Desgaste, errores y hasta roces con sus aliados internacionales: un primer semestre de pesadilla para Kast en Chile

“Un gobierno de emergencia no es un eslogan; es orden donde hay caos, es alivio donde hay dolor”, decía un confiado y sonriente José Antonio Kast desde el balcón de La Moneda durante su primer discurso como presidente de Chile, el 11 de marzo pasado.

Seis meses después, Kast ya no sonríe tanto. El alivio todavía no llegó a los bolsillos de los chilenos y el capital político con el que desembarcó se erosionó a una velocidad inesperada. Apenas el 35% aprueba hoy su gestión y el 61% la desaprueba, según la última encuesta de Cadem, su peor registro desde que asumió.

En marzo, Kast había llegado al poder impulsado por el 58,2% obtenido en la segunda vuelta y una extendida sensación de que, después del gobierno progresista de Gabriel Boric, un Chile sumido en la violencia y desbordado por la inmigración irregular necesitaba un golpe de autoridad.

La promesa de orden

Y, para ser justos, la seguridad es el terreno donde Kast puede mostrar sus mejores números. Según los últimos balances oficiales de agosto, en lo que va de 2026, los homicidios cayeron un 17,2%, los robos violentos un 13,2% y los secuestros un 41,1%. Los ingresos irregulares por pasos no habilitados, además, se redujeron cerca de un 87%.

“Esta es la dimensión con el saldo más positivo de los primeros seis meses del gobierno”, dice a LA NACION Gabriel Negretto, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, aunque matiza: “Parte de la tendencia comenzó antes de que asumiera”.

Además, al menos por ahora, la percepción ciudadana sigue bastante más rezagada que las estadísticas. Según Cadem, un 73% de los consultados mantiene un alto temor a ser víctima de un delito, mientras el 61% considera que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia y el 54% cree que esta se ha vuelto más violenta.

Cuando se pregunta específicamente por Kast, los números también se le rebelan. Apenas el 27% percibe “un cambio claro” en la forma de enfrentar la delincuencia respecto de gobiernos anteriores; un 33% reconoce una modificación, pero la considera insuficiente, y un 38% directamente no advierte una transformación significativa.

Y, efectivamente, hay razones para que la ciudadanía desconfíe. La primera ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, duró apenas 69 días en el cargo, cuestionada por la falta de una estrategia clara en el área que debía ser la vidriera del nuevo gobierno.

“Al poco andar nos dimos cuenta de que había más bien un aspaviento retórico, pero no existía un plan demasiado concreto”, dice Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Para Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, aquella primera etapa dejó “una señal y una evaluación negativas”. Steinert, sostuvo, “vino a improvisar en un área que parecía ser una de las más importantes”.

Su reemplazo por Martín Arrau permitió recuperar la iniciativa. Con él, el Ejecutivo fue al otro extremo e impulsó una reforma constitucional para ampliar las facultades presidenciales frente al crimen organizado. Pero ahí la mano dura chocó con los contrapesos institucionales y hasta con sectores de la propia derecha: el 58% rechaza que el Presidente pueda decretar ese estado de excepción sin autorización del Congreso.

“Se trata de una propuesta que permite mostrar un temple muy autoritario”, advierte Bellolio. “El gobierno pensó que iba a ganar tiempo y terreno con una reforma constitucional muy exagerada, pero finalmente no fue así. Ahora debe decidir si modera su proyecto para conseguir que sea aprobado o si va por todo y termina con las manos vacías”.

El mensaje es bastante simple. Los chilenos quieren mano dura, pero no necesariamente manos libres.

“La máquina no arranca”

Si las estadísticas de seguridad ofrecen al gobierno algún alivio, las económicas lo devuelven rápidamente a tierra. El PBI cayó un 0,2% interanual durante el segundo trimestre, mientras que la actividad acumuló una contracción del 0,3% en la primera mitad del año.

La inflación interanual llegó al 4,1% en agosto, después de ubicarse por debajo del 3% cuando Kast asumió. Pero el indicador más políticamente sensible es el desempleo: la tasa alcanzó el 9,5%, el nivel más alto desde 2021, con unas 980.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Entre las mujeres, la desocupación supera el 10%.

También se evaporaron las previsiones más optimistas. En marzo, el Banco Central proyectaba para 2026 un crecimiento de entre 1,5% y 2,5%. En junio redujo el rango a entre 1% y 1,75%. En septiembre volvió a recortarlo, esta vez hasta apenas 0,25%-0,75%.

“El crecimiento y la inversión están estancados”, resume Negretto. “La cifra más claramente negativa es la tasa de desempleo. Son casi un millón de personas que quieren trabajar, están buscando empleo y no lo encuentran. Esta realidad contrasta fuertemente con la promesa de reactivación económica”.

El gobierno tiene atenuantes. Recibió un Estado con menos margen fiscal del previsto, la guerra en Medio Oriente encareció el petróleo y los temporales golpearon la actividad minera. Pero Kast fue elegido, justamente, para que el contexto dejara de ser una excusa.

El golpe más visible fue el “bencinazo”. El gobierno trasladó a los consumidores parte del aumento del combustible y el impacto se sintió de lleno en el bolsillo.

La Moneda apuesta a que la Ley de Reconstrucción, o “megarreforma”, aprobada por el Congreso y todavía en trámite ante el Tribunal Constitucional, empiece a mover la aguja. La norma contempla una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, además de incentivos a la inversión y una simplificación de permisos y regulaciones. Sus efectos, sostiene el gobierno, deberían empezar a verse en 2027.

El problema es que, por ahora, “la máquina no arranca”, sentencia Bellolio.

Negretto lo resume de una forma todavía más incómoda: “Es más fácil expulsar migrantes que crear empleos”.

Los tropiezos propios

El desgaste no proviene solamente de los indicadores. También se alimenta de errores propios. Kast llegó al poder después de acusar a Boric de improvisación, amiguismo y falta de experiencia. Sin embargo, en los primeros cuatro meses hubo más de 30 modificaciones en cargos superiores y, al acercarse el semestre, las salidas rondaban las 45.

“Como se dice, al que escupe al cielo finalmente le cae en la cara”, apunta Bellolio.

A eso se sumó la sombra del consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia en una causa en la que se investiga una presunta estructura digital dedicada a operar cuentas falsas. Su arresto reavivó preguntas sobre el uso de bots en la política chilena.

Kast y Arrau negaron que Cerimedo hubiera trabajado para la campaña y hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre lo contrario. Pero el episodio resultó incómodo para un gobierno que hizo de la superioridad moral frente a la izquierda parte de su discurso.

Para Arellano, el problema es más profundo que una sucesión de nombres mal elegidos. El gobierno, dijo, “fue configurado con un modus electoral, pero todavía no logra consolidar un modus de gobierno”.

Este viernes se sumó otra controversia. Por primera vez desde el retorno de la democracia, La Moneda no realizó un acto oficial por el aniversario del golpe de Estado de 1973 y Kast mantuvo su agenda en la región de Los Ríos. Boric cuestionó la decisión y advirtió que “la historia de Chile no se borra”.

Los amigos no pagan aranceles

El otro gran frente de desgaste llegó desde un terreno que el gobierno consideraba favorable: la política exterior.

Kast arribó a La Moneda con una explícita cercanía ideológica con Donald Trump y Javier Milei. Esperaba que esa sintonía le abriera puertas en Washington y reforzara un nuevo eje regional de gobiernos de derecha.

Sin embargo, Chile profundizó la cooperación diplomática y de seguridad con Estados Unidos, pero la Casa Blanca aplicó igualmente aranceles del 12,5% a distintos productos chilenos, aunque dejó fuera sectores estratégicos como el cobre y el litio.

“La apuesta por hacerle cariño, congraciarse con él y aparecer más trumpista que nadie no ha dado resultados. Cuando se trata de aranceles o sanciones, Estados Unidos no ha tenido ningún miramiento ni ha concedido un trato especial a Chile”, apunta Bellolio.

Con Milei, la afinidad tampoco evitó los roces. En la cumbre del Foro Madrid en Santiago, el argentino llamó “zurdos mugrosos” a dirigentes de izquierda y reivindicó la etapa iniciada con el golpe de Estado de 1973 como un período en el que Chile habría sido “la envidia” de la región. Kast dijo después que él no habría usado esas expresiones, pero evitó condenarlas.

La escena incomodó incluso a sectores del oficialismo, pero quedó rápidamente eclipsada por un problema más sensible: el estrecho de Magallanes.

La controversia se reactivó por declaraciones provenientes de la Argentina y por la persistencia del decreto 457 de 2021, que utiliza una fórmula sobre el carácter compartido del estrecho que Chile considera incompatible con los tratados vigentes.

Kast y Milei reafirmaron los acuerdos limítrofes de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que reconocen la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho. Pero la corrección formal del decreto argentino siguió pendiente y la oposición acusó al gobierno de excesiva complacencia.

Un 71% de los chilenos cree que la Argentina no respeta la soberanía chilena y tiene pretensiones territoriales sobre el estrecho de Magallanes. En la medición más reciente, además, un 60% considera a la Argentina un socio poco confiable y un 54% cree que Kast debería exigir la derogación del decreto de 2021. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó por 57 votos contra 49 y una abstención interpelar al canciller Francisco Pérez Mackenna, que deberá presentarse el 28 de septiembre. Será el primer ministro del gobierno de Kast sometido a ese mecanismo.

“Milei puede ser un aliado ideológico de Kast, pero sigue siendo el presidente de la Argentina. Kast puede tener una extraordinaria relación personal con Milei, pero sigue siendo el presidente de Chile”, sintetiza Arellano.

Para Bellolio, el episodio expuso la debilidad de una cancillería diseñada para promover negocios, pero menos preparada para administrar choques geopolíticos y controversias soberanas.

“Ni la amistad ni la cercanía ideológica de Kast con Trump y con Milei le han servido de mucho”, concluye.

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