La expropiación de Aerolíneas pasa factura: un fondo busca embargar activos argentinos por US$390,9 millones

La expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner sigue pasando factura. El fondo de inversión que compró el derecho a litigar contra el país por esa estatización busca ahora embargar activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la indemnización que ganó ante el Ciadi. El monto adeudado ya asciende a US$391 millones más intereses.

El fondo en cuestión se llama Titan Consortium. No fue el demandante original: el caso nació con el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008 con un pago simbólico. Marsans reclamó una indemnización ante el Ciadi, el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y que resuelve disputas entre Estados e inversores privados. Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital —el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF—, que a su vez se lo cedió a Titan Consortium.

Los fondos que compran este tipo de litigios son habituales en el mercado financiero internacional: anticipan el dinero del juicio a cambio de quedarse con una parte de lo que eventualmente se cobre.

En 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de US$320 millones en compensación y casi US$3,5 millones en honorarios legales, con intereses corriendo hasta la cancelación total. El país intentó anular el fallo, pero el Ciadi rechazó el pedido en 2019 y le sumó más de un millón de dólares en costos y gastos de representación.

El Ciadi, sin embargo, no tiene poder para ejecutar sus propias sentencias. Cuando un país no paga, los beneficiarios del laudo deben ir a cobrar ante los tribunales de cada país donde quieran hacer efectiva la condena. En el caso de Argentina, el camino natural fue la corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C.. Allí, en 2021, Titan demandó al país para forzar el cobro.

La Argentina respondió pidiendo que la acción se desestimara por prescripción, pero la corte rechazó ese argumento: los jueces consideraron que los plazos invocados por la defensa “no son convincentes”. El Estado apeló, y esa apelación sigue pendiente, explica Sebastián Maril, director de Latam Advisors, que sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.

Pero existe un mecanismo adicional. Mientras se espera la resolución de la apelación, si la Argentina no demuestra buena fe ni voluntad de negociar el pago, los beneficiarios del laudo pueden solicitar que les autorice a buscar activos soberanos argentinos en otros estados de Estados Unidos y a que esas jurisdicciones reconozcan las sentencias ya obtenidas. Eso es exactamente lo que Titan pidió: que se le permita rastrear y ejecutar activos por todo el territorio estadounidense.

El activo más sensible en la mira es el colateral de los Bonos Brady depositado en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los Bonos Brady son títulos de deuda que la Argentina emitió en los años 90 para reestructurar lo que debía a la banca comercial internacional; llevan ese nombre en honor al entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicholas Brady, quien impulsó ese esquema para países con deudas impagables.

Esos bonos tienen garantías depositadas en la Reserva Federal, y es precisamente esa garantía la que Titan busca capturar. Lo que hace más llamativo el movimiento es el momento: la Argentina acaba de cerrar un acuerdo con otros dos fondos que también litigaban contra el país, Attestor y Bainbridge. Titan no solo no esperó, sino que busca establecer prioridad por encima de ese acuerdo reciente, ubicándose primero en la fila de acreedores, explica Maril.

Lo que en 2017 era un laudo de US$320 millones hoy asciende a US$390,9 millones por efecto de los intereses acumulados. El caso Titan es uno de varios frentes judiciales abiertos que enfrenta la Argentina en el exterior por laudos del Ciadi impagos.