El Gobierno compensa deudas millonarias de Edenor y Edesur por el congelamiento de tarifas

Durante años, la factura de luz en buena parte del país estuvo atada a leyes de emergencia que congelaron las tarifas o las actualizaron muy por debajo de la inflación. Con ingresos que no alcanzaban a cubrir sus costos, las distribuidoras eléctricas encontraron una vía de financiamiento informal. Cobraban la electricidad a los usuarios, pero no le transferían todo lo que correspondía a Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica. Así se fue acumulando una deuda que hoy rondaría los US$700 millones, según estimaciones oficiales.

Ese capítulo podría empezar a cerrarse. El Gobierno promulgó hoy en el Boletín Oficial la ley 27.828, conocida como “ley de zonas frías”. Además de redefinir el régimen de subsidios al gas natural, la norma incluye un capítulo titulado “Autosuficiencia económico-financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, que habilita una suerte de clearing de deudas entre el Estado y las empresas eléctricas.

La Subsecretaría de Energía Eléctrica calculó, para las distribuidoras y transportistas de jurisdicción federal —como Edenor, Edesur y Transener—, la diferencia actualizada entre los ingresos que percibieron durante la vigencia de las leyes de emergencia y los que les hubieran correspondido si se cumplían sus contratos de concesión.

Ese monto, conocido en el sector como “activo regulatorio”, se aplicará exclusivamente a cancelar lo que las distribuidoras le deben a Cammesa. A cambio, las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados con las emergencias.

En el caso de las transportistas, el crédito solo podrá usarse para compensar multas por incumplimientos de sus contratos de concesión. Para las distribuidoras provinciales y municipales, el Estado pedirá a cada jurisdicción y a sus entes reguladores que hagan el cálculo. Si la compensación supera la deuda con Cammesa, el excedente quedará a cargo de las provincias. Las sumas que surjan de este mecanismo estarán, además, exentas del impuesto a las ganancias.

En el Gobierno defienden el mecanismo como un ahorro para el Estado. Según sus estimaciones, mientras las deudas de las empresas con Cammesa rondan los US$700 millones, lo que reclaman al Estado por los ingresos que no recuperaron durante los años de tarifas congeladas llegaría a cerca de US$3000 millones.

“Les compensamos las deudas que tienen con Cammesa de US$700 millones, a cambio de que desistan de los reclamos judiciales por cerca de US$3000 millones”, explicaron fuentes oficiales, que reconocieron que las empresas tienen sus propias estimaciones.

Empresas como Edenor y Edesur podrían haber recurrido a la Justicia o al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, para reclamar esos ingresos. “Lo que estamos generando es ahorro de dinero al Estado y de reclamos judiciales, porque en general esos reclamos los ganan las empresas”, agregaron en el Gobierno.

No es la primera vez que el Estado recurre a este tipo de compensaciones con las distribuidoras eléctricas. Ya se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri y también durante el de Alberto Fernández, aunque en ninguno de los dos casos se hicieron públicos los informes de auditoría que respaldaron los cálculos.

Límite a los subsidios

El corazón de la ley, sin embargo, es la restricción del régimen de zona fría. El subsidio nació en 2002 para compensar el mayor consumo de gas en la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza. En 2021, la ley 27.637, impulsada por el entonces diputado Máximo Kirchner, lo extendió a localidades de provincias templadas y cálidas, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Así, la cantidad de hogares beneficiados pasó de 780.000 a 4,2 millones, con un descuento automático que no consideraba el nivel de ingresos.

La nueva norma deroga esa ampliación y devuelve el beneficio automático a las regiones originales. Los usuarios de las zonas incorporadas en 2021 podrán acceder a una bonificación adicional solo si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y sus ingresos no superan tres canastas básicas totales ($4,8 millones). También podrán recibirla si algún integrante del hogar tiene certificado de vivienda, pensión de veterano de Malvinas o Certificado Único de Discapacidad.

El descuento, además, se aplicará solo sobre un consumo base y antes de sumarle los costos de transporte y distribución. El régimen se financia con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Según la consultora Economía & Energía (EyE), entre enero y agosto de este año se destinaron US$86 millones al régimen de zona fría, el 44% del crédito presupuestario vigente, y para 2027 se presupuestan US$95 millones.

Con la nueva ley, sin embargo, la reducción en la cantidad de beneficiarios y al acotar el descuento solo sobre el precio del gas, permitiría financiar el régimen solo con el recargo que pagan los usuarios, lo que reduciría o incluso eliminaría la necesidad de aportes adicionales del Estado.