crecen los cuestionamientos a la privatización de Intercargo, una empresa superavitaria

El Gobierno puso como precio base para privatizar Intercargo una cifra inferior a los activos corrientes que tiene la empresa. Los datos surgen del informe de gestión que hizo ante el Congreso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La firma, que brinda servicios de rampa y transporte de pasajeros en los principales aeropuertos del país, tuvo un superávit de u$s20 millones el año pasado; cuenta con u$s55 millones en activos corrientes, pero el Gobierno definió en u$s45 millones el precio base para su privatización. Aseguran que los destinos turísticos no rentables podrían quedarse sin servicio.

El superávit fiscal está tensionado por la caída de la recaudación. Si se contabiliza el crecimiento de $2 billones de la deuda flotante, el resultado del mes de marzo hubiese sido deficitario. Con una parte de los gastos indexados por ley y un margen estrecho para ajustar en el resto, Luis Caputo apunta a cubrir baches con privatizaciones y concesiones. Según indicó el ministro de Economía en Expo EFI, captarán por esta vía unos u$s2.000 millones hasta fin de año.

Desde distintos sectores aparecen cuestionamientos a la sostenibilidad del esquema: cubrir gastos corrientes liquidando capital. Otro punto criticado son los bajos precios que pone el Estado para deshacerse de sus activos, en un contexto de incertidumbre a nivel internacional y de suba del riesgo país a nivel local.

Del informe de gestión que brindó al Congreso Adorni, surgieron precisiones sobre la venta de Intercargo.El precio base para la privatización es de u$s45 millones, pero el propio Ejecutivo reconoció que la compañía posee un activo corriente de u$s 55 millones. Solo entre efectivo e inversiones tiene u$s38,5 millones.

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Ámbito pudo acceder en exclusiva a un documento oficial que revela que la empresa tiene otros u$s38 millones en activos fijos en distintos aeropuertos del país. El relevamiento fue realizado a finales del año pasado y contabiliza rampas, vehículos, computadoras y muebles en Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Rosario, Puerto Madryn, Corrientes, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Salta y Bariloche, entre otros.

Con los datos recabados por este medio se puede concluir que Intercargo cuenta, solo entre activos fijos y corrientes, con unos u$s93 millones. Fuentes de la empresa le dijeron a este medio que el superávit del año pasado ascendió a unos u$s20 millones y que en el balance no hay pasivos significativos que justifiquen la baja valuación para su privatización.

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Polémica por las tasaciones

“El objetivo es vender todas las empresas y cerrar las que no tienen sentido”, dijo esta semana a Infobae el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. El funcionario a cargo de las privatizaciones detalló que la estrategia no distingue entre gigantes deficitarios y empresas con balances en verde: la orden presidencial es “vender todo”.

En ese proceso, pareciera no importar ni siquiera el precio al que se entregan los bienes. Un alto funcionario de carrera en el Estado le explicó a este medio que “todas las tasaciones están por lo menos un 50% por debajo del valor de los bienes”.

La fuente, que vio de primera mano la maniobra, explicó que la estrategia para subvaluar los activos es basar el enfoque en el flujo de fondos, lo que desploma los valores por los altos niveles del riesgo país. De esa manera, se descarta trabajar de forma más profunda sobre el análisis patrimonial y el verdadero precio de los bienes de uso.

Entre los entendidos en la materia llama poderosamente la atención que sea el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), colonizado por funcionarios oficialistas, el que se encargue de valuar las compañías a privatizar y que no haya prácticamente intervención real del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que cuenta con personal de carrera idóneo.

Aeropuertos: le quitan a Intercargo el monopolio

Un pliego que no garantiza el servicio

La desregulación del gobierno de Javier Milei le quitó a Intercargo la posición monopólica en el mercado. Luego de eso, se sumaron unas doce empresas que tienen, por ahora, una presencia casi testimonial. Sigue siendo la firma hasta ahora estatal la que garantiza el servicio en gran parte del país.

“Con los aeropuertos rentables, que son Ezeiza y Aeroparque, financia la operación en el resto del país”, explicó una fuente gremial a este medio. En ese sentido, aclaró que el pliego no garantiza la continuidad del servicio más allá de los 180 días en aquellos puntos donde los nuevos dueños consideren que no es negocio trabajar. “Pone en peligro el servicio en al menos catorce aeropuertos”, advirtió un sindicalista.

Los gremios aseguran que unas 1.500 fuentes de trabajo estarán, a partir de ahora, en riesgo. A finales de marzo se amplió el plazo para la presentación de ofertas, que pasó del 7 de mayo al 10 de junio. El usuario de X @GDoggBA, que sigue de cerca todas las noticias del sector aeronáutico, ironizó sobre el precio base que dispuso el Gobierno: “La empresa podría pagarse a sí misma”.