Este miércoles 29 de abril el Senado dará inicio al debate por el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental impulsado por el gobierno de Javier Milei. Entre otras cuestiones, la iniciativa busca permitir las internaciones «no voluntarias» e incorporar la adicción a las drogas a la lista de enfermedades de salud mental.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo será discutido este miércoles a partir de las 16:30hs en un plenario de las comisiones de Salud, que será conformado y designado este mismo día por la senadora Ivanna Marcela Arrascaeta de La Libertad Avanza (LLA), y de Legislación General, presidido por Nadia Márquez, también de LLA.
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La sanción de la reforma de la Ley de Salud Mental es reclamada en gran parte por familiares de personas con adicciones, quienes han reclamado que la normativa actual no contempla una ayuda para ese tipo de pacientes, mientras que en la propuesta se indica que «deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental».
«El uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo«, se indicó en el proyecto impulsado por el gobierno.
En el texto que será debatido en pocas horas también se estableció que, en los casos de pacientes con adicciones, «debe asegurarse el respeto de todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud» y la autoridad de aplicación definirá dispositivos específicos, ambulatorios o de internación.

Otro de los puntos clave a modificar en la normativa es la flexibilización de los criterios de internación, dando paso a la internación «no voluntaria», de modo que se pueda internar a una persona de forma obligatoria, sin el aval del paciente, lo que está prohibido por la ley aprobada en 2010.
«La internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social», se aclaró en el proyecto.
En el texto también se indicó que «debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente».
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En la propuesta de la norma se determinó que la «internación involuntaria debidamente fundada» deberá ser comunicada a un juez en un plazo de 24 horas, como así también se deberá enviar toda la documentación requerida a las 48 horas.
En este contexto, la internación se mantiene como un recurso excepcional, aunque se permiten las internaciones no voluntarias en casos donde se produzca una «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros».
En cuanto al rol médico, la iniciativa del Gobierno le da un papel principal a la mirada técnico-médica de los psiquiatras sobre el enfoque interdisciplinario actual, indicando que la atención deberá ser realizada por equipos interdisciplinarios con presencia obligatoria de un médico psiquiatra. En paralelo, tendrá mayor peso la evaluación médica para diagnósticos, tratamientos e internaciones.
AS/ff

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