿O temor a que Washington intente repetir la jugada en La Habana?

Solo Miguel Díaz-Canel conoce la proporción exacta, pero el presidente cubano no dudó en agitar el puño. Calificó la operación norteamericana como “un acto de terrorismo de Estado” y la llamó “una expresión inequívoca del neofascismo que se pretende imponer a la humanidad”. Exigió además la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y participó de una concentración multitudinaria bajo la consigna “Cuba y Venezuela, una sola bandera”.

Desde Nicaragua, en cambio, el respaldo fue bastante menos eufórico. Recién catorce horas después llegó el comunicado oficial: “Acompañamos de corazón…”.

¿Es posible que Daniel Ortega haya elegido, adrede, no levantar demasiado la perdiz? A diferencia de su par cubano, que podría ser el próximo objetivo en la lista de Donald Trump, el líder nicaragüense parece haber quedado fuera del intempestivo radar del presidente norteamericano… al menos por ahora.

Pero esa estrategia de bajo perfil acaba de sufrir un giro abrupto. Ortega anunció que bajo el régimen que encabeza junto con su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, Nicaragua no volverá a celebrar elecciones. La declaración terminó de eliminar incluso la apariencia de competencia política y provocó una respuesta inmediata del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que llamó a la comunidad internacional a actuar contra la dictadura.

Durante años, Managua logró durante años ocupar un lugar distinto al de Caracas y La Habana. Para Washington, el régimen Ortega-Murillo fue, acaso, menos un enemigo frontal que un adversario administrable. Y aunque Ortega tuvo algunos exabruptos —en abril llamó a Trump “desquiciado mental”—, el régimen conservó canales prácticos con Estados Unidos.

Cooperó en operaciones contra el narcotráfico, funcionó por momentos como “muro de contención” migratorio en la frontera con Costa Rica y, pese a su deriva autoritaria, mantuvo abierto el vínculo comercial bajo el Cafta, con empresas norteamericanas activas en textiles, agroindustria, carne, café, oro y zonas francas.

“En general, el gobierno de Nicaragua ha intentado mantener una posición crítica, para no renunciar por completo a su postura histórica, pero sin desafiar abiertamente a Estados Unidos”, dice a LA NACION Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe en Acled.

Menor relevancia estratégica

Pero más allá de esa estrategia de confrontación selectiva, los analistas coinciden en una diferencia clave con Venezuela y Cuba. Nicaragua simplemente no tiene el mismo peso para Estados Unidos.

“Honestamente, creo que Trump ni siquiera sabe quién es el presidente de Nicaragua, ni sabría deletrear Nicaragua”, dice a LA NACION John Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá y exsubsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.

“Nicaragua ofrece réditos políticos o económicos mucho menores para la administración Trump”, coincide en diálogo con este medio Kai Thaler, profesor de Estudios Globales de la Universidad de California-Santa Barbara.

Aunque el oro se volvió una fuente clave de divisas para el régimen de Ortega, Nicaragua sigue siendo una economía pequeña y sin un activo estratégico comparable al petróleo venezolano. Sus exportaciones mineras llegaron a US$1391,6 millones en 2024, de acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua. En Venezuela, en cambio, las ventas externas de petróleo de Pdvsa alcanzaron US$17.520 millones ese mismo año, más de doce veces el valor de todas las exportaciones mineras nicaragüenses.

“La intervención en Venezuela dejó claro el interés del gobierno de Trump en acceder al petróleo venezolano, pero Nicaragua cuenta con recursos naturales mucho más limitados”, precisa Thaler.

La diferencia de peso político completa el cuadro. En Estados Unidos viven cerca de 2,9 millones de personas de origen cubano, una diáspora asentada desde hace décadas, muy concentrada en Florida y con fuerte influencia política, electoral y mediática. La comunidad nicaragüense, en cambio, es mucho menor: ronda los 450.000, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Pew Research Center.

“Cuba es un tema recurrente en las elecciones estadounidenses, y forzar allí un cambio de régimen podría ofrecer importantes réditos electorales para los republicanos, especialmente en Florida. Nicaragua, en cambio, aparece mucho menos en la política estadounidense y tiene mucha menor visibilidad entre el público general”, argumenta el experto.

Ese bajo peso relativo ayuda a explicar por qué Nicaragua aparece más como una obsesión ideológica de Marco Rubio —hijo de inmigrantes cubanos y marcado políticamente por la causa anticastrista de Florida— que como una prioridad real de Trump. Feeley sostiene que Rubio sí mira a los tres regímenes desde una matriz democrática y anticomunista, pero que esa agenda quedó subordinada al pragmatismo del presidente. “El mismo Trump nunca ha hablado de una transición democrática. Ha dicho drill, baby, drill”, resume.

La tensión, según el exdiplomático, es de fondo. Rubio quiere una salida política para los tres países, pero Trump busca otra cosa. “El problema que tiene Rubio, tanto en Venezuela como eventualmente en Nicaragua, es que no es capaz de hacer el negocio que su jefe quiere. Y lo que quiere su jefe es un virreinato”, afirma. “A Trump no le interesa un final democrático para ninguno de los tres países. Rubio se encuentra entre la espada de Miami y la pared de Trump”, agrega.

El anuncio de Ortega, sin embargo, le dio a Rubio una oportunidad para elevar el caso nicaragüense dentro de la agenda regional. En un comunicado titulado “Un llamado a la acción: abordar la promesa de la dictadura Murillo-Ortega de abolir las elecciones”, el secretario de Estado afirmó que la declaración del líder sandinista dejó al descubierto “la verdadera naturaleza autoritaria” del régimen familiar.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo abandonaron incluso la apariencia de consentimiento popular”, sostuvo Rubio. El jefe de la diplomacia norteamericana remarcó que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus gobernantes mediante comicios democráticos y convocó a otros países a “unir fuerzas” para demostrarle a la dictadura que no puede aspirar a mantener relaciones normales mientras vulnera “los principios básicos de nuestro hemisferio democrático”.

La reacción no significa que Trump contemple una operación semejante a la desplegada contra Maduro. Nicaragua carece del petróleo venezolano, del peso electoral de la diáspora cubana y de un incentivo económico inmediato para Washington. Pero la abolición abierta de las elecciones le ofrece a Rubio un argumento concreto para impulsar un mayor aislamiento diplomático y puede devolver al país centroamericano al radar de la Casa Blanca.

Vínculos con Rusia y China

Hay, además, otro factor que incomoda a Washington: los vínculos cada vez más estrechos de Managua con China y Rusia.

En abril, la Casa Blanca sancionó al régimen orteguista por quitarle a una empresa norteamericana una concesión minera de oro y entregársela a una compañía china.

Algo parecido ocurre con Rusia. Para Moscú, Managua ofrece una plataforma útil para proyectar influencia en el hemisferio occidental, como aliado simbólico en una zona de tradicional predominio norteamericano y como punto de apoyo con potencial para tareas de monitoreo e inteligencia sobre Estados Unidos y la región. Para el régimen de Ortega, en cambio, la relación aporta herramientas para reforzar su aparato de control interno, respaldo diplomático ante eventuales condenas en la ONU y acceso a cooperación militar y armamento.

Sin embargo, Breda advierte que el vínculo tiene límites claros. “Generalmente, estas relaciones se quedan un poco en el ámbito simbólico. A la hora de proteger a un aliado clave en la región, Rusia no parece dispuesta a desafiar militar o políticamente a Estados Unidos. Si no lo hizo por Venezuela y hasta ahora se ha limitado a enviar ayuda a Cuba, sería difícil que lo hiciera por Managua”, sostuvo.

Perfeccionar el aparato represivo

Mientras Venezuela y Cuba acaparaban los reflectores, el régimen Ortega-Murillo siguió perfeccionando su aparato represivo.

Desde el estallido social de 2018, la crisis dejó cientos de muertos, miles de detenciones arbitrarias y un exilio masivo. La CIDH registró 355 muertos, mientras que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU concluyó que el régimen cometió al menos 40 ejecuciones extrajudiciales.

El mismo grupo citó informes de la sociedad civil que registran más de 5000 detenciones arbitrarias y 131 arrestos por motivos políticos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguían presos 47 opositores o críticos del régimen, 11 de ellos en condición de desaparición forzada, según un mecanismo cuyos datos avala la CIDH.

Con las urnas fuera de escena y la oposición desmantelada, hoy solo un agravamiento de su salud parece capaz de apartar a Ortega del poder. Según el médico exiliado Richard Sáenz Coen, el mandatario padece una enfermedad renal crónica terminal, derivada de un lupus eritematoso sistémico diagnosticado hace años. Su visible deterioro físico alimenta desde hace tiempo las especulaciones sobre una sucesión interna, aunque el régimen no ofrece información oficial sobre su estado.

Este artículo fue publicado originalmente el 13 de junio de 2026.