El Gobierno eliminó restricciones para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos
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A través de una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Ejecutivo derogó una norma vigente desde 2015 que limitaba el alcance de las patentes en materia biotecnológica. Sostienen que el cambio busca impulsar la innovación, atraer inversiones y mejorar la competitividad del sector agropecuario.
El Gobierno nacional derogó una normativa que regía desde 2015 y que establecía criterios restrictivos para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos en la Argentina. La medida fue oficializada este viernes mediante la resolución 197/2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), publicada en el Boletín Oficial.
La decisión deja sin efecto la resolución 283/2015 y modifica las directrices de patentamientos vigentes para restablecer los criterios anteriores, que según el organismo resultaban más favorables para la protección de innovaciones vinculadas a la biotecnología.
Desde el INPI argumentaron que los cambios introducidos hace más de una década generaron un «entorno registral restrictivo y desfavorable para la innovación y la inversión», además de dificultar el acceso a tecnologías consideradas estratégicas para mejorar la productividad y la competitividad del agro argentino.
Qué cambia con la nueva resolución
Entre los fundamentos de la medida, el organismo señaló que las modificaciones implementadas en 2015 incorporaron nuevos criterios para las exclusiones de patentabilidad sobre plantas, animales y sus componentes, lo que terminó limitando la protección de determinados desarrollos tecnológicos. Según la resolución, esas restricciones colocaron a la Argentina en una situación desfavorable frente a otros países que adoptaron esquemas más flexibles para el patentamiento de invenciones biotecnológicas.
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En ese marco, el Gobierno decidió restablecer la redacción original de las directrices aprobadas por el INPI en 2003 y adecuar el sistema a los lineamientos fijados recientemente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que habían dejado sin efecto la normativa que dio origen a las modificaciones de 2015.
El objetivo
En los considerandos de la resolución, el organismo sostuvo que la medida apunta a «restablecer un entorno más claro, predecible y compatible con el impulso a la innovación biotecnológica», en línea con la legislación nacional y los estándares internacionales.
No obstante, la norma incorpora una cláusula de resguardo para terceros de buena fe. En ese sentido, establece que quienes actualmente comercialicen productos alcanzados por solicitudes de patentes que pudieran ser concedidas a partir de este cambio normativo no estarán obligados a pagar retribuciones ni podrán ser impedidos de continuar con su actividad comercial. La resolución lleva la firma del presidente del INPI, Carlos María Gallo, y entró en vigencia este viernes con su publicación en el Boletín Oficial.
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