Más ‘curiosidades’ en AFA: la universidad UnAFA está a nombre de la sociedad de Javier Faroni y su esposa
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Javier Horacio Faroni es un personaje clave en muchas de las polémicas que giran en torno a la AFA de Claudio Chiqui Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino. Y entre las cosas que van trascendiendo de los manejos de AFA, se conoció que la promocionada Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UnAFA) en los papeles pertenece no a la entidad del fútbol argentino, sino a Worldwide Sport Education LLC, la sociedad que está a nombre de Faroni y de su esposa, Erica Gabriela Gillette.
Esto significa que la UnAFA no funcionaría como una extensión de la AFA, sino como una licencia explotada por otros intereses ajenos, para los cuales la asociación de fútbol sería usada como carnada.
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Faroni está vinculado a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino por manejar los cobros de la AFA por la Selección Argentina en el exterior mediante la empresa TourProdEnter y se queda con el 30% de los ingresos.
Los datos que empezaron a surgir demostraron que, el 8 de octubre, casi veinte días antes de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que presentó la UnAFA (que fue el 27 de octubre), Worldwide Sport Education LLC había comenzado el registró de la marca UnAFA en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
El 3 de noviembre, esa misma sociedad que pertenece a Faroni y su esposa Gillette inició los trámites para el registro de la marca UnAFA en Estados Unidos y Uruguay.
El 4 de noviembre fue la presentación oficial, en la que además se anunció a Alberto Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como rector de la nueva institución. Ambos expusieron sobre la iniciativa, que estaba destinada a jugadores, técnicos, árbitros, dirigentes y demás integrantes del mundo del fútbol.
Con respecto a la oferta académica, los interesados podrían acceder a catorce diplomaturas y maestrías. Había especializaciones en finanzas y estrategias económicas del deporte, indumentaria deportiva y Big Data aplicada al deporte. También trascendieron las autoridades que acompañarían la nueva gestión. Junto al rector Barbieri asumiría como vicerrector Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación, además de otros nombres que integrarían el futuro equipo.
Estalló el conflicto
Todo marchaba acorde a lo esperado para los empresarios, cuando seis días después, el 20 de noviembre, estalló la polémica en la AFA por declarar al Club Atlético Rosario Central campeón de la Liga 2025, a pesar de no estar estipulado en el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol.
El 5 de diciembre de 2025, un mes después de la presentación de la UnAFA, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Alejandro Álvarez, advirtió que se publicitaban carreras de grado y posgrado sin autorización oficial. Por ese motivo, intimó a la AFA a terminar, de forma inmediata, con cualquier tipo de promoción en redes sociales y medios de comunicación.
Al otro día, la AFA publicó un comunicado en respuesta y rechazo a lo ocurrido. “Una nueva embestida contra la educación. Cumplimos todos los requisitos legales establecidos por la normativa actual para la etapa actual y seguimos los pasos para nuestro desarrollo según lo prescripto en la ley vigente y enteramente a disposición de los requerimientos de las autoridades respectivas”.
A pesar de las afirmaciones de la casa madre del fútbol argentino, dos días después dieron de baja el sitio web de UnAFA.
El 30 de diciembre de 2025, la Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó formalmente a la AFA a corregir el uso indebido de la denominación “Universidad” y la difusión de carreras de grado y posgrado bajo el nombre UnAFA. Aunque desde la entidad sostuvieron que las siglas correspondían a “Unidad de Nuevos Aprendizajes” y que se trataba únicamente de un centro de formación, la cartera detectó que en su Asamblea, en piezas audiovisuales oficiales y en redes sociales se presentaba de manera explícita como una “Universidad”, con oferta académica prevista para 2026.
Frente a esa situación, la Subsecretaría le exigió adecuar toda su comunicación institucional a la normativa vigente y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones en el marco del artículo 68 de la Ley de Educación Superior.
RG
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