Una nueva ola de violencia guerrillera sacude a Colombia en la antesala de las elecciones

Una cámara registró cuatro autos detenidos mientras un hombre caminaba, desprevenido, al costado de una ruta entre las ciudades de Cali y Popayán, en el municipio de Cajibío, Colombia, el sábado pasado al mediodía. En apenas diez segundos, ese registro captó el peor atentado que vivió el país sudamericano en los últimos 20 años, cuando falta casi un mes para las elecciones presidenciales, durante el primer gobierno de izquierda de su historia y en medio de un proceso de diálogo activo entre las guerrillas y el Estado.

Pocos días después, la guerrilla conocida como el Estado Mayor Central (EMC) –la principal disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por Néstor Gregorio Vera, comúnmente conocido como “Iván Mordisco”– , asumió con “dolor” la autoría del atentado, al que describió como un “error táctico” en sus maniobras militares contra el Ejército nacional en medio de una “acción propagandística sobre la vía Panamericana”.

El atentado del sábado, que dejó 21 civiles muertos y más de medio centenar de heridos, fue sólo uno de los 26 ataques que se produjeron el fin de semana pasado en todo el país, un llamativo repunte de los actos terroristas por parte de las guerrillas que coincide con las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

“Quieren sabotear nuestras elecciones para que gane la extrema derecha”, dijo el lunes en un mensaje televisado el presidente colombiano, Gustavo Petro, sin precisar quiénes podrían estar intentando socavar los comicios.

Pero otros en el arco político colombiano leyeron los ataques como la conclusión lógica de lo que consideran un fallido enfoque dialoguista del gobierno de Petro y su plan conocido como “paz total”, por el que el Estado ha buscado desde 2023 impulsar conversaciones de paz con los grupos armados ofreciendo ceses al fuego.

La constitución colombiana prohíbe al actual presidente postularse para un nuevo mandato, pero el candidato de su partido Pacto Histórico y favorito a sucederlo en el cargo, Iván Cepeda, ya ha prometido continuar las conversaciones de paz con los grupos armados en caso de que sea electo.

Tras los últimos atentados, el candidato del oficialismo pidió a las autoridades que investigaran si formaban parte de un intento de interferir en las próximas elecciones.

“Resulta profundamente preocupante que estas acciones terroristas se presenten en regiones del sur del país donde existe un amplio respaldo ciudadano a nuestro proyecto político. Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral”, escribió Cepeda en X el sábado.

La candidata opositora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, respondió con críticas a la propuesta de “paz total” del presidente Petro e instó a Cepeda a “darle la cara” a los colombianos.

“El país no merece que desvíe la atención insinuando que esto busca favorecer a sectores políticos. Llegó el momento de asumir, con todas las letras, que la Paz Total FRACASÓ”, escribió Valencia en sus redes sociales el domingo. “En Colombia son las guerrillas –amigas de la izquierda– las que nos están matando”, agregó la candidata al día siguiente.

No obstante, los expertos con los que habló LA NACION entendieron los recientes atentados como un intento de la guerrilla de hacer sentir su presencia y dictar los términos para la próxima presidencia, incluso antes de que esta sea electa.

“Yo explicaría esas acciones como el esfuerzo [por parte de los grupos armados] de decir: ‘Acá estamos. Nosotros tenemos control sobre la zona. Tenemos capacidad de perturbación’”, dijo a este medio Luis Eduardo Celis, sociólogo colombiano analista de las violencias organizadas y sus perspectivas de superación.

“Dado el contexto actual, donde los grupos criminales se han ido fragmentando, es poco factible que tengan la capacidad de influir en el resultado electoral como en otros momentos”, matizó también Alicia Flores, investigadora de InSight Crime –institución especializada en analizar el crimen organizado en América– en diálogo con LA NACION, buscando apaciguar el temor por una influencia directa de las guerrillas en los comicios.

En noviembre de 2025, alias “Iván Mordisco” anunció que el EMC se valdría de la violencia de cara a las elecciones de 2026 para proteger sus intereses tras una serie de ataques al grupo por parte del gobierno nacional.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles”, dijo el líder guerrillero en un comunicado. “Pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, agregó entonces.

Esa violencia tuvo un episodio fundamental con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el popular precandidato presidencial de derecha que murió en agosto de 2025 después de recibir varios disparos en junio, mientras daba un discurso en un parque de Bogotá.

El tiroteo, que delineó el panorama electoral a partir del miedo e interfirió en la libre elección de los colombianos, evocó algunos de los capítulos más oscuros de la violencia del narcotráfico en el país, cuando Pablo Escobar le declaró la guerra el Estado en la década de 1990.

“Al final de cuentas, lo que sabemos es que la Fiscalía General de la Nación ha señalado a las disidencias de las FARC como las responsables de ordenar el asesinato de Miguel Uribe, y eso no es un dato menor”, resumió en respuesta a LA NACION Juan Nicolás Garzón, profesor de la facultad de estudios jurídicos, políticos e internacionales de la Universidad de la Sabana, en Colombia, al describir el tipo de impacto que pueden tener los grupos armados en los comicios.

Así, según el experto, aunque no puedan determinar el resultado de las elecciones, las guerrillas son aún capaces de provocar “la radicalización, la polarización, la sensación de inseguridad y el riesgo permanente para prácticamente todos los candidatos a la presidencia”.

Según la encuesta más reciente de Guarumo–EcoAnalítica publicada por el medio colombiano El Tiempo, de cara a la inminente primera vuelta presidencial, la fórmula de Cepeda lleva la delantera con un 38% de intención de voto, una amplia diferencia con el siguiente contendiente, el abogado y empresario de derecha Abelardo de la Espriella, cuyo partido Defensores de la patria suma un 23,9%.

El sondeo indica además que la candidata Valencia está cerca de entrar en un posible balotaje, con un 22,8% de intención de votos. En este panorama, sin embargo, el análisis de la encuesta muestra que en una segunda vuelta Valencia se impondría por sobre el candidato del oficialismo, mientras que en un escenario disputado entre Cepeda y de la Espriella, se daría un empate técnico.

El plan de “paz total” de Petro se inscribe en un proceso de diálogo más amplio que han mantenido, con mayor o menor éxito e intensidad, el Estado colombiano y las guerrillas en los últimos diez años, desde que el entonces presidente Juan Manuel Santos empezó en 2016 a negociar con las partes de las FARC que estuvieron dispuestas a sentarse en la mesa.

Los sectores que se revelaron contra la cúpula de la guerrilla y rechazaron el proceso de paz son conocidos hoy como las disidencias de las FARC, compuestas por varios grupos diferentes, principalmente la Segunda Marquetalia y el EMC.

“Lo que estamos viviendo hoy no es producto de la “paz total”, sino que la “paz total” no logró frenar un patrón de conflicto que viene en reciclaje desde hace mucho tiempo”, dijo a LA NACION Elizabeth Dickinson, directora adjunta para América Latina del International Crisis Group.

“La primera respuesta a esta dinámica fue en el gobierno de Iván Duque [presidente de Colombia entre 2018 y 2022] y fue concentrarse en la fuerza militar para contener la expansión criminal. Realmente no funcionó. Las tendencias de expansión y profundización del control territorial seguían igual. Con el gobierno de Petro se intentó otra estrategia, que fueron el diálogo y las mesas de negociación, pero tampoco lograron frenar las tendencias”, agregó la experta.

En líneas generales, prevalece entre los analistas la idea de que los ceses al fuego auspiciados por el gobierno de Petro crearon inadvertidamente las condiciones para la expansión y consolidación de las estructuras criminales de las disidencias de las FARC y desataron una guerra entre los grupos armados por el control de las actividades ilícitas, aumentando aún más los niveles de violencia en el país.

Según el boletín de seguridad y análisis mensual de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia, entre enero de 2022 y marzo de 2026, en los dos departamentos donde se registraron los atentados más recientes, Cauca y Valle del Cauca, se contabilizaron 586 ataques de grupos armados ilegales, incluyendo ataques a la infraestructura y bienes civiles, choques contra las autoridades y enfrentamientos armados entre grupos rivales. Si se suman los atentados de la última semana, la cifra asciende a 620 hechos de violencia en la región.

Los datos del mismo boletín resaltan, además, que 2025 fue el año con más ataques de grupos armados en estos dos departamentos en los últimos 15 años.

Más recientemente, el informe de febrero de la FIP indica que, en comparación con el mismo mes del año pasado, los homicidios, las lesiones personales, los secuestros y el reclutamiento de menores en actividades ilegales han aumentado en Colombia, mientras que las capturas de sospechosos y la incautación de armas y estupefacientes han disminuido.

El largo proceso de diálogo iniciado con las FARC fue además testigo y condición de posibilidad de la transformación de las guerrillas tradicionales, ideológicas, con principios programáticos y disciplinadas, en grupos criminales más parecidos a los del narcotráfico –como los Cárteles mexicanos o el Tren de Aragua venezolano– , es decir, menos jerárquicos, más centrados en las luchas por el territorio con fines comerciales y en la competencia por los negocios ilícitos del tráfico de drogas, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, entre otros.

“El conflicto mismo ha cambiado. El propósito de muchos de los grupos armados hoy se organiza alrededor de la extracción económica, no alrededor de fines ideológicos”, explicó Dickinson.

Hoy en día, el EMC por ejemplo, es descripto por la FIP como una amalgama de estructuras de diversos orígenes –mandos guerrilleros que se alejaron del proceso de paz, firmantes desencantados que abandonaron las conversaciones y milicianos que no vieron incentivos para deponer las armas– , con cierto grado de coordinación interna pero sin un mando jerárquico ni un control unificado de sus fuerzas, en un formato más parecido a una federación de grupos con un alto grado de autonomía territorial.

Para 2023, la FIP estimaba que el grupo ya contaba con más de 3000 miembros e influencia en 173 municipios en 22 departamentos diferentes del país y un financiamiento estrechamente relacionado con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.