Esta semana se retomó el tratamiento del proyecto “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como Super-RIGI. Diseñado para atraer capitales superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y emergentes, el oficialismo lo define con una frase que merece atención: convertir a la Argentina en un laboratorio de la IA.
Desde Asuntos del Sur, centro de investigación e innovación que impulsa transformaciones democráticas desde y para el Sur Global, suscribimos un documento conjunto con Amnistía Internacional, FARN, Géneras y otras once organizaciones de la sociedad civil, presentado ante las Comisiones de Hacienda, Industria y Presupuesto de la Cámara de Diputados, alertando sobre los riesgos concretos del proyecto.
El Super-RIGI amplía los ya generosos beneficios del RIGI original donde baja la alícuota de Ganancias al 15%, elimina retenciones desde el día cero y reduce cargas patronales. Además, delega facultades al Ejecutivo sin definir para qué ni para quién. Y en su punto más crítico, sustrae los conflictos de la justicia argentina. Las disputas se resolverán en tribunales internacionales, sin que el Estado pueda exigir el cumplimiento de las inversiones comprometidas. Sin cláusulas ambientales o mecanismos de generación de cadenas de valor locales.
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El flirteo del gobierno de Milei con Elon Musk y Sam Altman, y la instalación de Peter Thiel en el país, no son señales ambiguas. El Super-RIGI es un traje a medida para las grandes tecnológicas globales. Es la versión digital del modelo de negocios de la United Fruit Company en Centroamérica, que con capital de Wall Street compraba tierras, monopolizaba el comercio, tendía vías de los cultivos al puerto y controlaba al poder político de turno. Toda la infraestructura era un tubo de extracción. Un siglo más tarde, los mal llamados “países bananeros” quedaban intactos en su pobreza e instituciones raquíticas..
Argentina tuvo su propia versión llamada “La Forestal”. En el apogeo del Imperio británico, una compañía explotó el quebracho colorado del bosque chaqueño, materia prima clave para la infraestructura ferroviaria global. Llegó a controlar dos millones de hectáreas con puertos propios, cientos de kilómetros de vías férreas y moneda propia. Los trabajadores cobraban con fichas canjeables sólo en las proveedurías de la empresa, donde el peso nacional era rechazado. Un sistema cerrado donde el salario volvía a la compañía y el endeudamiento era permanente. Lo que le faltaba para ser un Estado dentro del Estado lo consiguió por la fuerza: una milicia financiada por la empresa pero armada por el gobierno de Santa Fe persiguió y mató a cientos de huelguistas tras la gran huelga de 1919. La Forestal taló casi el 90% de los quebrachales, trasladó su producción y dejó un tendal de pueblos fantasma en el norte del país.
La ecuación de fondo es la misma, solo cambió el insumo. El quebracho era un recurso que el Imperio Británico necesitaba para dominar el comercio mundial. Hoy, nuestro suelo ofrece lo que los nuevos imperios tecnológicos necesitan para fortalecer sus data centers, entrenando algoritmos y construyendo sistemas de vigilancia sobre los que corre el poder del siglo XXI.
En mi último libro, Estado o Algoritmo, intento responder una pregunta que se vuelve urgente: ¿quiénes nos gobiernan realmente? Las grandes corporaciones digitales ya no hacen lobby sobre el Estado: ocupan sus funciones, definen sus reglas, administran la infraestructura sobre la que transcurre nuestra vida pública. Control privado de datos financieros y migratorios, vigilancia masiva, discriminación en escala. La materia prima ya no es la banana ni el quebracho, ahora son nuestros datos.
Con un Estado ausente, el final de esta historia es previsible. No será el sueño dorado de desarrollo e innovación que vende Silicon Valley. Se parecerá más a los pueblos fantasma y los restos de quebracho que quedan en nuestro suelo.
Así, Atahualpa seguirá teniendo razón con su copla, “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.
*Politólogo.

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