Causa ANDIS: Miguel Ángel Calvete y Horacio Arnaudo se negaron a declarar
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Miguel Ángel Calvete se negó este miércoles a declarar ante la Justicia en la causa que lo tiene imputado como uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para sus intereses. Para el fiscal Franco Picardi, Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados a droguerías y que se desempeñaron como funcionarios en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la ANDIS desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales.
La Justicia afirma que, durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, hubo licitaciones digitadas y sobreprecios. El fiscal Franco Picardi les atribuye a Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, erogaciones en favor de droguerías y ortopedias “amigas” –con sobreprecios y promesas de retornos– por 75.000 millones de pesos.
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En la jornada, Calvete se negó tanto a declarar como a responder preguntas. Fuentes judiciales ligadas a la causa señalaron a PERFIL que “puede presentar un descargo por escrito cuando quiera”. El ex vocero de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas se presentó ante el fiscal Picardi por zoom porque está detenido por otra causa, condenado por facilitación de la prostitución.
Sobre Calvete, Picardi dijo que “sería otro de los jefes de esta organización, actuando en su calidad de persona ajena a la ANDIS y representando al sector privado empresarial que comercializaba medicamentos e insumos PACBI, siendo el que articularía las adjudicaciones y se beneficiaría de los retornos derivados de las contrataciones”. “Calvete habría impartido órdenes directas para orientar sus decisiones en lo que hacía a las contrataciones, pero también a la administración de los recursos”, aseguró Picardi en el dictamen al que accedió PERFIL.
Y precisó que ex vocero de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas encontraría vinculado -de manera formal e informal- con diversas firmas que comercializaron insumos con la ANDIS, de manera directa con Indecomm SRL, Bymax Medical SRL, Resposane Salud SA y Profarma SA e informalmente con ExpoTrauma SA, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía Alemana Insumos Médicos, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Farma Salud SRL, MED-EL Latinoamérica SRL, Neurosalud SA, Sistema Médicos Globales SRL, Meridius, entre otras.
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El segundo de los imputados citados para este miércoles, Andrés Horacio Arnaudo, se presentó en los tribunales de Comodoro Py con su abogado, Julio Golodny, e ingresó a la fiscalía de Picardi poco después de las 11. En diálogo con PERFIL, el abogado anticipó que no iba a declarar en esta oportunidad.
Sobre Arnaudo, Picardi afirmó en el dictamen que “se desempeñó como Presidente de droguería Genesis SA y a su vez es gerente de Vicmor S.R.L., junto a Diego Miras”. Ambas firmas eran “invitadas a cotizar en el proceso de compulsa de precios de la ANDIS”.
“Andrés Horacio Arnaudo además de que habría defraudado al Estado Nacional en el marco de las compulsas de precios de medicamentos PACBI en las que participaba Genesis S.A., también habría actuado con la misma finalidad, a través de la firma Vicmor S.R.L. en el segmento de implantes auditivos y audífonos de la categoría insumos, junto a Diego Miras. Vicmor S.R.L., fue adjudicataria de la suma de $1.282.600.000 en el periodo de noviembre de 2024 a agosto de 2025”, dijo Picardi.
Ampliación de indagatorias
Esta semana comenzó una etapa de ampliación de las declaraciones indagatorias, que pidió el fiscal Picardi. Este martes se presentaron en los tribunales de Comodoro Py Spagnuolo, que también se negó a declarar y a la salida no quiso hablar con la prensa y Daniel Garbellini, quien actuó en el mismo sentido de quien fuera su jefe: no declaró ni habló con los medios acreditados. Hasta el 26 de mayo están citados 35 testigos.
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Procesamientos
A principios de febrero, el juez Sebastián Casanello, dictó 19 procesamientos en esta causa. Según el magistrado durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
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El magistrado se refirió al “estrecho vínculo (personal, comercial, laboral) entre los funcionarios y los distintos actores privados” así como a la “coordinación, sostenida en el tiempo, determinada a la adjudicación direccionada de adquisición de medicamentos e insumos (…) con sobreprecios”. En esa sentencia, Casanello advirtió que “se sospecha que la magnitud” de la operatoria “ha sido mayor” y en ese sentido enfatizó que la investigación se debe profundizar. Desde febrero el expediente está en el juzgado de Ariel Lijo, quien resultó sorteado para completar la subrogancia en el juzgado que está vacante desde la muerte de Claudio Bonadío.
La causa tuvo su punto de partida en los audios que se conocieron en el mes de agosto pasado, en los que Spagnuolo aseguraba que un porcentaje de los retornos obtenidos por parte de las droguerías, el 3%, sería para la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Y decía que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando. Apuntaba como responsable de la maniobra al asesor del Presidente, Eduardo «Lule» Menem.
Dichos audios, cuyo origen y veracidad cuestionan las defensas de los imputados, no fueron usados como prueba por el fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el juez Casanello.
En la Cámara
En tribunales afirman que los imputados no declararán hasta que la Sala II de la Cámara Federal convalide o rechace los 19 procesamientos dictados por Casanello. En dicha sentencia, el tribunal también podría pronunciarse sobre el “origen y la veracidad” de los audios, aunque en otras dos oportunidades ya planteó que se debería ampliar la investigación sobre este punto.
BK/fl
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