El Gobierno otorgará más subsidios que los previstos para contener la suba de las facturas de luz y gas en septiembre

El Gobierno oficializará este martes cambios en el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas para amortiguar el traslado del encarecimiento internacional de la energía a las facturas de los hogares de menores ingresos y contener su impacto sobre la inflación.

La decisión implica conceder beneficios más amplios que los contemplados en el cronograma original para septiembre y va en línea con la intención oficial de mostrar mayor iniciativa para aliviar la situación económica.

Las medidas se instrumentarán mediante resoluciones que se publicarán en el Boletín Oficial. Según confirmó la Secretaría de Energía a LA NACION, el incremento promedio de las facturas será de 1,75% para la electricidad y de 1,40% para el gas natural, por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio. El primer ajuste alcanza a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); el segundo regirá en todo el país.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional refuerza su compromiso de proteger a los más vulnerables sin resignar el proceso de normalización tarifaria ni las metas fiscales”, señaló Energía.

El principal cambio será el límite mensual de consumo eléctrico alcanzado por la bonificación. El cronograma establecía que bajara desde los 300 kilovatios hora (kWh) vigentes hasta agosto a 150 kWh en septiembre, pero finalmente quedará en 200 kWh. Será inferior al del mes anterior, aunque 50 kWh mayor que el programado. El consumo que supere ese tope pagará el precio sin descuento por el excedente.

Además, la bonificación extraordinaria de la electricidad subirá de 16,59% a 25% y, sumada al beneficio base del 50%, llegará al 75% dentro del bloque subsidiado. En gas natural, el adicional será de 24,5% —frente al 25% de agosto— y el descuento total alcanzará el 74,5%. Por eso, el refuerzo se verifica contra el esquema previsto originalmente para septiembre y no representa una ampliación lineal frente al mes anterior.

El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) comprende a los hogares cuyos ingresos netos totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (BCT) para un hogar tipo 2, según el Indec ($4.694.148 en julio). Para determinar el umbral, se consideran en conjunto los ingresos de todos los integrantes del hogar.

También podrán quedar incluidos, siempre que no reúnan las condiciones para integrar el segmento de mayores ingresos, los hogares con un integrante que tenga un Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP, perciba una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, o cuente con un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El subsidio no se aplica sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el costo de la energía —electricidad o gas—. El resto de los cargos corresponde al transporte, la distribución y los impuestos.

Los aumentos de 1,75% y 1,40% son impactos promedio estimados sobre las facturas, no una variación idéntica para cada usuario o componente tarifario. El monto particular dependerá de la distribuidora, la categoría, el consumo, el acceso al beneficio y los impuestos.

El nuevo ajuste se suma a una recomposición de los servicios públicos que avanzó muy por encima de la inflación. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), un hogar promedio del AMBA necesitó en agosto $289.622 para cubrir electricidad, gas, agua y transporte, considerando tarifas energéticas sin subsidios: aunque la canasta cayó 2,1% frente a julio por el menor consumo estacional de luz y gas, quedó 54% por encima de agosto de 2025, contra un IPC estimado del 34%. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló un aumento del 57,9%, frente a una inflación del 21,7%, y desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, se encareció 944%, mientras que el nivel general de precios avanzó 249%.

Dentro de esa recomposición, el gasto estimado en gas fue el que más aumentó desde diciembre de 2023: 2071%, seguido por el transporte, con 1442%; el agua, con 544%; y la electricidad, con 501%. Solo durante 2026, hasta agosto, el gasto en gas acumuló una suba del 168,2% y el de electricidad, del 36,8%.

Estas variaciones no representan directamente el aumento de las tarifas o de una factura individual, sino la evolución del gasto calculado por el IIEP para un hogar representativo, sobre la base de consumos de referencia y contemplando la estacionalidad.

Pese al avance de las tarifas, los usuarios todavía no cubren la totalidad del costo de los servicios. En promedio, los hogares del AMBA afrontan mediante sus facturas el 55% de los costos y el Estado absorbe el 45% restante. En electricidad, el usuario residencial cubre en promedio el 63% del costo tomando como referencia los precios fijados para la demanda, mientras que en gas paga alrededor del 60% del costo de abastecimiento.

La contracara es el peso que adquirieron los servicios sobre los ingresos. La canasta completa equivale a alrededor del 14,5% de un salario registrado promedio, estimado en $1.993.280. Un año atrás, con un salario podían comprarse 8,1 canastas de servicios públicos, mientras que ahora alcanza para 6,9. Si se consideran únicamente la luz y el gas, las facturas representan el 5,1% del salario promedio para un hogar sin subsidios y el 3,7% para uno subsidiado, de acuerdo con los consumos de referencia del informe.

El proceso estuvo acompañado por una fuerte reducción de las transferencias estatales respecto del comienzo de la gestión: los subsidios acumulados en los últimos doce meses son 59% menores en términos reales que en diciembre de 2023. Sin embargo, esa tendencia no fue lineal. En lo que va de 2026, hasta mediados de agosto, los subsidios destinados a energía aumentaron 21% real interanual y las transferencias a Cammesa crecieron 46%, impulsadas, entre otros factores, por el mayor costo de la energía durante el invierno en el marco del impacto de la guerra en Medio Oriente.